Martín Mejía, director de Cálidda: “La adenda está en manos del MEF y esperamos la firma en noviembre”

El proyecto Siete Regiones busca llevar gas natural a 15 localidades de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. Tras el fracaso de la licitación estatal, cerrada en 2021, Cálidda presentó una propuesta para incorporar esas zonas a su concesión, con el objetivo de aplicar una tarifa equivalente a la de Lima. La iniciativa contempla una inversión inicial de USD 590 millones, unos 3.700 kilómetros de redes, al menos 300 mil usuarios con acceso a red y 201 mil conexiones mínimas.

—¿En qué etapa se encuentra la adenda?

—Nosotros presentamos la adenda en noviembre del 2023. El Estado ha tenido casi ya tres años de evaluación del proyecto. En el mes de mayo entendemos, de acuerdo a las declaraciones que hizo el MINEM, que cerraron lo que se llama el proceso de evaluación conjunta.

Es el proceso en el cual cinco autoridades de nuestro país participaron en una mesa conjunta de evaluación de la propuesta que hicimos. Nos hicieron una serie de comentarios. Esos comentarios nos hicieron cambiar cuatro veces el alcance del proyecto.

Luego empiezan los informes finales formales que le piden a cada una de las instituciones opinión sobre este proceso. Sabemos que en el mes de mayo y junio opinaron ProInversión sin comentarios y Osinergmin con algunas observaciones que fueron levantadas por el MINEM antes de pasar al MEF.

—¿Cuándo esperan que se suscriba la adenda?

—De acuerdo a las declaraciones que ha dado el ministro Guillermo Shino, es intención del Gobierno cerrar este proceso en el mes de noviembre y esperemos que sea de forma positiva para nosotros.

—¿La decisión está ahora en manos del MEF?

—Así es. Entendemos que está en el MEF, quien es el que tiene que pronunciarse con una opinión vinculante. Una vez que termine la opinión del MEF, ya el MINEM puede tomar una decisión respecto de este proceso.

Cálidda superó las observaciones de Osinergmin

—¿En qué quedaron las observaciones de Osinergmin?

—Nosotros sabemos que las opiniones que emitió el regulador fueron ya levantadas por el MINEM. Nosotros respetamos a nuestro regulador, que es un regulador que tenemos en nuestro sector. Sabemos que opinó respecto de las tarifas, opinó respecto del alcance del proyecto, y entendemos que el MINEM ha levantado esas observaciones.

Nosotros no podemos tener una sobreganancia, puesto que el que calcula la tarifa es el mismo regulador. Es decir, la tarifa no es una tarifa que fija el concesionario, la fija el regulador en función a un procedimiento que está regulado tanto en el reglamento de distribución como en las normas del mismo Osinergmin de fijación tarifaria.

—¿Y en el caso del alcance para los usuarios?

En el caso del alcance, fue otra de las observaciones. Es un alcance que es casi tres veces superior al compromiso inicial que solicitaba el Gobierno mediante la licitación que hizo en su momento.

Acuérdense que en esa licitación se incluyeron 113.500 conexiones residenciales como objetivo de esa licitación del Siete Regiones que estuvo durante ocho años en licitación.

Este proyecto tiene hasta 300 mil conexiones como objetivo inicial, pero no es que vayamos a hacer solamente 300 mil. Nosotros queremos hacer mucho más para que esas regiones realmente tengan el beneficio de tener gas natural, que es mucho más barato que cualquier otra energía que utilizan en esas regiones hoy en día.

Estamos hablando, por ejemplo, que es 55% más barato que el GLP o 70% más barato que el diésel que hoy día consumen en esas regiones.

—¿Qué cambios tuvo la propuesta original?

—Nos solicitaron, por ejemplo, que las regasificadoras formen parte del sistema de distribución. Inicialmente nos ceñimos a la norma vigente en ese momento y planteamos un servicio de regasificación, pero el MINEM solicitó que las plantas incluidas en el proyecto formen parte de los activos de distribución.

El proyecto final, la cuarta propuesta que aceptó el Estado y que se aprobó en mayo, tiene una inversión aproximada de USD 590 millones (originalmente era USD 300 millones). Contempla 3.700 kilómetros de redes, entre 11 y 12 plantas de regasificación y cuatro City Gates.

También se nos pidió ajustar el plazo del proyecto: inicialmente era de 11 años y quedó establecido en 10 años.

Algunas regiones recibirán gas directamente desde el yacimiento, porque ya tienen un ducto de transporte al cual conectarse. Otras localidades tendrán una regasificadora abastecida inicialmente por camiones, hasta que llegue un gasoducto a la zona.

Ayacucho y Pucallpa tendrán gas por tubería, el resto por camiones

—¿Qué ciudades tendrán gas por conexión directa?

—Hay dos regiones que tendrán conexión directa. Una es Ayacucho, pero solo la ciudad de Huamanga. Huanta, que también forma parte del proyecto, recibiría gas virtual, es decir, por camión de gas natural licuado.

En Ayacucho hay un ducto construido y disponible desde 2014 en Uchuypampa, a cinco kilómetros de la entrada de Huamanga. Ahí nos conectaremos directamente para llevar el gas mediante tuberías a industrias, viviendas, comercios y estaciones de servicio de la ciudad.

Lo mismo ocurre en Pucallpa. Hay un gasoducto que va desde Curimaná hasta Pucallpa y transporta gas del lote 31-C de Aguaytía. Nos conectaremos a ese gasoducto en Curimaná, Padre Abad y Pucallpa.

—El Colegio de Ingenieros respalda una licitación en lugar de una adenda.

—Licitarlo siempre es una opción válida, así como hacerlo a través de una adenda. El Estado ha evaluado todas las opciones para llevar gas a estas siete regiones, algo que pueden verificar con el MINEM.

Ya hubo una licitación que duró ocho años y no tuvo resultados favorables, porque las tarifas que se tenían que ofrecer en esas regiones habrían sido muy altas si se trataba de una concesión independiente.

Al integrarlo con Lima, las regiones tendrían la misma tarifa de la capital, que es más de 50% menor que el precio del GLP que hoy utilizan, por ejemplo, para cocinar.

—¿La inversión de Cálidda está vinculada a la propuesta de TGP?

—Son procesos absolutamente separados y el Gobierno debe tomar decisiones por separado. Uno no implica el otro.

Nosotros presentamos nuestra propuesta en noviembre de 2023. TGP planteó un proyecto de transporte, no de distribución, por la zona costera del sur, y entendemos que la evaluación del Gobierno todavía está en una etapa inicial.

Que exista un gasoducto no significa que haya gas en las viviendas, los comercios o las industrias. Para eso se necesita un distribuidor. Son proyectos distintos y separados.

Hay espacio para todos: ¿saldrían del Perú sin adenda?

—Al igual que Promigás, ¿Cálidda respalda una tarifa nivelada a nivel nacional?

—Creemos que tener una tarifa igualitaria de energía a nivel nacional es muy importante para el país. Una energía barata en las regiones permite que la industria no se concentre solo en Lima y que puedan instalarse industrias en otras zonas.

El proyecto que hemos presentado ayudaría a que siete regiones adicionales tengan gas natural al mismo precio competitivo de Lima, que es el menor entre las concesiones.

Las otras concesiones del país tienen un problema tarifario que dificulta la instalación de más industrias. Tener energía barata permite instalar industrias y generar empleo en las regiones.

—También hubo resistencias desde el propio sector privado. ¿El gas natural desplaza al GLP?

—Si llega el gas natural, hay un desplazamiento del GLP y de otros combustibles que hoy se utilizan en esas zonas, como las gasolinas y el diésel en el caso industrial o del transporte.

Sin embargo, el GLP también ha crecido en los últimos años, pese a que la masificación del gas natural ya alcanza a más de 2,6 millones de hogares, porque son segmentos que se complementan. El GLP va a seguir llegando a zonas donde el gas natural no va a poder llegar, básicamente por economía de escala.

—¿Continuarían operando en Perú si se les niega la adenda?

—Todavía tenemos un plan en curso. Debemos construir aproximadamente 600 kilómetros de redes. Este año ejecutamos más de 300 kilómetros, con una inversión cercana a USD 200 millones.

Este es el penúltimo plan quinquenal. El último se presentará para el periodo 2030-2034 y allí evaluaremos las inversiones, según las solicitudes de las áreas que aún no tienen cobertura.

En Lima, nos faltan unos 300 kilómetros en zonas de los niveles socioeconómicos C, D y E, sin contar los cerros. También tenemos cerca de mil kilómetros pendientes en zonas A y B, principalmente en San Isidro, Miraflores, Surco y La Molina.

Nos falta llegar al norte chico, sobre todo a Chancay y Huaral. Son zonas que ya hemos evaluado y en las que estamos trabajando.