Pensión mínima para peruanos: ¿cuáles son las condiciones que fija el nuevo reglamento y desde cuándo se empezaría aplicar?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que lleguen a la jubilación con un fondo insuficiente podrán solicitar una pensión mínima de S/ 600 mensuales, siempre que cumplan las condiciones previstas en la reforma previsional. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) aprobó el reglamento operativo que define el trámite para acceder a este beneficio dentro del pilar semicontributivo.

La medida alcanza a los afiliados de las administradoras privadas de fondos de pensiones que, pese a haber aportado durante un período prolongado, no reúnan en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) el dinero necesario para financiar una jubilación de S/ 600. En esos casos, el sistema prevé un complemento estatal para llegar al monto fijado por la norma.

El procedimiento forma parte de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que creó el Sistema Integral Previsional Peruano. La norma incorporó un pilar semicontributivo con prestaciones mínimas y proporcionales para afiliados del sistema nacional y privado que reúnan los requisitos establecidos.

Las solicitudes podrían empezar en febrero de 2027

La puesta en marcha no será inmediata. Las entidades administradoras de fondos, entre ellas las AFP, y la ONP cuentan con un plazo de hasta 100 días hábiles para adecuar sus sistemas, procesos de evaluación y canales de atención. Si utilizan el período completo, los primeros pedidos podrían presentarse desde febrero de 2027.

El afiliado deberá iniciar el trámite ante la entidad que administra su fondo. Esa empresa revisará la información previsional, verificará los aportes registrados y calculará las Unidades de Aporte (UdA) efectivas. Luego remitirá el expediente a la ONP, que tendrá a su cargo la evaluación final y la decisión sobre el acceso a la prestación.

La nueva pensión será pagada en 12 mensualidades al año. El reglamento también contempla jubilaciones proporcionales para quienes no completen los 20 años de aportes. Quienes acrediten entre 10 y menos de 15 años podrán acceder a S/ 300 mensuales, mientras que quienes sumen entre 15 y menos de 20 años podrán solicitar una pensión de S/ 400.

El requisito central es acreditar 240 Unidades de Aporte

Para obtener la pensión mínima de S/ 600, el afiliado debe acreditar al menos 240 Unidades de Aporte, equivalentes a 20 años de contribuciones. Una UdA representa, en términos generales, un mes de aporte previsional reconocido por el sistema. Las fracciones también pueden computarse bajo las condiciones fijadas por la regulación.

La acreditación de aportes será determinante para los trabajadores con períodos de informalidad, empleo temporal o cambios frecuentes de empleador. El sistema deberá revisar los depósitos realizados, las remuneraciones declaradas y las eventuales diferencias entre los registros de las empresas y la información disponible en la cuenta individual del afiliado.

Además de cumplir con el tiempo de aportación, el solicitante deberá tener 65 años, haber cesado en el trabajo si laboraba como dependiente y no percibir una pensión por derecho propio. La evaluación también determinará si el saldo acumulado en la CIC permite financiar una prestación igual o superior al monto mínimo previsto.

Los retiros de fondos pueden cerrar el acceso al beneficio

Otro requisito impide el acceso a quienes hayan retirado dinero de su Cuenta Individual de Capitalización desde la entrada en vigor de la Ley 32123. La restricción busca evitar que los recursos destinados a financiar la jubilación sean retirados antes de alcanzar la edad de retiro y, después, sean reemplazados por recursos públicos.

La regla adquiere relevancia en un país donde los retiros extraordinarios de fondos previsionales redujeron los saldos de numerosos afiliados. Para quienes evalúan retirar parte de sus ahorros, el nuevo esquema plantea una consecuencia directa: la disposición de esos recursos puede impedir el acceso posterior a la garantía estatal de una pensión mínima.

El reglamento dispone que el beneficio se aplica cuando el fondo disponible no alcanza para financiar la pensión correspondiente. La evaluación no se limita a verificar los años de aporte. También considera el dinero existente en la cuenta, el cálculo de la prestación que podría financiarse con ese saldo y las condiciones previsionales del solicitante.

La cobertura estatal exige reglas claras sobre financiamiento

El pilar semicontributivo establece que el Estado debe completar la diferencia cuando el fondo individual resulta insuficiente. No obstante, el funcionamiento del mecanismo dependerá de la coordinación entre las entidades administradoras, la ONP y las áreas encargadas de garantizar los recursos públicos necesarios para pagar la prestación.

El reglamento define la ruta administrativa para solicitar y evaluar el beneficio, pero persisten interrogantes sobre los tiempos concretos para transferir o habilitar los fondos que cubran la diferencia entre el ahorro acumulado y la pensión garantizada. Esa precisión será relevante para evitar que una persona reconocida como beneficiaria enfrente demoras en el inicio de sus pagos.

La ONP deberá emitir una resolución tras revisar cada expediente. Si acepta la solicitud, los fondos de la cuenta individual pasarán al sistema que financiará la prestación semicontributiva. El afiliado recibirá una pensión definitiva bajo las reglas del nuevo régimen y no podrá recuperar posteriormente los montos transferidos para ese fin.

La educación financiera deberá empezar antes de la vida laboral

La implementación de la pensión mínima también vuelve a poner en discusión la falta de educación previsional. Muchos trabajadores desconocen cuánto aportan, qué efecto tienen los períodos sin contribuciones y de qué forma un retiro anticipado puede reducir sus ingresos al momento de jubilarse.

La información debería llegar antes de que las personas ingresen al mercado laboral. Los colegios pueden incorporar contenidos básicos sobre ahorro, presupuesto, empleo formal, aportes obligatorios y planificación de largo plazo. El objetivo es que los jóvenes comprendan que una pensión depende de decisiones tomadas durante varias décadas.

El reto también incluye ampliar la inscripción de los peruanos en un sistema de pensiones y reducir los períodos sin aportes. La pensión mínima de S/ 600 ofrece una red de protección para quienes cumplen las condiciones, pero su alcance dependerá de que los trabajadores mantengan continuidad en sus contribuciones y preserven sus fondos para la vejez.