Ley MAPE sin salida: 22 millones de hectáreas ocupadas y modelo defendido por MINEM dejan fuera del mapa a mineros del REINFO

La nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que el Gobierno envió al Congreso busca cerrar el Reinfo y ordenar la formalización minera. Sin embargo, la propuesta deja sin respuesta una pregunta central: dónde podrán operar legalmente los pequeños mineros si en Perú existen 22 millones de hectáreas concesionadas.

Según CooperAcción, el proyecto concentra sus medidas en plazos, registros, fiscalización, trazabilidad y apoyo técnico, pero no modifica las reglas que mantienen a los mineros artesanales y pequeños productores sujetos a los dueños de las concesiones. Para la organización, sin cambios en ese punto, la formalización seguirá entrampada.

José de Echave, investigador de CooperAcción, sostiene que los mineros que quieren formalizarse no pueden operar sin un contrato de explotación o cesión. Esos acuerdos dependen de los titulares de los derechos mineros, que no tienen obligación de otorgarlos.

¿Incentivos sin obligación de abrir las concesiones?

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) plantea que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) termine el 31 de diciembre de 2026. Luego entraría en vigencia un régimen de consolidación para los inscritos que aún tengan pendientes requisitos de formalización.

Ese régimen funcionaría entre el 1 de enero de 2027 y el 30 de junio de 2028. El objetivo es que los operadores completen las exigencias para ingresar al régimen ordinario.

El proyecto también crea el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), una entidad adscrita al Minem que tendría competencias sobre autorizaciones, evaluación ambiental, trazabilidad, fiscalización y asistencia técnica.

El Gobierno afirma que no se trata de otra ampliación del Reinfo. El problema, según CooperAcción, es que el nuevo régimen vuelve a extender un proceso excepcional sin resolver el obstáculo que impide a muchos operadores formalizarse: el acceso a concesiones.

La Ley MAPE mantiene el control de las áreas en manos de los concesionarios

La propuesta prevé incentivos para que los titulares de concesiones suscriban contratos de explotación con operadores MAPE. Entre las medidas figuran pagos reducidos por derecho de vigencia, exoneraciones de penalidades y la eventual utilización de derechos mineros extinguidos.

El problema, según De Echave, es que esos mecanismos no cambian la regla central: ningún concesionario estará obligado a facilitar el acceso a sus áreas.

De acuerdo con las cifras que maneja CooperAcción, 22 millones de hectáreas, equivalentes al 17% del territorio peruano, están concesionadas.

El 1% de los titulares concentra más de la mitad de esa extensión. De ese total, unas tres millones de hectáreas se destinan a exploración, explotación, plantas de beneficio, prospección o cierre de minas.

El 17% del territorio está concesionado y solo una parte tiene actividad minera

La diferencia entre las áreas bajo concesión y las que tienen actividad minera sostiene el cuestionamiento de CooperAcción.

La organización propone discutir mecanismos para que los mineros que cumplan requisitos ambientales, tributarios, laborales y de seguridad puedan operar en zonas que no tienen uso efectivo, sin que ello dependa únicamente de un acuerdo privado con el titular del derecho minero.

El planteamiento forma parte de las 10 tesis sobre minería artesanal, pequeña minería, informalidad e ilegalidad presentadas por CooperAcción. El documento advierte que el Estado todavía trata a la MAPE como un sector marginal, pese a que la producción informal, artesanal e ilegal ya tiene un peso determinante en el mercado del oro.

Bajo esa lectura, una política pública centrada solo en registros y plazos no responde a la dimensión económica, territorial y ambiental del problema.

La Ley General de Minería, el debate que la propuesta evita

Finalmente, De Echave considera que la discusión debe llegar a la Ley General de Minería, que regula el otorgamiento, mantenimiento y extinción de concesiones. Sin una revisión de ese marco, afirma, la formalización seguirá condicionada por la voluntad de los concesionarios.

También cuestiona la capacidad del Estado para ejecutar la política propuesta. El presupuesto de 2027 para minería y formalización superaría ligeramente los S/14 millones, frente a una actividad que, según sus estimaciones, mueve cerca de USD 15 mil millones.

Con todo, el Congreso de la República deberá definir si aprueba la Ley MAPE antes del vencimiento del Reinfo o si vuelve a discutir una prórroga.