Hasta 6 mil bodegas podrían cerrar sus puertas en Perú durante 2026 por el impacto de la criminalidad, las extorsiones y las dificultades para acceder a financiamiento formal. La proyección parte de estimaciones del Centro de Estudios de la Mype, difundidas por la Asociación de Mujeres Bodegueras.
El cobro de cupos aparece como uno de los principales problemas para los pequeños comercios. El pago exigido por grupos delictivos se convierte en un gasto adicional para establecimientos que operan con márgenes reducidos y que, en algunos casos, deben decidir entre asumir las amenazas o abandonar sus negocios.
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Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios Mype y asesor de AGREMUB, señaló que el número de cierres podría duplicar el registrado durante el año previo. Según las cifras compartidas por especialistas y gremios empresariales vinculados al sector, entre 3.000 y 3.500 bodegas cerraron durante 2025.
La situación también alcanza a otros pequeños negocios considerados “puerta a calle”. Hermoza estimó que entre 15% y 20% de estos establecimientos paga cupos y calculó que el dinero destinado a estas exigencias podría ubicarse entre 1,5 millones y 2 millones de soles por semana.
Extorsiones presionan las finanzas de los pequeños comercios

Daniel Hermoza explicó que la criminalidad incrementó la tendencia al cierre de bodegas. El especialista también vinculó esta situación con los préstamos informales conocidos como “gota a gota”, que representan otra fuente de presión financiera para los pequeños empresarios.
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El cálculo sobre el pago de cupos permite dimensionar el impacto económico de las extorsiones. De acuerdo con Hermoza, entre 15% y 20% de las empresas “puerta a calle” paga estas exigencias. El monto semanal estimado se sitúa entre S/1,5 millones y S/2 millones.
El especialista precisó que estos pagos buscan evitar atentados por parte de organizaciones delictivas. Para negocios pequeños, el desembolso constante puede comprometer recursos destinados a la compra de mercadería, el pago de servicios o los gastos familiares.
El financiamiento informal suma otro riesgo

El escenario también incorpora los efectos asociados al fenómeno El Niño. Daniel Hermoza explicó que este factor puede incrementar la presencia del crédito informal, en particular entre las micro y pequeñas empresas del norte del país.
Según el especialista, ante el mayor nivel de riesgo que enfrentan las MYPE en esa zona, las entidades bancarias reducen su oferta de préstamos. Esta menor disponibilidad de financiamiento formal puede llevar a los comerciantes hacia mecanismos de crédito con condiciones más perjudiciales.
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El problema no se limita a las consecuencias directas de la extorsión. La combinación entre menor acceso al crédito formal y mayor presencia de préstamos informales agrega una dificultad financiera para negocios que ya enfrentan pagos vinculados a la seguridad.
Testimonios recogidos en el material periodístico muestran el temor de los propietarios ante posibles amenazas. Una comerciante consultada señaló: “Por los extorsionadores, ¿no? Sí, a veces he pensado cerrar el negocio”.
Otro testimonio expuso la dimensión económica de las exigencias. Una fuente indicó: “Para poder juntar esa cantidad de dinero era, ni vendiendo toda la bodega, pues te permitía poder cumplir esos montos”.
Los cierres también afectan a comerciantes que utilizan sus propios domicilios como establecimientos. Una bodeguera explicó: “Mi bodega es donde yo vivo, trabajo, es, es mi sostén, todo, de mi familia, de mi esposo y mis hijas. De eso vivimos día a día”.
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Denuncias terminan archivadas, según representante del sector
La respuesta frente a las extorsiones constituye otro de los reclamos expuestos en los testimonios. Un representante del sector sostuvo que las denuncias presentadas por los comerciantes no avanzan en las investigaciones.
“Pero lamentablemente lo que vemos nosotros es que, este, las denuncias, todas hasta ahorita, todas las denuncias que hemos puesto, ninguna ha sido de investigación, la mayoría han sido archivadas”, declaró la fuente.
El material también identifica a San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Independencia y Comas entre los distritos donde más se registraron amenazas contra bodegueros.
A los problemas de seguridad y financiamiento se suman, según Daniel Hermoza, las trabas normativas de los municipios y el poco apoyo de los gobiernos locales. El especialista ubica estos factores dentro del conjunto de dificultades que enfrentan las micro y pequeñas empresas dedicadas al comercio de barrio.
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