El Gobierno prepara espacios militares en Ancón para recibir a presos por delitos menores, como parte de una estrategia orientada a reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país. Los ambientes se ubican en un terreno en desuso del Ejército, donde antes funcionó la Escuela de Blindados.
La iniciativa contempla el traslado de internos condenados por incumplimiento de obligaciones alimentarias, robos menores y otros delitos considerados de menor peligrosidad. El objetivo es separar a esta población de los reclusos investigados o sentenciados por crimen organizado, sicariato, extorsión y otros delitos de mayor gravedad.
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“Ellos irán a cuarteles, irán a hangares, irán a trabajar, irán a hacer talleres”, afirmó una autoridad durante la presentación de la medida.
El Ejecutivo plantea que estas instalaciones permitan aplicar actividades laborales y de capacitación para los internos que sean trasladados.
Las imágenes difundidas desde la Escuela de Infantería de Ancón muestran galpones con techos de calamina, camas camarote, ventanas pequeñas y áreas que requieren adecuaciones para funcionar como espacios de reclusión.
El proyecto contempla la instalación de servicios básicos, iluminación, control de accesos y zonas diferenciadas para los internos.
“No, básicamente donde funcionaba la escuela de blindados en Ancón. Ahí estamos acondicionando varios espacios”, explicó un vocero sobre la ubicación elegida a ATV Noticias. El lugar forma parte de los predios que el Estado evalúa para ampliar temporalmente la capacidad de albergue del sistema penitenciario.
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Gobierno evalúa otros terrenos militares ante el hacinamiento penitenciario
La propuesta surge en un contexto de sobrepoblación en las cárceles. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) citadas en el informe, los 69 penales del país tienen capacidad para 41.764 personas, mientras la sobrepoblación alcanza el 156%. También se informó que más de 39.000 internos permanecen sin sentencia.
Entre los establecimientos con mayor presión figura el penal de Huancavelica, con 344 internos pese a que su capacidad es de 60. En Castro Castro, la sobrepoblación supera los 5.000 presos, de acuerdo con los datos expuestos.
La habilitación de espacios castrenses forma parte de un plan que incluye requisas en penales, participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y el anuncio de cárceles de máxima seguridad. El Gobierno plantea reservar los penales de mayor control para criminales considerados de alto perfil, como Jhonsson Pulpo o Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo.
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Los internos trasladados a Ancón permanecerían bajo custodia y con reglas específicas de disciplina, aunque el informe no precisó el número de plazas que tendrá el recinto ni la fecha de inicio de los traslados. Tampoco detalló si la administración corresponderá al INPE, al Ejército o a un esquema conjunto.
La autoridad señaló que el uso de terrenos militares permitiría ampliar la fiscalización del sistema penitenciario. “De esa manera nos permite una mayor posibilidad de fiscalizar los penales y ahí nuestras fuerzas armadas también van a participar”, sostuvo.
El Ejecutivo tampoco descarta emplear otros predios del Ejército que estén abandonados o sin actividad operativa. Cada alternativa requerirá evaluaciones sobre infraestructura, seguridad, abastecimiento de agua, servicios de salud y transporte para personal, internos y operadores judiciales.
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