
Venezolano de nacimiento, y argentino por opción. A pesar de haber nacido en Caracas, el amor que su abuela siempre le inculcó por las costumbres argentinas lo conserva hasta el día de hoy. Pero lejos quedaron esos días de felicidad. Marcelo Crovato es uno de los 101 presos políticos del chavismo, desde hace más de dos años y medio.
Su doble nacionalidad le permite disponer de asistencia diplomática. Pero el consulado argentino en Venezuela, ni siquiera realizó la obligatoria visita consular para constatar que sus derechos se estén cumpliendo.
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"Cuando detuvieron a Marcelo notificamos al consulado, y simplemente nos dijeron que no iban a hacer absolutamente nada", aseguró su esposa, Elky Arellano, en diálogo con Infobae.
En ese entonces, cuando el abogado penalista criminalista de 47 años fue detenido, el régimen de Nicolás Maduro encontraba en el gobierno de Cristina Kirchner a uno de sus principales aliados regionales. "Estoy convencida de que la falta de asistencia tenía que ver con la relación entre el kirchnerismo y el chavismo", agregó.
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"El personal diplomático anterior nos ignoró completamente, ni siquiera cumplieron sus obligaciones mínimas", indicó Elky, quien también se desempeña como abogada. Con relación a la llegada de Mauricio Macri al poder, apuntó: "El nuevo gobierno creo que ni siquiera debe estar enterado de que Marcelo existe".
El 22 de abril de 2014 comenzó el calvario para los Crovato. Y en especial para Marcelo, padre de Marcelo Rodrigo, de nueve años y nacido en Buenos Aires, y Martín, de seis, oriundo de Caracas. Ese día un vecino le reclamó al abogado sus servicios por un allanamiento que las autoridades chavistas estaban realizando en su casa del barrio de Chacao. La orden del operativo estaba vencida, pero eso no fue un impedimento para los uniformados.
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Después de un par de horas de tensión y destrato por parte de la policía local, el dueño de la vivienda, y el propio Marcelo, fueron trasladados a una comandancia de la policía. Allí Crovato fue notificado de que permanecería detenido.

"Ahí empezó un calvario que ya lleva dos años y medio", reconoció Elky.
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Obstrucción de vías, intimidación pública, instigación pública por desobedecer las leyes, y asociación para delinquir, son las cuatro acusaciones que recaen sobre Marcelo, cuya audiencia ya lleva 32 diferimientos. "El ministerio público reconoció que jamás estuvo en una protesta. No tienen ningún indicio de que él haya estado en una manifestación", apuntó la abogada de 49 años.


Durante diez meses estuvo recluido en la prisión de Yare III, la misma en la que 15 años antes Marcelo había sido director. Eso le permitió recibir, en términos generales, un trato de mayor respeto por parte de los custodios, en comparación a otros presos políticos. Pero la comida descompuesta y el agua contaminada era la misma para todos. Hasta llegó a bajar 30 kilos.
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El hecho de estar recluido con presos comunes, entre ellos "narcotraficantes, delincuentes, violadores y asesinos", puso en peligro al abogado en más de una oportunidad. "Cuando los reclusos se enteraron que él había sido director de la cárcel lo amenazaron. Pero encontró la forma de ganárselos y por suerte no le pasó nada", comentó su esposa.
Su injusta reclusión, y en particular la imposibilidad de ver a sus hijos, hicieron que Marcelo tocara fondo. Inmerso en una profunda depresión intentó en dos oportunidades quitarse la vida. Afortunadamente, sus compañeros de celda y las autoridades lograron detenerlo a tiempo.
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"El hecho de no estar con sus hijos lo golpeó muchísimo. Diez meses sin verlos lo llevó a una depresión muy fuerte. Llegando la Navidad se desmoronó, no podía más. Cuando los médicos lo entrevistaban les decía que lo que necesitaba era que le dieran una espada para suicidarse (…) Lo intentó en la cárcel, pero sus compañeros lo agarraron justo", relató, angustiada, Elky.
Luego de esos episodios el ministerio de Sanidad decretó que el abogado "era un paciente peligroso por su depresión". Consiguió tener más contacto con sus hijos por teléfono, pero la angustia persistía "mientras todo el mundo pedía su libertad".
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Es en ese momento en que el argentino-venezolano decidió declararse en huelga de hambre para pedir el cambio de juez y para que este se expidiera sobre la solicitud que realizó su defensa para tener arresto domiciliario.
"Después de diez meses, por cuestiones de salud le dieron la posibilidad de tener arresto domiciliario. La medida se la pidió la defensa al tribunal desde octubre de 2014 por un informe médico emanado del propio ministerio público", declaró Elky.
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El abogado, quien también formó parte del Foro Penal Venezolano asistiendo a presos políticos, había reclamado la posibilidad de ser trasladado a su casa por tres motivos: posible cáncer de piel; problemas psiquiátricos, a raíz de la profunda depresión que le diagnosticaron; y por una lesión en la columna, luego de un accidente que tuvo en la cárcel al caerse por las escaleras.
La Justicia chavista le negó en reiteradas ocasiones recibir asistencia médica tanto para el problema de piel, como para su columna.
Después de cinco días en huelga de hambre, el juez, que había estado cuatro meses sin pronunciarse al respecto, le concedió el arresto domiciliario.

"Esos diez meses fueron muy duros", reconoció Elky, quien se vio obligada a ocultarles a sus hijos la verdadera razón por la que su padre no estaba en casa. "Él estaba presente en todas sus actividades y de un momento a otro ya no estaba. Eso generó una depresión en ellos, tanto que hasta la actualidad tienen asistencia psicológica (…) Ellos pensaban que el papá los había abandonado, y yo les decía que se había ido a trabajar afuera de Venezuela".
"Los psiquiatras me dijeron que debía decirles la verdad; yo también tuve una profunda depresión por toda la situación", agregó.
Aunque tiene a su esposo en su casa, la abogada sostuvo que todavía viven "una situación muy tensa" y confesó que su mayor miedo "es que se vuelvan a llevar a Marcelo a la cárcel".
El año pasado el preso político del chavismo debió ser operado por su problema en la columna. Desde entonces, la causa se encuentra paralizada. No fue derivada a ningún tribunal y no fue designado ningún juez.
"Por ley, cuando uno lleva dos años detenido, y no hay sentencia, la Justicia tiene que darle la libertad", denunció Elky. "Hace seis meses realizamos la solicitud de excarcelación, pero hasta el momento no han decidido. Y no lo van a hacer". Mientras tanto, Marcelo sigue custodiado las 24 horas en su casa por oficiales de la policía de Chacao.
"Nada es eterno. Todo tiene su final. Pronto llegará el momento en que papá pueda salir". Con esas palabras Elky consuela todos los días a sus hijos, quienes añoran el día que Marcelo pueda salir de su casa para volver a tener una vida normal y dejar atrás "esta pesadilla".
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