
El fiscal supremo Juan Carlos Villena solicitó al fiscal de la Nación, Tomas Gálvez, autorización para procesar penalmente a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, por presunta aceptación ilegal del cargo y omisión de consignar declaraciones, alternativamente falsa declaración en procedimiento administrativo.
Según el informe 1-2026-MP-FN-FSEDCFP al que accedió Infobae, para el fiscal a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos existen suficientes elementos de convicción para que se formalice la investigación preparatoria contra Caruajulca y responda ante el Poder Judicial.
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En esta carpeta fiscal se le imputa a Caruajulca Quispe haber presentado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una declaración jurada en la que habría omitido deliberadamente consignar que tenía un proceso penal pendiente en agravio del Estado, dato que estaba obligada a declarar conforme lo establece el decreto legislativo que creó la Procuraduría General del Estado. Sin ese requisito estaba impedida de asumir el cargo de procuradora general.

El proceso penal que habría omitido declarar es que en donde fue hallada responsable penalmente por omisión de funciones, al dilatar la entrega de información de acceso público pese a mandatos del Tribunal de Transparencia cuando era procuradora de la Municipalidad de Comas. La reserva del fallo condenatorio se emitió en enero y, meses después, fue revocada.
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La Fiscalía remarca que la propia declaración jurada que María Caruajulca presentó incluía una nota bajo juramento donde reconocía estar sujeta a sanciones penales en caso de falsedad. Para el fiscal, esto prueba que conocía con precisión el requisito que estaba incumpliendo.
Según la Fiscalía, pese a conocer el impedimento legal, Caruajulca aceptó y asumió el cargo de procuradora general del Estado, hecho que se materializó con la Resolución Suprema N.° 042-2022-JUS. Luego, al ser repuesta en el cargo por mandato del Poder Judicial, la investigada seguía sabiendo que no cumplía con el requisito legal, lo que configuraría un “doble dolo” en su accionar.
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“Estando a que existen elementos suficientes para atribuir a María Aurora Caruajulca Quispe en su calidad de Procuradora General del Estado, la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de omisión de consignar declaraciones en un documento, alternativamente por falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado, en concurso real con el delito cometido por funcionario público en la modalidad de aceptación ilegal de cargo público, todo en agravio del Estado; corresponde solicitar autorización a la Fiscalía de la Nación, para la formalización de la investigación preparatoria”, se lee en el informe.

Caruajulca le huye a la Fiscalía
Según consta en el documento, María Caruajulca no rindió su declaración indagatoria ante la Fiscalía Suprema durante la investigación preliminar.
Se programó su declaración para el 9 de junio, pero no acudió. Ese mismo día presentó un escrito solicitando la reprogramación de su declaración. Se fijó su indagatoria para el 26 de ese mismo mes, pero tampoco acudió.
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De acuerdo con el documento, Caruajulca pidió reprogramar diligencias ya que tenía que “atender asuntos institucionales”, pero no acreditó dicha afirmación con ningún sustento documental.
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