Confirmaron el procesamiento de los ex funcionarios acusados de blanquear dinero con la campaña de Cristina Kirchner

La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento de los ex funcionarios kirchneristas Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo, así como el de los empresarios Gabriel Brito y Carlos Torres, en la causa por el supuesto blanqueo de dinero de origen ilegal proveniente de la llamada "mafia de los medicamentos", mediante aportes a la campaña electoral que llevó a Cristina Elisabet Kirchner a la Presidencia en 2007.

A su vez, la Sala II de la Cámara Federal revocó los sobreseimientos de Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional, y dispuso la falta de mérito de Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.

Todos están acusados por el delito de lavado de dinero por haber hecho aportes por más de 800 mil pesos por parte de droguerías, cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades vinculadas al narcotráfico internacional.

"Existió, alrededor de los hechos aquí analizados, una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la entrega, recepción y puesta en circulación de los fondos aportados a la campaña presidencial del año 2007 del Partido Frente Para la Victoria", sostuvo el Tribunal en su fallo.

Capaccioli fue Superintendente de Servicios de Salud entre enero de 2006 y noviembre de 2008 y luego miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Frente para la Victoria, en tanto que Gramajo era el responsable político de la campaña además de legislador.

Los ex funcionarios fueron los encargados de procurar y recibir los fondos de campaña, y según la sentencia, "conocían su origen ilícito y operaron conjunta y dolosamente en la concreción de la maniobra".

Los camaristas, a la vez, revocaron el sobreseimiento de Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional y responsable económico y financiero de la campaña del FPV, porque consideraron que junto a los otros procesados "estaban al tanto de la naturaleza real -delictiva- de los fondos".

En cuanto al empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, la Cámara resolvió "dejar sin efecto" el procesamiento en razón de que ya está procesado en la causa sobre la "mafia de los medicamentos" por supuesta defraudación contra la administración pública.

El 23 de junio último el juez federal Ariel Lijo había dispuesto los procesamientos y ordenó embargos en cada caso hasta cubrir la suma de tres millones de pesos. A todos les reprochó haber utilizado a las empresas farmacéuticas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp, que no estaban en condiciones económicas de hacer aportes para campañas electorales, para blanquear fondos de origen ilegal aún no establecido.

Según Lijo, mediante ese mecanismo obtuvieron apariencia de legalidad y se pusieron en circulación fondos de origen espurio por un total de 886 mil pesos. Los imputados fueron -según el magistrado- "los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo".

Las empresas farmacéuticas fungieron como pantalla: aparecieron como aportantes a la campaña cuando económicamente no podían hacerlo, libraron cheques a su nombre y al momento de efectivizar el pago obtenían anónimamente en sus cuentas depósitos por el monto a debitar.

Por otra parte, el tribunal le sugirió al juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación, que le pida a su par María Servini de Cubría una copia de las declaraciones que dio el detenido Ibar Pérez Corradi en las causas por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico ilegal de efedrina. Se basaron en que Brito, quien firmó cheques aportados en la campaña electoral, dijo que Pérez Corradi podría guardar información sobre los aportes hechos.