El Tribunal Federal de Córdoba condenó este jueves a prisión perpetua al ex general Luciano Benjamín Menéndez, al ex capitán Héctor Pedro Vergez, jefe del grupo paramilitar Comando Libertadores de América; y al ex mayor Ernesto "Nabo" Barreiro y otros 35 represores, por delitos de lesa humanidad en la megacausa "La Perla-La Ribera".

La sentencia, dictada por los jueces Jaime Gavier, Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, se trata del primer pronunciamiento de la Justicia argentina sobre el terrorismo de Estado que actuó antes del golpe de 1976, bajo el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.

Ménendez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y con 89 años, fue encontrado culpable de la desaparición de 282 personas – entre ellas, un niño de 10 años-, 52 homicidios, 260 secuestros, 656 casos de torturas. Con esta pena, el genocida fue quien recibió más condenas por su accionar criminal y violatorio de los derechos humanos, al alcanzar 14 veredictos con penas de cárcel, de los cuales 12 son a prisión perpetua.

(Télam)
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El fallo tiene como hecho destacado también que es la primera condena que recibe Barreiro por su actuación durante el genocidio con 228 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y el robo de un menor de 10 años. 

En su alegato final, el represor Barreiro -antiguo jefe de torturadores de la prisión clandestina de La Perla- lanzó una provocación a las víctimas, familiares y activistas de derechos humanos presentes en la audiencia judicial, cuando advirtió que "nos verán a nosotros desfilar orgullosos junto al pueblo de nuestra querida Patria, y así las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas de la historia para siempre".

Al igual que Ménendez, y los carapintadas Vergez y Barreiro, los jueces sentenciaron a la mayor pena a los represores Arnoldo "Chubi" José LópezJorge González Navarro, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge Acosta, Héctor Hugo Chilo, Luis Martella, Luis Gustavo Diedrichs y Alberto Luis Lucero.

El mismo castigo recibieron Oreste Padován, José Hugo Herrera, Miguel Ángel Lemoine, Juan Eusebio Vega, Ricardo Lardone, Emilio Morard, Héctor Romero, Carlos Alberto Díaz, Carlos Villanueva, Eduardo Grandi, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, Marcelo Luna, Calixto Flores, Carlos Yanicelli, Herminio Antón y la ex policía Mirta Antón, la primera mujer juzgada por terrorismo de Estado en Córdoba.

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No todos alcanzaron la pena máxima. El tribunal sentenció a Enrique Maffei con 21 años de prisión; José Luis Yáñez con 20 años; José Andrés Tófalo, 14 años de cárcel; y Luis Alberto Choux, con 11 años. A su vez, Antonio Castro y Raúl Contrera cumplirán 8 años de prisión; Wenceslao Claro le correspondieron 5 años de pena; y Carlos Monti a dos años y seis meses. Rubén Broccos obtuvo tres años de cárcel pero se le dio por cumplida la pena, dejándolo en libertad.

Por último, los jueces a Ángel Corvalán, Juan Carlos Cerutti (también se ordenó su libertad), José Vélez, Antonio Filis y Franciso Melfi.

El juicio

El Tribunal Federal Número 1 comenzó a pronunciar el fallo poco después de las 12, en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla y otros campos de concentración de Córdoba, cuyo proceso oral comenzó el 4 de diciembre de 2012.

La investigación apuntó a las violaciones de derechos humanos ocurridas entre marzo de 1975 y 1979 en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Córdoba conocidos como "La Perla" -el mayor del interior de la Argentina durante la última dictadura-, "Malagueño o Perla chica", "Campo La Ribera" y "D2".

La sentencia llegó después de casi cuatro años de juicio. Los condenados fueron considerados culpables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, privación agravada por su carácter de funcionario público y persecución política, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, robo calificado, secuestro, violación agravada, homicidio calificado y sustracción de un menor.

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Del total de las 716 víctimas involucradas que pasaron por los mencionados centros de exterminio, el 45% permanece desaparecida; el 40% sobrevivió y el 15% murió. Solo en 71 casos pudieron recuperarse e identificarse los restos.

Según declararon los 581 testigos y 340 sobrevivientes, durante los últimos meses del gobierno constitucional de Isabel Perón, La Perla ya funcionaba como centro represivo ilegal. Finalmente fue cerrado en diciembre de 1978.

Miles de personas se movilizaron hoy junto a organizaciones de derechos humanos, estudiantes, docentes e investigadores universitarios, entidades de base y dirigentes políticos y sindicales. Al interior de la sala y en la zona, estuvo repleto de carteles con la consigna "Nunca Más" e imágenes de víctima. Una de las protagonistas fue Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, cuyo nieto desapareció cuando era menor de edad por el accionar represivo.

En el interior del Tribunal también se encontraba la activista Cecilia Pando, quien exhibió carteles reivindicando la represión.

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