
La violencia dentro de las escuelas peruanas alcanzó en 2026 su nivel más alto para los primeros ocho meses del año desde que existen registros en la plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación (Minedu). Entre enero y agosto se contabilizaron 11.805 reportes de violencia escolar, una cifra que marca un incremento frente a los años anteriores y que está impulsada principalmente por las agresiones entre estudiantes.
De ese total, 8.156 reportes corresponden a hechos de violencia entre escolares, frente a los 6.880 registrados durante el mismo periodo de 2025. El aumento es de 18,5% en un año. Dentro de esta categoría, los casos de violencia sexual tuvieron el mayor crecimiento, con 35,4% más reportes; las agresiones físicas aumentaron 16,5% y las psicológicas, 15,3%.
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El registro muestra así una problemática que no se limita a las peleas que pueden ocurrir dentro de un salón o durante el recreo. Los reportes incluyen situaciones de bullying, acoso, agresiones sexuales y ciberacoso, por lo que algunos episodios pueden continuar incluso fuera del colegio o trasladarse a redes sociales y otras plataformas digitales.
Violencia ejercida por personal de colegios también aumentó
Los estudiantes no solo aparecen como víctimas de agresiones cometidas por sus propios compañeros. Entre enero y agosto de 2026, SíSeVe registró 3.649 reportes de violencia ejercida por personal de las instituciones educativas contra estudiantes, frente a los 3.579 contabilizados durante el mismo periodo de 2025.
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Aunque el incremento es mucho menor que el registrado entre escolares —70 reportes adicionales—, la cifra evidencia que este tipo de violencia tampoco ha logrado una reducción. Del total registrado este año, 1.972 reportes corresponden a violencia psicológica, 861 a violencia sexual y 816 a violencia física.

La diferencia adquiere relevancia por el rol que cumplen docentes y trabajadores de los colegios, quienes tienen bajo su responsabilidad la formación y cuidado de los estudiantes. Los reportes comprenden situaciones denunciadas por alumnos, familiares u otros integrantes de la comunidad educativa y deben ser investigados para determinar las responsabilidades correspondientes.
Salud mental afectada
El impacto de estas situaciones no termina necesariamente cuando concluye una agresión. Un estudio de la DREM y la Escuela de Carácter y Ciudadanía señala que el 36% de los estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana presenta problemas de salud mental y requiere atención médica.
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La investigación identifica entre los factores de riesgo la convivencia escolar y el bullying. La exposición a situaciones de acoso puede estar relacionada con la aparición de problemas como depresión y ansiedad en adolescentes que son víctimas de estas conductas.

Los casos reportados durante 2026 permiten observar algunas de las consecuencias más graves. En Huancayo, un escolar de 13 años murió tras ser atacado con un arma blanca por otro estudiante. Su familia había señalado antecedentes de bullying y el menor había sido cambiado de colegio.
En Arequipa, un adolescente de 16 años terminó con cortes en el rostro luego de ser presuntamente atacado por sus excompañeros durante una fiesta. Uno de ellos habría utilizado un vaso de vidrio. Su madre aseguró que el menor sufría acoso desde marzo y que sus antiguos compañeros continuaron hostigándolo incluso después del cambio de institución educativa.
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También en Huancayo, un estudiante de 16 años del colegio Mariscal Castilla habría sido atado de pies y manos con cintas de embalaje, amordazado y golpeado por dos compañeros. El ataque habría sido grabado en video y estaría relacionado con un supuesto reto. La familia denunció el hecho y la UGEL Huancayo anunció una intervención en el plantel.
Otro caso registrado en San Juan de Lurigancho involucró a un escolar que terminó en una unidad de cuidados intensivos después de ser golpeado y apuñalado por otros menores cerca de su institución educativa.
La sucesión de estos episodios muestra que detrás de los miles de reportes registrados por SíSeVe existen situaciones de distinta gravedad, algunas de las cuales terminan en lesiones graves e incluso en la muerte de un estudiante. El desafío para las instituciones educativas no pasa únicamente por atender la agresión una vez ocurrida, sino por identificar las señales de acoso y activar oportunamente los mecanismos de protección establecidos por el Minedu.
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