
El filósofo Gonzalo Gamio Gehri conversó con Infobae Perú sobre los planteamientos de su libro El sentido profético. Memoria, justicia y religión, una obra que aborda los vínculos entre la fe y los desafíos éticos de la sociedad. A propósito de esta publicación, el autor reflexionó sobre el rumbo de la política peruana y el debilitamiento de los principios que deberían orientar la vida democrática.
En la entrevista, el escritor cuestionó la forma en que se ejerce actualmente el poder y advirtió sobre el abandono del bien común y la protección de los más vulnerables. También, examinó la pérdida de relevancia de la meritocracia, la necesidad de recuperar el diálogo y la responsabilidad ciudadana frente a los problemas del país.
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En su libro plantea el concepto de sentido profético. ¿Qué significa esta idea y por qué considera que es necesaria para comprender los problemas de nuestra sociedad?
En primer lugar, el sentido profético constituye una concepción de la justicia que tiene sus orígenes en la tradición bíblica judeocristiana, pero que no abordo desde un punto de vista religioso confesional, sino filosófico.
Esta concepción de la justicia constituye también una actitud frente a la injusticia, la violencia y la restricción de libertades importantes. Tiene tres elementos básicos que deben estar juntos.
El primero es una interpretación de la historia desde el punto de vista de la catástrofe y, en particular, de la injusticia; es decir, de catástrofes provocadas por decisiones humanas que pueden ser investigadas, imputadas y, por supuesto, reparadas.
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En segundo lugar, está la exhortación a un proceso de metanoia. Esta palabra alude a un cambio en el modo de pensar y de sentir. El contacto con la injusticia busca modificar, de manera reflexiva y crítica, las mentalidades y también las reacciones emocionales de los agentes.
En tercer lugar, está el ejercicio de la parresía. Es una virtud de origen bíblico que tiene que ver con la capacidad que tiene el crítico, el profeta, pero también eventualmente el ciudadano, de decir la verdad completa y hablar con libertad, aunque uno esté en una situación adversa o ante un público hostil. La idea es denunciar la injusticia y plantear el cuestionamiento a esa situación.
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En el libro desarrolla el concepto de parresía, que plantea la importancia de hablar con franqueza frente al poder. ¿Qué tan dispuesta está nuestra sociedad a cuestionar a sus autoridades y exigirles responsabilidades?
Lamentablemente, cada vez menos, porque hay algo así como un clima autoritario, no solamente en el Perú y en América Latina, sino también en el mundo entero. Cada vez más prosperan regímenes ultraconservadores basados en una lectura autoritaria, mesiánica y escasamente democrática del ejercicio del poder.
Sin embargo, es fundamental para los ciudadanos que aprecian la libertad y la democracia como una forma de vida, y que también valoran la justicia, poder hacer frente a estas asonadas autoritarias.
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La parresía es una virtud extraña y escasa por varias razones. No solamente por el clima autoritario en el que vivimos en la época contemporánea, sino también porque exige mucho: de alguna forma, poner en juego tu seguridad y tu reputación. Sin embargo, resistir ante el poder constituye un imperativo ético y político crucial.

Usted propone mirar la historia desde el punto de vista de la experiencia de las personas más vulnerables. ¿Qué cambiaría en la política peruana si las autoridades adoptaran esta perspectiva?
Muchísimo. En realidad, poner en primer lugar a los más débiles, a los pobres, a las personas desamparadas y a las víctimas de la violencia. Y eso hay que decirlo muy claramente en un país que ha pasado veinte años de conflicto armado interno y que, además, en años recientes ha perdido a cincuenta compatriotas.
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Si pusiéramos en primer lugar a los más débiles, nuestra política, nuestras políticas y nuestras maneras de gobernar y administrar el poder serían mucho más humanas y, por supuesto, más justas.
Lo que sucede desde hace muchísimo tiempo, probablemente como una constante histórica que hay que combatir desde el punto de vista de la ciudadanía, es que se ha administrado el poder en favor de los más fuertes, de los encumbrados y de los privilegiados, ya sea desde un punto de vista económico, político o incluso cultural.
En un contexto de polarización, confrontación y desconfianza, ¿cómo podemos recuperar el diálogo mediante herramientas para resolver nuestras diferencias políticas?
Es complicado, es muy complicado. Pero, en primer lugar, creo que el primer cambio es no solamente de mentalidad, sino de actitud.
Algo que le hace muchísimo daño al país, a América Latina y, en general, al mundo es la llamada batalla cultural; es decir, la idea según la cual debemos combatir ideológicamente, como si las ideas políticas fueran materia de una religión o de un credo que uno asume de manera dogmática, incluso fanática.
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Estoy bastante comprometido con mostrar que la llamada batalla cultural, que un sector ultraconservador ha sacado a la luz en los últimos años, no tiene nada que ver con la discusión académica y tampoco con el debate cívico. De hecho, es más un asunto de youtubers que de intelectuales y ciudadanos.
Esta actitud de convertir las propias ideas en dogmas de fe y asumir a quien piensa diferente como un enemigo me parece profundamente negativa y es una de las causas de esta polarización.
Más bien, creo que resulta urgente asumir una actitud que los filósofos pragmatistas estadounidenses John Dewey, William James y Charles Sanders Peirce llamaban el falibilismo.
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El falibilismo es una actitud ética crucial para dialogar y debatir. Plantea dos cuestiones muy claras. La primera es que, cuando debates o conversas sobre ideas, tienes el deber de defender tu posición hasta las últimas consecuencias mientras te alcancen los argumentos. Pero si en el camino te das cuenta de que los argumentos te abandonan y que hay posiciones más sanas, más racionales o más razonadas, entonces uno tiene que tener la disposición a abandonar el punto de vista y cambiarlo.
Esto nos lleva a pensar que un genuino diálogo no busca tener la victoria sobre tu interlocutor, sino más bien pensar la verdad o el bien como una meta. Una meta que es parte de un proceso de cooperación, que es el diálogo.
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Lo importante es arribar a la verdad o a consensos o, en todo caso, por lo menos comprender sobre qué estamos en desacuerdo y hasta qué punto estamos en desacuerdo. De modo tal que quienes conversamos o debatimos no nos concibamos como enemigos, sino más bien como compañeros de ruta, porque en una democracia quien piensa diferente es un compañero de ruta, siempre que esté dispuesto a dialogar de manera pacífica y ofreciendo razones.

¿Considera que en el Perú hemos llegado a normalizar las injusticias sociales y políticas? ¿Y qué responsabilidad tienen las autoridades en esta situación?
Es una gran pregunta también, y la respuesta es complicada. Estoy convencido de que gran parte de nuestra clase política, salvo excepciones, no solamente ha normalizado la injusticia social o la desigualdad, sino que muy a menudo ya no la considera un problema de primera importancia.
Hemos pasado a concebir la política como el conjunto de estrategias para hacernos del poder y preservarlo. Hemos abandonado el bien común y el cuidado de los más débiles como el horizonte básico de la política.
Ahora la política se entiende más bien como un enfrentamiento de facciones, de grupos de interés que pugnan por hacerse del poder. Lo que se está perdiendo, o se ha perdido en gran medida, es un sentido de comunidad.
Hay otro elemento también fundamental: la preparación académica e intelectual del político simplemente ha desaparecido. La meritocracia para acceder a cargos públicos ya no constituye un criterio fundamental. Más bien hay un desprecio por el conocimiento bastante grande.
Si desaparece el horizonte del bien común, si la meritocracia y el conocimiento ya no son elementos fundamentales para la participación política y si el debate de ideas ha abandonado la actividad política, entonces el panorama es desolador.
Pero agregaría incluso que el problema ya no es solamente de nuestros políticos. Esta corrupción ya ha llegado también a la sociedad misma. El solo hecho de que, por ejemplo, un sector importante de la gente vote por candidatos que, para postular, vulneran expresamente la Constitución, que ya no respetan normas literalmente plasmadas y que no están sujetas a interpretación, es un problema.
El hecho de que los procedimientos democráticos no se respeten, que se aplauda a gente que hace obras sin expedientes técnicos y que haya un respaldo grande de la población a políticos de ese perfil —porque no se trata de uno solo, hay muchos— significa que el problema ya ha comprometido a la sociedad y no solamente a la clase política. Bueno fuera que fuera un asunto solamente de políticos.

¿Cómo pueden convivir las convicciones religiosas con un Estado laico que debe garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos?
Es una de las grandes preguntas del libro, porque en la segunda sección defiendo claramente la necesidad de que un Estado democrático liberal sea un Estado aconfesional o laico; es decir, un Estado que no esté comprometido con una única fe y que no se pronuncie sobre qué religión es verdadera.
Ese es un asunto que concierne al ciudadano. El ciudadano es quien debe decidir qué religión es verdadera para él y, en todo caso, tiene que ver también con comunidades religiosas en las que el individuo pueda participar voluntariamente.
El Estado democrático tiene que ser neutral en materia religiosa para garantizar el trato igualitario a cada uno de los ciudadanos.
Ahora, el tema religioso se puede recuperar desde el punto de vista de la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Un conjunto de instituciones que median entre los ciudadanos y el Estado y que son espacios de diálogo cívico y fiscalización del poder. Ahí están las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las iglesias y las ONG.
Allí el ciudadano puede traer argumentos que originalmente provienen de una concepción religiosa, pero bajo dos condiciones. Una es que sea en condiciones de igualdad y simetría. Una iglesia no tiene ningún privilegio teórico para desarrollar un argumento más que un sindicato, la sociedad civil o la universidad. Los argumentos tienen que estar basados en razones.
En segundo lugar, tienen que ser argumentos que pierdan esa referencia religiosa directa y puedan traducirse a un lenguaje que todos los ciudadanos podamos entender y eventualmente compartir. Por ejemplo, el lenguaje de los derechos humanos.
Eso es lo que John Rawls, un filósofo político estadounidense, llama estipulación: que los conceptos y argumentos que provienen de una concepción religiosa puedan asumir la forma y también el contenido de argumentos más amplios que todos los ciudadanos puedan entender.
En general, no solamente el cristianismo, sino las grandes religiones aportan visiones de la justicia, la libertad, el florecimiento humano y la paz que pueden, más allá de sus referencias religiosas explícitas, convertirse en argumentos más amplios y accesibles que cualquier ciudadano puede entender y compartir.
¿Qué sensación espera que el lector tenga al leer la última página del libro?
Me gustaría que el libro sea útil, primero, para pensar la justicia y la injusticia. Es decir, para examinar qué lugar tiene la experiencia de la injusticia en nuestra vida y cómo la tradición bíblica, así como el pensamiento griego, romano y liberal, han aportado algo importante para pensar la injusticia y para enfrentarla.
En segundo lugar, una pregunta que planteo reiteradamente y que probablemente sea la pregunta principal del libro es: ¿este sentido profético que nace en la tradición bíblica puede reaparecer en una sociedad contemporánea, democrática, plural y secular? Es decir, ¿puede reaparecer en un mundo social en donde las religiones ya no tienen ese lugar completamente incuestionable?
Cuando el lector lea el texto, se dará cuenta de que mi opción es que sí, que sí es posible, desde otras convicciones espirituales o políticas, o incluso desde la no creencia, rescatar el gran aporte bíblico al tema de la justicia y la injusticia.
Además, es un libro que parte de una comprensión de la filosofía. Me gustaría mucho que el libro fuera útil al ciudadano, porque no es un texto escrito solamente para filósofos, sino fundamentalmente para el ciudadano, para que pueda enriquecer su comprensión de la injusticia.
El libro es un aporte, en principio filosófico, que dialoga con las religiones, pero que no tiene un propósito confesional ni religioso. Tiene un propósito académico y, sobre todo, ético y cívico. Es un libro que aporta argumentos.
En ese sentido, me gustaría que el texto estuviese en las librerías, en los anaqueles de filosofía y no en los de religión, porque no pretendo difundir ningún credo religioso, sino discutir motivos éticos y culturales que provienen de la tradición bíblica, pero que son enriquecedores desde un punto de vista filosófico y también ciudadano.
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