
La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga y el excandidato presidencial Carlos Álvarez por los delitos de acoso y coacción, luego de que ambos formularan expresiones con connotación sexual contra el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo. El escrito fue ingresado a la fiscalía de turno del distrito de Lurín, según confirmó el procurador público del JNE, Ronald Angulo.
Mediante el canal oficial del JNE, el procurador Angulo explicó que la denuncia responde a las declaraciones del pasado 24 de octubre durante una presentación pública en el distrito limeño de Lurín, donde Álvarez usó las mismas expresiones que usó hace unos meses López Aliaga sobre introducir un “morrocoy” a Burneo, en referencia a una agresión sexual.
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Imágenes del acto, grabadas el sábado 24 de octubre y difundidas en redes sociales días después, muestran a Carlos Álvarez retomar los dichos de López Aliaga mientras cinco niños que acompañaban a ambos en el estrado observaban la escena. “Rafael le quería meter morrocoy por el poto porque el poto de Burneo es un ánfora”, dijo el comediante, mientras el exalcalde reía.
Las expresiones originales de López Aliaga datan de abril de 2026, cuando el entonces candidato presidencial de Renovación Popular exigió a Burneo declarar la nulidad de las elecciones bajo una advertencia que distintos sectores políticos interpretaron como una amenaza de agresión sexual. El procurador Angulo señaló que la reiteración de estos dichos, meses después y por una segunda persona, constituye un patrón y no un hecho aislado.
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Angulo explicó que la Procuraduría Pública del JNE consideró que las expresiones excedieron el margen de la crítica legítima a un funcionario público y afectaron la tranquilidad personal y la libertad de Burneo como representante de la institución electoral. “El derecho de uno termina donde comienza el derecho de otra persona”, afirmó tras confirmar que, a su consideración, se cruzó una línea.
El procurador recordó que el Tribunal Constitucional ya estableció la diferencia entre la crítica legítima contra funcionarios públicos y las expresiones vejatorias que pueden afectar derechos fundamentales.
Además, según Angulo, las declaraciones de López Aliaga y Álvarez buscarían además condicionar las decisiones de Burneo como magistrado del JNE. Esto en referencia a la decisión que deberá tomar el tribunal electoral respecto a los primeros regidores electos que fueron alcaldes en el periodo anterior.
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Pronunciamiento
Tras conocerse las imágenes del 24 de octubre, el JNE emitió un pronunciamiento oficial en el que calificó las expresiones de Álvarez como contrarias a los límites de la discrepancia política. La institución señaló entonces que este tipo de manifestaciones contribuye a deteriorar el debate público y anunció que pondría los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

En ese mismo comunicado, el organismo electoral adelantó que trasladaría el caso a su Procuraduría Pública para que esta evaluara las acciones legales pertinentes dentro de su ámbito de competencia.
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El procurador Ronald Angulo indicó que la denuncia fue presentada ante la fiscalía de turno de Lurín, que deberá evaluar la apertura de una investigación contra ambos excandidatos.
Las expresiones de abril de López Aliaga ya habían generado el rechazo de distintos actores políticos antes de la denuncia penal. La excongresista Susel Paredes calificó entonces las palabras del líder de Renovación Popular como una “amenaza de violación vestida de suprema vulgaridad”. Por su parte, la diputada Indira Huilca las consideró uno de los episodios “más repudiables” protagonizados por el exalcalde y señaló: “No recuerdo a un personaje político amenazar con una agresión sexual a un funcionario”.
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