
Los mecanismos para alimentar la maquinaria silenciosa de la corrupción no tienen límites. El procurador del Tesoro Carlos Balbín, el mismo que denunció el borrado de mails con información bancaria de Lázaro Báez y otras personas, ordenó una auditoria del sistema informático donde se cargan los juicios contra el Estado tras comprobar que se borraron decenas de registros, pudo saber Infobae de fuentes oficiales. El epicentro de la maniobra fue Vialidad Nacional, el organismo acusado de direccionar la obra pública a favor de Báez y otros empresarios K. Ocurrió en 2015, en el ocaso del gobierno kirchnerista. En total se borraron 1345 juicios. ¿Cómo? Se suprimieron los datos de esos procesos, algunos millonarios, en el sistema informático que conecta a todo el Estado. El objetivo era evitar los controles. La maniobra fue detectada por la Procuración del Tesoro y ya están en manos de la Justicia. Pero hay más casos.
El Sistema Unico Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), creado en 2000, contiene los datos esenciales de todos los juicios en los que el Estado nacional o sus organismos son parte. Ahí figuran el origen, el monto y hasta una estimación del resultado. Los servicios jurídicos de todos los organismos son los responsables de cargar los datos. "Cualquier incumplimiento se habrá de reputar como falta grave al servicio", dictaminó en 2002 la Procuración del Tesoro, el organismo que debe velar por el funcionamiento del sistema.
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Con el cambio de gobierno, aparecieron irregularidades en varios organismos. El proceso de revisión duró varios meses. Se realizaron auditorías puntuales y casi 50 inspecciones a los servicios jurídicos. Por la magnitud de la información (el Estado es demandado en casi 300 mil causas), además de la Dirección Nacional de Auditoria de la Procuración también participaron la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación (AGN). "En varios casos, la información obrante en el SIGEJ no reunía los requisitos impuestos legalmente", concluyó el procurador Balbín en diciembre pasado.

El caso más grave ocurrió en Vialidad Nacional, salpicado por decenas de casos de corrupción durante la era K. Se habían borrado 1345 juicios del sistema informático. En realidad se borraron las fichas con todos los datos. Los juicios siguen vigentes.
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La maniobra, que hasta ahora no había trascendido, fue detectada por la Procuración del Tesoro. Primero se puso en marcha un sumario administrativo dentro de Vialidad. Luego intervino la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (FIA) y el caso aterrizó en la Justicia federal por una denuncia de la actual gestión de Vialidad. Según pudo saber Infobae, entre los imputados figuran dos ex responsables del servicio jurídico de ese organismo.
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Los datos se borraban para evitar los controles. Un caso testigo fue la causa "NECON S.A. c/ ESTADO NACIONAL – DNV- RESOL 777/01 S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO", donde se llegó a un acuerdo irregular. Nunca fue homologado por la Justicia. Sin embargo, Vialidad hizo pagos por más de $ 40 millones.
"Sacar un juicio del sistema es una irregularidad grave, los juicios sólo pueden ser borrados si hubo un error en la carga. Y si están terminados, deben pasan al archivo histórico. En estos casos hay indicios fuertes que el borrado era para evadir los controles", dijo un funcionario a cargo de las auditorías.
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Con todos estos datos sobre la mesa, en diciembre el procurador Balbín ordenó una auditoría sobre toda la información almacenada en el SIGEJ. Antes, le dio un plazo de 60 días a los servicios jurídicos de todos los organismos para que actualicen los datos. El límite vence el 28 de febrero, aunque sería prorrogado. Todavía siguen apareciendo irregularidades y sorpresas en organismos relevantes como el Ministerio de Economía o AYSA.
En el caso de Vialidad, se recuperaron decenas de juicios a partir de un back up de la Procuración del Tesoro. Pero la reconstrucción total sigue en marcha.
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