
La Comisión de Ética del Congreso podría investigar a la diputada de Juntos por el Perú Jacqueline Tapullima por presuntas irregularidades en su declaración jurada de inscripción como candidata, luego de que un peritaje policial, revelado por Cuarto Poder, concluyera que su firma y huella digital habrían sido falsificadas.
Legisladores de distintas bancadas consideraron este lunes que el caso debe ser evaluado en los fueros parlamentarios. El diputado fujimorista Arturo Alegría sostuvo que la Comisión de Ética debería intervenir de oficio si se confirma que la documentación presentada por Tapullima no le corresponde.
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“Si es que ya hay un peritaje y hay una evaluación donde finalmente dan por hecho que la información emitida por la señora ha sido falsificada o no le corresponde a ella, es evidente que la Comisión tendría que actuar de oficio”, declaró.
La parlamentaria ya afronta una investigación en el Ministerio Público por este caso, relacionado con los presuntos delitos de falsa declaración y contra la fe pública. Sin embargo, los cuestionamientos también alcanzan a su despacho congresal.

Testimonios y conversaciones de WhatsApp señalarían que una mujer habría realizado labores en la oficina de Tapullima sin figurar oficialmente como trabajadora del Parlamento.
Al respecto, el congresista Luis Quispe Candia, de la bancada del Buen Gobierno, consideró que cualquier presunta irregularidad debe ser examinada por las instancias correspondientes del Legislativo. “Todo acto irregular, administrativo o legal, debe ser evaluado en el Congreso. Tenemos una comisión de ética para que sancione administrativamente”, manifestó.
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Por su parte, la diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, también defendió que los cuestionamientos contra los parlamentarios sean sometidos a evaluación, independientemente de su posición política.
“Todo parlamentario, y yo siempre lo he dicho, no importa si es de oposición o del oficialismo, tiene la obligación de responder ante cualquier cuestionamiento sobre su actuación en el marco de la legalidad”, afirmó.
De prosperar una investigación en Ética, Tapullima se convertiría en la tercera integrante de Juntos por el Perú sometida a este procedimiento. La bancada ya tiene bajo investigación a sus compañeros Julián Pérez Mallqui, por una denuncia de violencia física y psicológica presentada por su expareja, y Catherine Palomino, señalada por presuntos recortes salariales.
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Consultada por la televisora sobre cómo logró inscribirse si la firma y la huella del documento no le correspondían, la parlamentaria afirmó que esperará el avance de las investigaciones. La diputada enfrenta, además, una pesquisa abierta a fines de mayo por un presunto delito contra la fe pública, sancionado con entre seis y ocho años de prisión.
Al ser consultada nuevamente sobre estos hechos, la congresista se limitó a responder al reportero: “Haga su investigación”. La legisladora no registra estudios superiores, trayectoria partidaria ni postulaciones anteriores. Tampoco consigna ingresos ni propiedades.
Fuentes oficiales consultadas anteriormente por el programa señalaron que su incorporación a la lista habría tenido como único propósito cumplir con el requisito de paridad de género.
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“En todo el tiempo que siempre he estado realizando estas diferentes campañas con la gente que conocemos y no le conocían, tampoco nos sabían. Solamente decían Jackeline, pero no sabíamos quién era”, declaró Victoria Mejía, simpatizante de la agrupación.
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