La Educación Sexual Integral en Argentina volvió al centro de la agenda pública tras los cuestionamientos de Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sus declaraciones, difundidas en redes sociales, pusieron en duda la efectividad del programa en la reducción de enfermedades de transmisión sexual y generaron una ola de respuestas de referentes políticos y especialistas.
Muzzio expresó en un posteo que “la ESI tampoco redujo las enfermedades de transmisión sexual”. Citó el caso de una joven que, tras descubrir un diagnóstico de sífilis, afirmó no haber recibido información sobre la enfermedad durante su escolaridad. Y mencionó estadísticas del Boletín Epidemiológico Nacional sobre el aumento de sífilis en jóvenes de 20 a 21 años. Este enfoque generó controversia incluso dentro del PRO, partido al que pertenece la funcionaria.
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Pilar Molina, secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires destacó en Infobae en Vivo que “la ESI no refleja un posicionamiento ideológico” y señaló que su implementación trasciende gobiernos y partidos políticos.
Datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran una reducción de embarazos adolescentes tras la implementación de la ESI y el programa ENIA. En 2005, se registraron 107.109 embarazos en menores de 20 años. Para 2024, esa cifra descendió a 35.292, lo que representa una disminución del 67%.
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Molina aportó datos del Ministerio Público Tutelar. Destacó que “entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de entre 12 y 14 años que pasaron por la sala de entrevistas especializadas pudieron reconocer y contar que habían sido víctimas de abuso gracias a lo aprendido en Educación Sexual Integral”.
Al mismo tiempo agregó que la actualización de esos datos en 2024 mostró que “uno de cada cuatro chicos elige el entorno escolar para develar voluntariamente situaciones traumáticas”. Según la funcionaria, la ESI permite que la escuela funcione como un refugio y espacio de confianza para niñas, niños y adolescentes.
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La secretaria general explicó que la ESI “no es una asignatura” y que abarca cinco ejes: derecho y cuidado de la salud, afectividad y perspectiva de género, entre otros. “La ESI tiene una profundidad que va más allá de la currícula”, señaló la funcionaria. Molina remarcó que nunca registró intervenciones estructurales de adoctrinamiento, aunque reconoció la posibilidad de casos aislados.
La funcionaria atribuyó la resistencia social a la ESI principalmente al miedo y al desconocimiento. “Fundamentalmente es miedo y desconocimiento”, afirmó Molina, y sostuvo que la ESI busca dar respuesta a la mayoría de las preocupaciones de madres, padres y docentes sobre la infancia y la adolescencia.
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Programa ENIA y políticas públicas vinculadas
Junto a la ESI, el Programa Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue señalado como un factor relevante en la disminución de embarazos adolescentes. El programa promovió el acceso a bienes y servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva.
El ENIA integró programas preexistentes de educación, salud y desarrollo social, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre Nación, provincias y municipios. Molina recordó que coordinó el ENIA en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y que la política contó con consenso transversal.
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Sobre el estado actual del programa, Molina señaló que en 2024 y 2025 se produjo un “desmantelamiento bastante intensivo” a nivel nacional, lo que generó respuestas de diversos sectores de la comunidad y la academia en defensa de la política.
La funcionaria enfatizó la importancia de actualizar y fortalecer la ESI para abordar emergentes sociales y tecnológicos. Sostuvo que “la ESI debería ser una herramienta que se actualice periódicamente” para acompañar los procesos de crecimiento y las nuevas realidades de niñas, niños y adolescentes.
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