El Congreso Nacional suspendió el tercer y último debate de las reformas al subsector eléctrico después de que el proyecto no reuniera los 65 votos necesarios para su aprobación. La discusión quedó postergada hasta después del receso legislativo, en medio de diferencias entre bancadas y pedidos de revisión del dictamen.
La suspensión fue confirmada por el diputado del Partido Nacional Mario Pérez, quien explicó que la iniciativa aún no tiene el respaldo suficiente en el hemiciclo, lo que impide someterla a votación en el pleno.
Pérez atribuyó el freno a la falta de consensos entre las fuerzas políticas representadas en el Legislativo. “No hemos podido todavía tener seguridad de esos 65 votos como mínimo que se requieren”, reconoció.
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Qué objeta el Partido Liberal
Según Pérez, uno de los factores del retraso fue la solicitud del Partido Liberal de contar con más tiempo para analizar el proyecto y presentar observaciones. El pedido fue aceptado dentro del diálogo político para incorporar aportes antes de reanudar la discusión formal.
La bancada liberal expresó su rechazo a la versión actual de la Ley General de Energía al considerar que no responde de manera integral a los desafíos del sistema eléctrico hondureño ni garantiza beneficios sostenibles para los usuarios.
A través de un comunicado, los diputados liberales afirmaron que el proyecto carece de solidez técnica y de sostenibilidad fiscal, luego de un proceso de consultas con distintos sectores del país, entre ellos alcaldes, trabajadores de la ENEE, representantes del sector productivo, academia y organizaciones de sociedad civil.
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Según su evaluación, las observaciones recogidas en esas mesas de diálogo muestran la necesidad de rediseñar aspectos de la propuesta, en especial en lo referido a la gobernanza del sistema, la transparencia en la administración de la ENEE y la estabilidad financiera del sector.
La alternativa y el escenario político
El Partido Liberal también anunció que presentará una propuesta alternativa o complementaria para reforzar el carácter público de la ENEE, mejorar sus mecanismos de control y evitar cualquier esquema que implique privatización directa o indirecta del servicio eléctrico.
En el Congreso Nacional continúan las negociaciones entre bancadas para acercar posiciones antes de retomar la discusión formal del dictamen, aunque hasta ahora no hay una ruta clara que garantice el respaldo necesario para su aprobación.
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¿Camino a la privatización?
El proyecto también ha despertado preocupación entre diversos sectores políticos, sindicales y especialistas en materia energética, quienes sostienen que algunos de los cambios propuestos podrían representar el inicio de un proceso de privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Entre los principales cuestionamientos figura la separación de funciones de la estatal y la posibilidad de que grandes consumidores negocien directamente con generadores privados, lo que, según los críticos, reduciría el papel de la empresa pública dentro del mercado eléctrico.
A juicio de estos sectores, esa transformación significaría una privatización gradual o “encubierta”, pese a que el proyecto no contempla expresamente la venta de los activos de la empresa estatal.
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El gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, ha sostenido que el proyecto busca modernizar la estructura institucional, fortalecer la gestión de la empresa y crear condiciones para atraer inversiones, insistiendo en que los activos continuarán siendo propiedad del Estado hondureño.
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