Diputados de Juntos por el Perú plantean amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas tras golpe de Estado de 2022

La bancada de Juntos por el Perú presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que podría beneficiar al expresidente Pedro Castillo y a otras personas investigadas, procesadas o condenadas por hechos vinculados a la crisis política y social iniciada en 2021. La iniciativa contempla el mensaje del 7 de diciembre de 2022 y casos derivados de protestas y movilizaciones.

El texto fue impulsado por la congresista Catherin Palomino Casavilca y plantea que el beneficio alcance hechos ocurridos desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigencia de una eventual ley. La propuesta incluye casos en diligencias preliminares, investigación preparatoria, juicio, apelación y ejecución de sentencia.

Según la fórmula legal, la amnistía extinguiría la acción penal y las penas, incluidas medidas de seguridad y sanciones accesorias. También podría dejar sin efecto órdenes de detención, prisión preventiva, requisitorias y antecedentes policiales, judiciales y penales derivados de los hechos que queden comprendidos.

La propuesta plantea amnistiar hechos vinculados a la crisis política desde 2021

La iniciativa sostiene que su finalidad es contribuir a la pacificación y reconciliación ante la crisis política y social que se intensificó con los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022 y las movilizaciones posteriores en el país.

El documento señala que busca impedir el uso del derecho penal contra el ejercicio de derechos como la reunión pacífica, la libertad de expresión y la participación política. Para ello, cita disposiciones de la Constitución, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El proyecto precisa que la amnistía se concedería por hechos y no por personas determinadas. Por ello, podría alcanzar a cualquier implicado cuya conducta se ajuste a los supuestos previstos, con independencia de su cargo, función o situación procesal.

Además, la medida no supondría un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los beneficiarios ni eliminaría su derecho a la presunción de inocencia. Quienes prefieran que la justicia resuelva el fondo de sus casos podrían renunciar expresamente al beneficio antes de que la autoridad competente emita una decisión.

Proyecto de Juntos por el Perú plantea amnistía que alcanzaría a Pedro Castillo

Uno de los capítulos de la propuesta concede amnistía por actos previos, preparatorios y posteriores vinculados directamente con el discurso emitido por Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció su intención de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción.

El alcance comprende la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento y ejecución administrativa del mensaje. El texto plantea que la medida sea aplicable sin importar la calificación jurídica atribuida a los hechos.

La fórmula legal también incluye a todas las personas que hubieran intervenido en esos actos, en cualquier grado de autoría o participación. Por ese motivo, la propuesta podría alcanzar al exmandatario y a otros investigados o procesados por hechos relacionados con el mensaje presidencial.

Sin embargo, el proyecto excluye los casos que involucren genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos. La lista incluye homicidios dolosos, lesiones graves dolosas, violencia sexual, tortura y desaparición forzada.

Protestas, bloqueos y daños figuran entre los hechos que podrían ser amnistiados

La segunda parte de la iniciativa se concentra en protestas, marchas, paros, huelgas, movilizaciones y otras acciones colectivas desarrolladas durante el período establecido. También incluye bloqueos de vías, tomas de espacios o locales públicos y actividades de convocatoria, organización, difusión o coordinación de estas acciones.

Entre los delitos que podrían quedar comprendidos están los disturbios, la perturbación de la tranquilidad pública, el entorpecimiento de servicios públicos, los daños, la usurpación y la violencia o resistencia a la autoridad. En este último supuesto, el beneficio solo operaría si no se produjeron lesiones graves.

La propuesta también menciona imputaciones por extorsión vinculadas a bloqueos o toma de locales, siempre que no existiera una finalidad de lucro. Asimismo, podría alcanzar casos de organización criminal o banda criminal cuando la imputación se base en la convocatoria, coordinación o financiamiento con recursos lícitos de las protestas.

Quedarían fuera los delitos cometidos con fines de lucro o venganza personal, el uso de armas de fuego, explosivos o material de uso militar, además de actividades como tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, contrabando y lavado de activos.

La amnistía tampoco incluiría a funcionarios públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional investigados por el uso de la fuerza durante operaciones de control del orden público. El proyecto mantiene vigentes las investigaciones y procesos por muertes, lesiones y otras graves violaciones de derechos humanos atribuidas a agentes estatales.

De aprobarse la norma, fiscales y jueces podrían aplicarla de oficio o a pedido de parte. La iniciativa plantea un plazo de diez días hábiles para resolver cada solicitud y dispone que el Instituto Nacional Penitenciario ejecute una excarcelación dentro de las 24 horas posteriores a la notificación judicial, salvo que el beneficiario tenga otro mandato de prisión vigente.