
Se cumplieron cinco años desde que, en 2011, los restos de Alicia Lisso fueran recuperados, identificados y entregados a la familia que la había sobrevivido desde que desapareciera luego de su detención ilegal en su hogar, el 27 de octubre de 1976, bajo el último gobierno militar. El dato podría pasar como un aniversario más en la historia del horror de la dictadura y la recuperación de la memoria que se fue gestando con los años, si no fuera por las características particulares que ligan al caso Lisso con el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.
Luego del secuestro, Lidia Palestrini de Lisso -madre de Alicia- se presentó ante el juzgado de Zaffaroni con un escrito de puño y letra en el que describía los sucesos que habían concluido con el desconocimiento del paradero de su hija y le solicitó que dictara un hábeas corpus para poder investigar la desaparición de Alicia y presionar por su liberación o legalización. Zaffaroni lo rechazó.
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"Viene (sic) a interponer recurso de Hábeas Corpus en favor de mi hija Alicia Lisso, de nacionalidad argentina y de 23 años de edad (…) quien según testigos oculares fue detenida en su domicilio alrededor de las 2:30 del día 27 de octubre de 1976, junto a otras personas que la acompañaban por una comisión que se identificó como perteneciente a las Fuerzas de Seguridad". Así comienza el texto escrito con caligrafía esmerada, a pesar del calvario que seguramente atravesaba Lidia Palestrini de Lisso a la hora de elevar el texto a la justicia, con esperanzas. El escrito continuaba pidiéndole al juez que enviara despachos telegráficos al Ministro del Interior de aquel momento, al jefe de la Policía Federal y al Comandante del Primer Cuerpo del Ejército para que informaran si estaba detenida en alguna unidad bajo su dependencia y los motivos de tal detención. El escrito fue presentado el 20 de julio de 1977. Zaffaroni lo rechazó.


El 7 de diciembre de 1977, cinco meses después de que Lidia Palestrini solicitara el hábeas corpus por su hija, Zaffaroni firmaba un documento que decía: "Autos y vistos y considerando, resuelvo: rechazar el presente recurso de Habeas Corpus N°362 interpuesto a favor de Alicia Lisso. Sin costas. Notifíquese. Firmado: Eugenio Raúl Zaffaroni, juez. Ante mí: Jorge Rafael Rubio, secretario".
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Se desvanecía de ese modo la esperanza de Palestrini de usar una herramienta judicial sobre la cual apoyarse para continuar la búsqueda de su hija. La aceptación de un hábeas corpus por un desaparecido por parte de la justicia marcaba una diferencia en los años oscuros. The Buenos Aires Herald publicaba el listado de los hábeas corpus que los pocos jueces que se animaban a cuestionar al poder militar aceptaban. Los habeas corpus permitían que organismos internacionales de derechos humanos reclamaran al gobierno por el paradero de los desaparecidos, y muchas veces esa presión surtía efecto. Más allá de estas consideraciones, que no son menores, se debe resaltar que Alcira Juárez, compañera de Manuel Coley Robles -que desapareciera junto a Alicia Lisso y Enrique Balbuena durante el mismo operativo- escribió un pedido de hábeas corpus de idénticas características al que había presentado la madre de Alicia, pero lo presentó ante el juez Martín Irurzún, que aceptó su pedido. Luego se supo que los tres habían permanecido detenidos en el centro de detención clandestina "El Castillo", en Los Plátanos, Berazategui. Sólo Balbuena sobrevivió.
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Zaffaroni no se refirió nunca al rechazo del hábeas corpus pedido por Alicia Lisso que, sin embargo, no constituye el único hecho que se contradice con su mentada postura a favor de los derechos humanos, esgrimida bajo los gobiernos kirchneristas. En el libro Derecho Penal Militar, publicado en 1978 en plena dictadura, Zaffaroni brinda argumentos jurídicos sobre la legalidad de tomar el poder por asalto -tal el modo por el que los militares habían llegado al gobierno-, justifica la prohibición de homosexuales en el ejército y hasta se posiciona a favor de la pena de muerte en las fuerzas armadas.
Los alcances del relato a veces pueden ser confrontados con los hechos de la realidad que, como en este caso, los contradicen. O, como mínimo, relativizan la autoridad moral de quienes hoy posan de paladines de la causa de los derechos humanos.
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