Gobierno prorroga por 60 días más el estado de emergencia en centros penitenciarios de alta peligrosidad

El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad desde el 5 de noviembre de 2026, ante la persistencia de riesgos de fugas, delitos y alteraciones del orden interno, según indicó en un decreto supremo publicado hoy por la Presidencia del Consejo de Ministros.

El documento difundido en el Diario El Peruano indica que la medida alcanza a los centros penitenciarios Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, además de una franja de 200 metros alrededor de cada establecimiento.

Hacinamiento y presencia de organizaciones criminales transnacionales

El escenario que motivó la prórroga incluye un hacinamiento de 156% y una brecha de seguridad en la que un agente debe custodiar, en promedio, a 45 internos. La Policía Nacional del Perú solicitó mantener las medidas tras evaluar la situación de los centros que concentran a la población penitenciaria considerada de mayor riesgo.

Miguel Castro Castro y Ancón I concentran 559 de los 1.037 internos procesados o condenados por extorsión en Lima y Callao. Ambos establecimientos también albergan a 59 de los 88 reclusos registrados por sicariato en el área metropolitana.

La evaluación policial reportó la presencia de cabecillas de organizaciones criminales transnacionales, así como detecciones reiteradas de celulares, dispositivos de comunicación, sustancias ilícitas y armas punzocortantes. También registró atentados con artefactos explosivos en los accesos de Ancón I y Miguel Castro Castro.

La zona exterior de los establecimientos presenta otro riesgo: se identificaron asentamientos e instalaciones informales ubicadas junto a las cárceles, a menos de 200 metros, pese a la franja de intangibilidad establecida alrededor de los recintos. El estado de emergencia incorpora ese perímetro hasta un radio de 200 metros desde los límites externos.

Durante la vigencia del régimen anterior, las autoridades incautaron 60 armas blancas, 28 teléfonos celulares, 7 routers y sustancias ilícitas. Esos resultados confirmaron que persistían vulnerabilidades en los mecanismos ordinarios de control, de acuerdo con el decreto publicado por el diario oficial.

Operativos policiales y apoyo de las Fuerzas Armadas

La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, mientras las Fuerzas Armadas apoyarán la protección de los perímetros y las áreas de intangibilidad. La PCM informó que las operaciones también contemplarán requisas para decomisar teléfonos, tarjetas SIM, armas blancas y otros objetos prohibidos.

Los operativos podrán incluir el control de ingreso de todas las personas a los establecimientos, la vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato, además de acciones de inteligencia destinadas a prevenir fugas, actos que alteren el orden y actividades delictivas.

El Instituto Nacional Penitenciario conservará la administración y custodia de los cinco penales. Las intervenciones conjuntas con la Policía y las Fuerzas Armadas deberán ajustarse a los principios de legalidad, unidad de acción, necesidad, proporcionalidad y respeto de los derechos fundamentales.

Durante la prórroga se restringe o suspende el ejercicio de los derechos a la libertad de tránsito, reunión, libertad y seguridad personales para quienes ingresen a los establecimientos o circulen por el perímetro fijado. Las medidas aplicables a los internos seguirán sujetas al Código de Ejecución Penal y no podrán afectar sus derechos a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso.

Al concluir el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú deberá remitir al Ministerio del Interior, dentro de los 5 días hábiles siguientes, un informe detallado sobre las acciones ejecutadas y sus resultados.