
Cerca de 12,5 millones de peruanos, equivalentes al 38% de la población, viven en pobreza energética, de acuerdo con la primera medición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética del Perú (IMPE Perú), presentado este jueves por Promigas.
El estudio identifica carencias que van desde la calidad del suministro eléctrico y el combustible para cocinar hasta la falta de electrodomésticos, conectividad y servicios en el entorno de los hogares.
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12,5 millones de peruanos acumulan carencias en energía, vivienda y conectividad
El indicador fue elaborado por Promigas y Fundación Promigas, en alianza con Inclusión SAS y con el respaldo de Apoyo Consultoría. La metodología utiliza información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Una persona se considera pobre energética cuando su hogar acumula privaciones que representan al menos el 30% de los 15 indicadores evaluados. El grupo que se encuentra en esa situación presenta, en promedio, una intensidad de privaciones de 49,3%.
El IMPE Perú distribuye los indicadores en cuatro dimensiones: acceso y calidad de la energía, con un peso de 40%; vivienda funcional y liberadora de tiempo, 25%; aprender y comunicarse, 25%; y territorio equipado para el bienestar, 10%.
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La brecha es más pronunciada en el área rural, donde el 92,2% de la población está en pobreza energética, frente al 27% de las zonas urbanas. Sin embargo, la mayor cantidad de personas afectadas vive en ciudades: 7,4 millones, frente a 5,1 millones en áreas rurales.

Promigas: Casi 8 millones no tienen un combustible adecuado para cocinar
La Sierra y la Selva concentran el 79% de la población en esa condición. Huancavelica registra la mayor incidencia, con 82,7%, seguida por Huánuco, con 82,4%, y Loreto, con 79,9%. En el otro extremo aparecen Lima, con 5,1%; Callao, con 6,3%; Ica, con 10,8%; y Arequipa, con 14,1%.
Las privaciones también muestran diferencias según pertenencia étnica. La incidencia llega a 77,6% entre la población indígena amazónica, a 60,1% entre la quechua y a 59,2% entre la aimara. Entre los afroperuanos alcanza 50,3%, mientras que las tasas de los grupos mestizo y blanco se ubican por debajo del promedio nacional.
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La calidad del suministro eléctrico es uno de los factores con mayor incidencia. Según las cifras presentadas por Promigas, el 35,5% de los peruanos reside en distritos cuyos sistemas eléctricos tienen interrupciones por encima del umbral establecido para el índice. El estudio identificó 1.283 distritos con esa privación.

Huancavelica, Huánuco y Loreto concentran las mayores tasas de pobreza energética
El acceso a combustibles adecuados para cocinar constituye otro foco. El 22,8% de la población (cerca de 8 millones de peruanos) no dispone de gas u otra fuente limpia. Entre quienes ya viven en pobreza energética, el 58% enfrenta privaciones vinculadas al energético para cocinar y alrededor del 70% reside en distritos con problemas de calidad en el servicio eléctrico.
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La exministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli sostuvo que el indicador amplía la mirada sobre las carencias de los hogares. “Si nos quedamos solo con la pobreza monetaria, miramos una realidad acotada que no permite verificar si las personas pueden ejercer la vida que quieren”, afirmó durante el panel de presentación.
Trivelli planteó que la información permite identificar intervenciones distintas según el tipo de privación. “No se puede pensar en facilitar una lavadora allí donde todavía no hay conexión de agua y desagüe. Para esos hogares, la prioridad es otra”, señaló.
El viceministro de Políticas y Evaluación Social, Carlos Humberto Salazar García, destacó a su turno que la pobreza energética urbana puede quedar invisibilizada por la cobertura formal de servicios. “Tener un medidor de electricidad no significa que un hogar no enfrente otras carencias”, dijo. Añadió que la falta de refrigeradoras, lavadoras o equipos de conectividad eleva los costos de tiempo y dificulta resolver necesidades cotidianas.
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Promigas pidió una tarifa nivelada para expandir el gas natural fuera de Lima
Durante el panel, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas Payán, vinculó los resultados del índice con la necesidad de acelerar el acceso a energéticos adecuados. “Cocinar con un energético inadecuado, como la leña, no solo demanda tiempo y dinero: también expone a los hogares a humo y a riesgos para la salud”, afirmó.
Rojas sostuvo que la conexión a gas natural puede reducir gastos y liberar tiempo para las familias, aunque los datos comparativos presentados por la empresa no permiten atribuir de forma causal la menor pobreza energética a la presencia del servicio.

El directivo propuso retomar incentivos como Bonogas, financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), y avanzar con una tarifa nivelada. “La tarifa nivelada requiere un esfuerzo del Gobierno y del Congreso, pero permitiría acelerar la masificación del gas natural en las regiones”, indicó.
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El pedido se relaciona con la Ley 32315, publicada el 30 de abril de 2025, que creó un mecanismo para reducir las diferencias de precio del gas entre Lima y las regiones. La propuesta original del Poder Ejecutivo incluía consumos de hasta 900 mil metros cúbicos mensuales, pero la norma aprobada fijó un límite de 50 mil metros cúbicos.
Promigas planteó elevar ese tope para incluir a industrias, comercios de alto consumo y estaciones de gas natural vehicular. La empresa sostiene que esos usuarios podrían aportar una demanda estable para financiar redes y otras obras en las regiones. El mecanismo todavía no entra en operación porque falta su reglamento.
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