Fiscalía Suprema ordena investigar a la procuradora general María Caruajulca por no hacer su trabajo

La Primera Fiscalía Suprema en lo Penal ordenó el inicio de una investigación preliminar contra la procuradora general del Estado, María Caruajulca, por la presunta comisión del delito de omisión de denuncia en agravio del Estado. La decisión anuló el archivo liminar que había dispuesto meses antes la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

En la disposición difundida por El Comercio y a la que accedió Infobae, el fiscal supremo provisional Boris Olivera Espejo declara fundado el requerimiento de elevación de actuados y dispuso la nulidad de la disposición del pasado 6 de febrero, que había archivado la denuncia contra Caruajulca por presuntamente no haber denunciado a la excongresista Kelly Portalatino por supuesto peculado. Las investigaciones preliminares, por un plazo de 60 días, quedarán a cargo del fiscal supremo titular Juan Carlos Villena.

Villena desestimó la denuncia argumentando que la Procuraduría General del Estado puso en conocimiento de la Fiscalía de la Nación la presunta comisión de peculado de uso por parte de la entonces congresista Kelly Portalatino. Esa comunicación no fue mediante una denuncia forma, sino mediante un oficio firmado por el director de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal de la PGE. Con base en ese documento, la fiscalía de origen concluyó que Caruajulca había dado cumplimiento a su deber funcional y descartó la existencia de una omisión de denuncia.

Sin embargo, el fiscal Olivera Espejo consideró que equiparar el oficio de traslado con el cumplimiento del deber funcional de la procuradora de denunciar a altos funcionarios, vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones, lo que tornó ineficaz el archivo liminar.

También se determinó que el archivo no evaluó si Caruajulca efectuó algún requerimiento previo de información ni si instruyó a la Procuraduría Pública del Congreso para actuar en defensa del Estado, aspectos que consideró necesarios para establecer si se configuró la acción esperada del sujeto activo.

Con ese razonamiento, la Primera Fiscalía Suprema Penal concluyó que los hechos denunciados no fueron dilucidados a través de diligencias mínimas y que correspondía iniciar investigaciones preliminares, antes de emitir un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad de la procuradora.

El caso de Kelly Portalatino

Según la denuncia contra Caruajulca, la procuradora general del Estado no cumplió con denunciar a la excongresista Jelly Portalatino a raíz del reportaje donde se expuso que su coordinador parlamentario Luis Solís Rodríguez realizaba coordinaciones para afiliar militantes al partido Perú Libre a cambio de puestos de trabajo en el Estado, utilizando recursos públicos y en horario laboral.

Los hechos fueron inicialmente calificados como peculado de uso, en agravio del Estado representado por la Procuraduría General del Estado (PGE). El proyecto de denuncia elaborado por el abogado Percy Dayan Peñaloza Arias, locador de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal de la PGE, se formuló bajo esa figura penal.

Sin embargo, Caruajulca desechó sin motivo, según la denuncia, el proyecto de denuncia y, en su lugar, solo se dispuso comunicar a la Fiscalía de la Nación sobre los hechos mediante un oficio.