
La diputada Catherine Palomino, integrante de la bancada de Juntos por el Perú, fue acusada por un exasesor de exigir presuntos porcentajes a alcaldes y gobernadores regionales a cambio de gestionar recursos para obras públicas. Frente a ello, otros parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular expresaron su rechazo y pidieron que se realice una investigación sobre el caso en la Comisión de Ética del Congreso.
En caso de que se formalice esta denuncia, la legisladora podría afrontar una segunda carpeta en este grupo de trabajo, pues ya cuenta un proceso por supuestos recortes salariales a trabajadores de su despacho.
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Piden investigación en Ética
El congresista Aldo Bravo, de Renovación Popular, pidió que la Comisión de Ética procese a Palomino por las acusaciones de su exasesor. “Para mí, como diputado, me causa una absoluta indignación, porque es una cosa asquerosa venir a decir que en el Perú hay que cobrarle un porcentaje a los señores alcaldes, a las autoridades, para que sus proyectos salgan adelante”, declaró a Panamericana.
Por otro lado, el congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, cuestionó las acusaciones y afirmó que estos episodios afectan la imagen del Parlamento. Mientras que la diputada Gianina Avendaño, de Juntos por el Perú, defendió a su colega de bancada e indicó que las acusaciones deben probarse porque involucran la honra de las personas.
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“Lo que se observó es que es el dicho de una persona que le está imputando acusaciones bastante graves y que van a tener que demostrarse, porque finalmente se juega con la honra de las personas”, indicó en contacto con la prensa.
Avendaño sostuvo que corresponde presumir la inocencia de cualquier integrante del Congreso frente a acusaciones de delitos. “Sí, de cualquiera de nosotros, que nos imputen cualquier tipo de delitos”, respondió al ser consultada sobre la situación de Palomino.
La acusación sobre porcentajes para proyectos regionales
Los señalamientos incluyen gastos personales, viáticos y compromisos políticos que, según el excolaborador, eran cubiertos con dinero de los empleados. El extrabajador afirmó que conserva conversaciones e instrucciones atribuidas a Palomino y que está dispuesto a entregarlas a las autoridades, de acuerdo con Panorama.
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El exasesor sostuvo que alcaldes y gobernadores acudían al despacho para solicitar gestiones de proyectos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Según su relato, esas intervenciones derivaban en un cobro para la congresista y su entorno.
“El negocio es acá así: vienen otras personas, alcaldes o gobernadores regionales. ¿Qué hacemos nosotros? Gestionamos. Al momento de gestionar estos proyectos, a nosotros nos cae un porcentaje. Ese es el verdadero negocio del Congreso”, declaró el excolaborador, quien aseguró que la propia Palomino le explicó ese mecanismo.
Uno de los casos mencionados está vinculado al proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Capillas Norte, en el distrito de Capillas, provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica. La municipalidad habría pedido a la legisladora gestionar una ampliación presupuestaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas, pese a que la obra registraba un avance casi nulo.
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Panorama mostró una conversación en la que un trabajador del despacho informaba sobre una comunicación con el alcalde Walter Bravo y el envío de un oficio al ministerio. Para el exasesor, ese tipo de gestiones formaba parte del supuesto esquema de cobros.
La denuncia también incluye pagos a representantes de comunidades. El extrabajador citó un mensaje dirigido a Palomino en el que se advertía que el presidente de la comunidad de Santa Rosa reclamaba un apoyo de S/ 500 que, según el chat, se le había prometido.

La respuesta atribuida a la legisladora fue: “Soluciona”. El exasesor afirmó que los desembolsos se hacían en efectivo y que los trabajadores recibían instrucciones sobre cuánto entregar a cada visitante, con la promesa de que luego serían reembolsados.
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Gastos atribuidos al despacho parlamentario
El exasesor afirmó que los colaboradores usaban parte de sus remuneraciones para cubrir compromisos y gastos vinculados con la congresista. Entre los desembolsos que mencionó figura el alquiler de una camioneta por S/ 2.000, luego de que el vehículo que utilizaban para trasladar a Palomino presentara problemas.
Según su versión, la diputada le pidió que asumiera ese gasto junto con otro trabajador. También aseguró que pagó alimentos, viáticos, carteles para una oficina de enlace congresal y recibos de agua y electricidad del local.
El extrabajador dijo haber sido una persona de confianza de Palomino desde el inicio de su labor parlamentaria. Añadió que se encargaba de trasladarla en sus visitas al penal de Barbadillo, donde permanecía recluido el expresidente Pedro Castillo.
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La legisladora negó por escrito que el excolaborador la hubiera acompañado durante su semana de representación. Sin embargo, el programa presentó fotografías publicadas en las redes sociales oficiales de Palomino en las que ambos aparecen durante actividades realizadas en Huancavelica.
Palomino también difundió capturas de conversaciones para sostener que los gastos de sus trabajadores eran pagados de inmediato. El exasesor rechazó esa explicación y sostuvo que cubrió obligaciones que no le correspondían y que los montos no fueron devueltos.
“Tengo mis pruebas. Todo lo que con ella he hablado, todo lo que ella me mandó hacer”, afirmó. La diputada rechazó las acusaciones sobre gastos asumidos por sus empleados y aseguró que ninguno utilizó dinero de su bolsillo.
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La legisladora declaró haber trabajado en el Colegio de Arquitectos del Perú en Huancavelica durante el período 2022-2023. La institución informó que no registra un vínculo laboral con Palomino en esos años.
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