Impuestos a pensiones y otras medidas “impopulares”, lo que necesitaría Colombia para salir de la crisis en la que la tiene el Gobierno

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) alertó que es necesario que Colombia haga con urgencia de un ajuste fiscal de 3 puntos del Producto Interno Brtuo (PIB) —equivalente a $60 billones— para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. La entidad apuntó que la corrección exigirá tanto reducciones drásticas en el gasto estatal como la obtención de nuevos ingresos tributarios, incluso por medio de medidas “impopulares”.

El plan presentado por el presidente del centro de pensamiento, José Ignacio López, propone que Colombia haga un recorte de $14 billones en gastos de funcionamiento y $27 billones en inversiones públicas, junto con la obtención de $12 billones adicionales mediante reformas tributarias y la reactivación del sector petrolero.

Desequilibrio fiscal

Las acciones buscan corregir el desequilibrio fiscal y evitar que la deuda pública supere el 85% del PIB en la próxima década. Señaló que el déficit fiscal se mantiene en torno al 7% del PIB en los últimos años. Y es que el gasto del Gobierno crece de manera acelerada en comparación con los ingresos y el consumo de los hogares, lo que refleja un problema estructural arrastrado luego de varias décadas de reformas tributarias infructuosas.

“En la llamada carrera de caballos se ve que el gasto del gobierno crece mucho más rápido que el de los hogares”, explicó López. El dirigente también señaló que “esto va a requerir un esfuerzo de todos los colombianos”, al puntualizar que no existe una solución sencilla para la crisis.

Cómo es el plan de ajuste fiscal propuesto por Anif

La propuesta de ajuste fiscal se basa en dos pilares centrales: la contención del gasto público y el aumento de los ingresos fiscales. Anif plantea una reducción de $14 billones en funcionamiento, centrada en:

• Disminución de la nómina.
• Recorte de gastos administrativos.
• Revisión de subsidios, en especial, en combustibles y transporte.
• Optimizar la estructura del Estado.
• Congelar vacantes.
• Eliminar duplicidades institucionales, con un ahorro estimado de $2,2 billones por puestos no cubiertos y $2,9 billones al simplificar entidades.

Por el lado de la inversión, el recorte propuesto alcanza los $27 billones, fundamentado en la eliminación de proyectos con bajo impacto, reducción de inversiones no comprometidas y depuración de contratos ineficientes. La revisión de los subsidios y programas sociales debe priorizar, según López, a los estratos de menores ingresos para enfocar el gasto en quienes más lo necesitan.

A pesar de la magnitud del recorte, la entidad advierte que la austeridad, por sí sola, no es suficiente para cubrir los 3 puntos del PIB exigidos.

“No logramos llegar a los tres puntos con todos nuestros ejercicios de austeridad. Nos toca meter algunas cosas de mayores ingresos”, anotó. El plan también prevé un ajuste gradual a subsidios como el diésel, teniendo en cuenta la baja rentabilidad del sector transporte y la necesidad de evitar impactos sociales adversos.

El gasto público bajo la lupa: ineficiencias y recortes planteados

José Ignacio López remarcó las graves ineficiencias en el gasto estatal al señalar que en los últimos siete años la nómina del Ejecutivo aumentó en 20.000 personas (más del 20%) y a diario se crean ocho puestos nuevos. Casos como el de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) —cuyo gasto de personal se incrementó un 545% entre 2019 y 2026— y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) —con un aumento del 69% en su plantilla sin alcanzar metas de recaudación— muestran los desafíos existentes en la administración pública.

De igual forma, el presidente de Anif criticó la histórica dependencia de nuevas reformas tributarias para resolver problemas estructurales. “Los ajustes basados solo en impuestos tienden a ser no tan exitosos”, dijo. Esto, teniendo en cuenta que ,a lo largo de dos décadas, Colombia ejecutó 18 reformas tributarias sin lograr equilibrio presupuestario.

Asimismo, el subsidio al diésel fue calificado como uno de los mayores compromisos financieros, con un costo acumulado de $136 billones desde la implementación, lo que exige un proceso de ajuste gradual y concertado con los sectores afectados para salvaguardar la viabilidad del transporte.

A su vez, el plan prevé una revisión rigurosa de contratos y proyectos tanto en salud como en educación, con un enfoque hacia la focalización de la gratuidad y de los apoyos a los estratos más vulnerables. Todo esto busca redirigir los recursos hacia áreas de mayor impacto social.

Cambios tributarios y nuevas fuentes de ingreso

La propuesta de Anif contempla lograr $12 billones en ingresos adicionales mediante varias reformas. Dentro de las medidas sugeridas figuran:

• Reducción del umbral para el impuesto de renta.
• Un tributo del 10% a las pensiones altas.
• Límites a exenciones para personas jurídicas.
• Mayor control de la evasión.

López reconoció la dificultad política de este paquete. “Sé que hoy muchos colombianos no quieren que nadie les hable de mayores impuestos y desafortunadamente me va a tocar hablarles de eso”, puntualizó.

Remarcó que el ajuste incluye congelar la creación de nuevos cargos públicos, simplificar el Estado, y racionalizar subsidios y programas sociales, con el fin de tener ahorros de hasta $8,5 billones. Para López, “necesitamos ponerle la lupa al gasto, poner en cintura el gasto”, y advirtió que lo propuesto implicará decisiones difíciles e impopulares.

El impacto del sector petrolero en las finanzas públicas

Un punto clave del plan es la reactivación de la industria petrolera. “Necesitamos reactivar sí o sí la industria petrolera, necesitamos 100.000 barriles más”, señaló el dirigente. Esto permitiría aumentar los ingresos públicos y respaldar gastos prioritarios, como la sostenibilidad del sistema de salud. El presidente de Anif advirtió que, pese al giro internacional hacia la descarbonización, la capacidad petrolera de Colombia es limitada frente a países como Guyana, Argentina y Brasil.

La propuesta sugiere abrir el debate sobre exploración y fracking, y emprender una simplificación regulatoria que impulse la inversión y fomente la competitividad en el sector de hidrocarburos colombiano.

Proyecciones para la economía colombiana

La aplicación de las medidas podría llevar a que Colombia alcance un crecimiento económico del 3,5% en 2032 y reduzca el balance primario al 1,2%, lo que puede estabilizar la deuda. No obstante, si se ignora la necesidad de ajuste, la deuda pública podría escalar al 85% del PIB después de 2030, elevar el costo de vida y duplicar las tasas de interés.