Se frustra sesión de la Corte Suprema donde se iba a ver caso contra Pedro Castillo por el golpe de Estado

El golpista expresidente Pedro Castillo deberá seguir esperando en el Penal Barbadillo el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema sobre la sentencia de primera instancia que lo condenó a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Como se recuerda, Castillo –al igual que los también condenados Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta– apeló la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Dicha apelación, antes de ser resuelta, debe ser calificada por la Sala Suprema Penal Permanente.

La referida sala suprema había programado la calificación de los recursos de apelación para hoy miércoles 23 de setiembre a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, ayer, la jueza suprema provisional Araceli Baca Cabrera informó que estaría impedida de participar y solicitó su inhibición.

Baca Cabrera, si bien integra la Sala Penal Transitoria, fue convocada para completar la Sala Penal Permanente debido a la licencia de la magistrada María Altabás Kajatt, las vacaciones de la magistrada Sara Maita Dorregaray y el impedimento del juez Edhin Campos Barranzuela.

Debido a que la magistrada requirió ser apartada del caso de Pedro Castillo, se dejó sin efecto la sesión y se dispuso correr traslado a las partes sobre este pedido, según la resolución a la que accedió Infobae.

La inhibición será finalmente resuelta el 1 de octubre a las 9:00 de la mañana.

Con esto, se podría aplazar un par de semanas, incluso meses, la emisión del pronunciamiento final de la Corte Suprema en el caso del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Luego de resolverse la inhibición, la Sala Penal deberá volver a programar fecha para calificar las apelaciones. Si son declaradas bien concedidas, se deberá fijar fecha para la audiencia donde se debatirá el fondo del recurso. Tras el debate, se fijará otra fecha para la lectura de la sentencia de segunda instancia.

Como se recuerda, Pedro Castillo, así como sus coacusados, solicitan que se les absuelva de todos los cargos.

Busca su libertad por todos los medios

En paralelo al proceso penal, la defensa de Pedro Castillo busca por todos los medios posibles su libertad. Intentaron sin éxito que el Gobierno de José María Balcázar le conceda un indulto o gracia presidencial. Ahora invocan un cuestionado informe de la ONU para exigir su excarcelación.

En junio de 2026, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió un informe de 19 páginas en el que calificó como “arbitraria” la detención de Castillo, ocurrida el 7 de diciembre de 2022. El organismo recomendó al Estado peruano su liberación inmediata y el pago de una indemnización. Su análisis cuestiona el procedimiento de vacancia presidencial —señala que el Congreso adelantó la sesión sin las 26 firmas reglamentarias ni notificación al entonces mandatario— y sostiene que no se respetó el antejuicio político ni el derecho a un juicio justo.

En agosto, el exministro de Defensa Walter Ayala presentó un hábeas corpus a favor de Castillo, invocando ese informe para pedir su libertad inmediata y la nulidad de la vacancia, el levantamiento del antejuicio, ambas prisiones preventivas y la condena de 11 años y cinco meses por conspiración para la rebelión.

Sin embargo, e Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda. Se determinó que la opinión del Grupo de Trabajo “no constituye una decisión de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado peruano” y que su detención no derivó de una flagrancia, sino de una condena judicial de fondo.

La defensa apeló, y el 10 de septiembre la Primera Sala Constitucional de Lima realizó la audiencia de apelación, que quedó al voto pendiente de resolución.