Gobierno extiende por 60 días el Estado de Emergencia en estos penales de alta peligrosidad

Frente a un hacinamiento del 156% y la operación de redes de extorsión y sicariato tras sus rejas, las fuerzas del orden cercarán un radio de 200 metros en los exteriores para frenar el ingreso de armas, tecnología clandestina y atentados con explosivos

INPE traslada a internos de alta peligrosidad a penales de mayor seguridad.
INPE traslada a internos de alta peligrosidad a penales de mayor seguridad.
Guardar

El Gobierno peruano decidió mantener la intervención de las fuerzas del orden en los penales más críticos del país. A través del Decreto Supremo Nº 148-2026-PCM, publicado recientemente, se dispuso la extensión del Estado de Emergencia por 60 días más, a partir del 5 de noviembre de 2026, en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad: Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.

La medida responde a una solicitud directa de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), respaldada por informes de inteligencia que detallan un escenario de riesgo extraordinario. Según el documento oficial, existe un hacinamiento crítico del 156% y una brecha operativa preocupante: un solo agente de seguridad custodia, en promedio, a 45 internos.

PUBLICIDAD

A esto se suma la concentración de presos vinculados a delitos graves. Solo en Miguel Castro Castro y Ancón I se encuentran 559 internos procesados o sentenciados por extorsión, y 59 por sicariato, además de cabecillas de organizaciones criminales trasnacionales.

El decreto subraya que, durante la vigencia de la medida anterior, las vulnerabilidades en los mecanismos ordinarios de control persistieron. Las requisas revelaron la continua presencia de artículos prohibidos: se incautaron 60 armas blancas, 28 equipos celulares, siete routers y diversas sustancias ilícitas.

Este panorama, similar a un colador donde las prohibiciones se filtran constantemente, sustentó la necesidad de mantener el régimen de excepción para fortalecer la actuación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la PNP y las Fuerzas Armadas.

PUBLICIDAD

Varios reclusos vestidos de blanco están sentados de espaldas y esposados en un patio frente a guardias uniformados
Agentes penitenciarios vigilan a un grupo de reclusos esposados en el patio del penal de varones de Trujillo, en Perú. (Presidencia de la República)

Restricciones y operativos permanentes

Durante este nuevo periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, mientras que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo en la protección del perímetro exterior circundante, hasta un radio de 200 metros. En esta franja de intangibilidad, se ha detectado la proliferación de instalaciones informales, lo que incrementa el riesgo de filtraciones y vulnera la seguridad penitenciaria.

La prórroga implica la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales para quienes ingresen a los penales o transiten por su perímetro. Sin embargo, el decreto especifica que estas medidas no afectan los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso de la población penitenciaria.

Las operaciones conjuntas incluirán el control estricto de acceso de todas las personas, operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM, teléfonos y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. Además, se intensificarán las acciones de inteligencia para prevenir fugas, alteración del orden y actividades delictivas coordinadas desde el interior de los penales.

La Policía Nacional del Perú deberá presentar un informe detallado de los resultados obtenidos dentro de los cinco días posteriores a la culminación de este nuevo Estado de Emergencia, una medida que busca recuperar el control absoluto de los recintos que albergan a la población penal de mayor riesgo en el país.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD