Caso Innova Schools en Ate Vitarte: Alcances penales ante denuncias de presuntos tocamientos indebidos

Las autoridades educativas de una de las sedes de la cadena de colegios Innova Schools vienen siendo cuestionadas tras la denuncia de una madre que acusó a cuatro alumnos de sexto grado de realizar presuntos tocamientos indebidos contra su hijo de diez años en el baño de la institución.

El hecho, que habría ocurrido el miércoles 1 de julio, desató protestas de padres y una investigación que puso en marcha la Fiscalía. La dimensión penal de este caso pone bajo escrutinio los procedimientos y responsabilidades legales en instituciones educativas.

Delitos y figuras penales: lo que establece la ley

El abogado penalista Rolando Bazán explicó que, si la investigación corrobora los hechos, la figura penal predominante sería el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores de catorce años, contemplado en el artículo 176-A del Código Penal.

“La calificación jurídica definitiva corresponde al Ministerio Público, que debe determinarla en función de las pruebas que se obtengan durante la investigación”, señaló Bazán en entrevista para Infobae Perú.

El especialista recordó que no toda denuncia se traduce automáticamente en una imputación penal: se requiere evidencia suficiente y la determinación del tipo penal más adecuado según los hechos.

Cuando la supuesta víctima de un delito sexual es un niño, la Fiscalía debe actuar de manera inmediata. Bazán precisó que uno de los pasos clave es la entrevista única en Cámara Gesell, diseñada para evitar la revictimización del menor. Además, la autoridad dispone evaluaciones médico-legales y psicológicas, recopila pruebas materiales como videos de seguridad y coordina acciones con la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos.

¿Qué sucede cuando los presuntos autores también son menores?

El caso cobra mayor complejidad porque los señalados como responsables también son adolescentes. Según Bazán, el hecho de que los presuntos autores sean menores no garantiza impunidad.

“Actualmente, las medidas socioeducativas previstas en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes ya se aplican, aunque el procedimiento sigue rigiéndose por el Código de los Niños y Adolescentes en tanto no entre plenamente en vigencia la nueva normativa”, explicó.

Entre las sanciones posibles figuran desde amonestaciones hasta la internación en centros especializados, siempre bajo el criterio del juez y de acuerdo con la gravedad de los hechos.

El letrado advirtió que, si se demuestra que alguna autoridad del colegio tuvo conocimiento de los hechos y no activó los protocolos ni informó de inmediato a las autoridades, podría enfrentar procesos administrativos y disciplinarios.

“Dependiendo de las circunstancias, la Fiscalía podría evaluar una eventual responsabilidad penal, pero no se trata de una consecuencia automática”, puntualizó el penalista.

Protocolos inmediatos que debe activar la institución educativa

Ante una denuncia de abuso sexual en una escuela, la prioridad es la protección del menor. Bazán recomendó que el colegio comunique los hechos sin demora a la Fiscalía, la Policía y las autoridades educativas, preserve la evidencia disponible y otorgue apoyo psicológico a la víctima y su familia. Además, la institución debe activar los protocolos dispuestos por el Ministerio de Educación para casos de violencia escolar.

“No corresponde que la investigación penal sea reemplazada por pesquisas internas que pongan en riesgo la obtención de pruebas”, subrayó.

Durante la investigación, tanto la víctima como los presuntos implicados cuentan con garantías procesales. El menor tiene derecho a protección integral, confidencialidad y atención psicológica, además de participar en el proceso por mecanismos como la Cámara Gesell. Los señalados como responsables mantienen la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y al debido proceso.

Enfatizó que toda decisión judicial debe basarse únicamente en pruebas obtenidas de manera lícita y respetando los derechos de ambas partes.

Para las familias que enfrentan situaciones semejantes, aconsejó denunciar los hechos de inmediato ante la Policía o la Fiscalía, reservar cualquier evidencia, solicitar atención médica y psicológica para el menor y activar las medidas de protección legalmente previstas.

El caso en Innova Schools generó protestas y críticas de padres sobre la respuesta del colegio. En las últimas horas, la Fiscalía abrió investigación por presuntos actos de connotación penal (violación sexual).