La violencia criminal contra los trabajadores del transporte público continúa cobrando vidas en Lima Metropolitana. Entre enero y el 27 de octubre de 2026, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 164 atentados contra transportistas, que dejaron 93 personas fallecidas y otras 124 heridas. Las cifras reflejan el impacto de las organizaciones criminales que amenazan a empresas y conductores para exigirles pagos a cambio de permitirles trabajar.
El registro fiscal también comprende los ataques ocurridos desde 2024 hasta el 27 de octubre de 2026. Durante ese periodo se reportaron 291 atentados, con un saldo de 188 personas fallecidas.
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Yape, Plin y cobros en paraderos: así operan las organizaciones criminales
El modus operandi de las organizaciones criminales dedicadas a extorsionar a los transportistas ha cambiado durante los últimos meses. Jorge Chávez, fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, explicó que las bandas utilizan diferentes mecanismos para recaudar los cupos exigidos a las empresas y conductores.
Entre las modalidades identificadas figuran las transferencias mediante billeteras digitales, como Yape y Plin, así como los cobros directos en los paraderos. En este último caso, integrantes de las organizaciones criminales acuden durante las primeras horas de la mañana para exigir el dinero a los conductores conforme salen las unidades a cumplir sus recorridos.
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El representante del Ministerio Público advirtió sobre el volumen económico que puede alcanzar esta actividad ilícita. Según estimó, cada organización criminal podría movilizar entre 3 y 4 millones de soles.
Fiscalía y Policía desarticularon 16 organizaciones criminales
Frente al avance de las extorsiones, la Fiscalía contra el Crimen Organizado ha reforzado el trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú. Como resultado de estas intervenciones, se logró desarticular 16 organizaciones criminales que operaban en Lima Norte y el norte chico.
Asimismo, 130 investigados afrontan prisión preventiva por su presunta vinculación con estas estructuras delictivas, según la información difundida.
Pese a estos resultados, los transportistas manifiestan que todavía no se sienten protegidos frente a las amenazas. Durante los testimonios recogidos por el reportaje, algunos conductores expresaron su preocupación por salir a trabajar sin saber si regresarán a sus hogares.
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Pese a estas intervenciones, los conductores entrevistados por el noticiero 24 Horas de Panamericana manifestaron su preocupación por las amenazas que reciben durante sus jornadas laborales. Uno de ellos expresó su temor ante la falta de garantías para trabajar: “Estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa”, declaró.
Otro transportista explicó que deben destinar parte de sus ingresos al pago de cupos. Al ser consultado sobre cuánto entregan, respondió: “Nosotros nos llevamos como 20 soles diario”.
Los últimos atentados
La violencia contra los trabajadores del transporte público también alcanzó al Callao el 29 de octubre, cuando dos conductores fueron atacados a balazos en distintos puntos de la provincia constitucional.
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El primer atentado ocurrió en la avenida Comandante Pérez Salmón, donde dos sujetos armados dispararon contra la cabina de una cúster de la empresa JD. El conductor, identificado como Edson Ramos, de 42 años, recibió dos impactos de bala y fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.
Sus familiares señalaron que la empresa habría sido víctima de extorsiones y que presuntamente realizaba pagos a una organización criminal.
Ese mismo día, un colectivero fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta en la avenida Colonial, en el distrito de Bellavista. Los atacantes dispararon contra el conductor, quien habría recibido cuatro impactos de bala y fue evacuado al Hospital Daniel Alcides Carrión.
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Este segundo atentado ocurrió después de la difusión de un presunto comunicado extorsivo atribuido a la organización denominada ‘Callao Unido’, en el que se exige a los conductores el pago de S/ 10 por cada unidad y se advierte sobre represalias contra quienes se nieguen a cumplir con la cuota.
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