Gobierno crea comisión para revisar el Nuevo Código Procesal Constitucional y proponer reformas

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformó, mediante una resolución ministerial publicada hoy 27 de octubre en el Diario Oficial El Peruano, un grupo de trabajo sectorial encargado de revisar la Ley N° 31307, el Nuevo Código Procesal Constitucional, y proponer un proyecto de ley con reformas.

De acuerdo con la resolución, la iniciativa surge a 5 años de la entrada en vigencia de la norma, que regula los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad y los conflictos de competencia previstos en la Constitución.

La resolución, firmada por el ministro Ernesto Álvarez, establece que el grupo de trabajo tendrá carácter temporal y dependerá directamente de la cartera de Justicia. Según el documento, la medida responde a la necesidad de “fortalecer y actualizar las normas adjetivas” contenidas en el código, en atención a los desarrollos jurisprudenciales, doctrinales y normativos registrados desde su promulgación en 2021.

Los miembros

El grupo de trabajo estará conformado por 4 autoridades del sector Justicia. Lo presidirá el viceministro de Justicia y la integrarán el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria y el procurador público especializado en materia constitucional. Todos ejercerán sus funciones ad honorem y podrán designar representantes alternos dentro de un plazo de 2 días hábiles tras la publicación de la norma.

La resolución también habilita al grupo a convocar, con acuerdo previo de sus integrantes, a instituciones públicas o privadas, especialistas y profesionales externos que puedan aportar al objetivo de la revisión. Asimismo, lo faculta para requerir información a otras entidades públicas y privadas durante el desarrollo de sus funciones.

Entre sus atribuciones, el grupo deberá realizar una revisión integral de la Ley N° 31307, consolidar los aportes que formulen instituciones, la academia y la sociedad civil, y formular finalmente el proyecto de ley con las modificaciones propuestas. También tendrá la obligación de presentar reportes mensuales al ministro de Justicia sobre los avances de su trabajo.

La Secretaría Técnica del grupo quedó a cargo de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, que brindará apoyo administrativo y técnico. Al término de su vigencia, ese organismo deberá remitir al ministro un informe final con el análisis de la norma vigente y las propuestas de reforma. La instalación del grupo deberá producirse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación de la resolución, y sus sesiones podrán realizarse de manera presencial o virtual.

El grupo de trabajo tendrá una vigencia de seis meses desde su instalación, con posibilidad de prórroga por períodos similares o menores mediante una nueva resolución ministerial.

También revisan las leyes “procrimen”

En agosto pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un grupo de trabajo sectorial encargado de revisar la normativa vigente en materia de criminalidad y proponer reformas legislativas.

El grupo estuvo presidido por el viceministro de Justicia, Juan Falconi Gálvez, junto al viceministro de Derechos Humanos, Gonzalo Muñoz Hernández; el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay; y el director de Asuntos Criminológicos, Edward Vega Rojas. La integración de Falconi generó cuestionamientos, ya que fue apartado días antes de la Procuraduría General del Estado por incompatibilidad legal y presidió en 2017 la comisión que agilizó el indulto a Alberto Fujimori.

La comisión se instaló el 27 de agosto con presencia de representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público. Tuvo una vigencia inicial de 30 días hábiles, prorrogables, y deberá enviar informes mensuales de avance al ministro.

El grupo de trabajo culminó su trabajo a inicios de octubre, según informó el abogado Carlos Caro; sin embargo, de momento, aún no se presenta algún proyecto de ley.