Plan del Gobierno contempla hangares militares para reclusos de mínimo riesgo penitenciario

El Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, evalúa trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad a hangares militares en desuso, como parte de una estrategia para reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

La propuesta contempla acondicionar estos espacios para recibir a personas que no hayan cometido delitos violentos y permitir que el personal penitenciario concentre sus labores en quienes representan un mayor riesgo.

La iniciativa fue explicada en un informe difundido por Panamericana TV en el que se detalló que la eventual implementación de estos recintos no consistiría únicamente en instalar camas y servicios básicos. Las instalaciones tendrían que ser adaptadas para cumplir condiciones mínimas de seguridad, atención y funcionamiento similares a las de un centro penitenciario.

En ese contexto, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Wilfredo Pedraza, consideró viable utilizar esta medida, sin embargo, sostuvo que sería necesario ejecutar obras específicas antes de recibir a los reclusos.

“Habilitar cuarteles o hangares militares en desuso me parece una idea perfecta. Solo que para ello se va a requerir, por lo menos, dos acciones: hacer proyectos de inversión de corto plazo para que esos hangares o cuarteles militares en desuso puedan ser habilitados para servicios, agua, desagüe, comedores, patios, sistema de rejas, etcétera”, declaró al programa 24 horas.

Pedraza explicó que estas modificaciones demandarían recursos y una planificación previa. De acuerdo con lo señalado en el informe, la adecuación podría tomar entre seis meses y un año, debido a la necesidad de implementar áreas de visitas, espacios comunes, servicios sanitarios y mecanismos de vigilancia.

Por su parte, el almirante Jorge Moscoso Flores, exministro de Defensa, advirtió, ante las cámaras del citado medio, que convertir una instalación militar en un espacio penitenciario requiere un diseño integral.

El entrevistado precisó que otro aspecto que deberá definirse es quién tendrá la responsabilidad sobre los internos. Pedraza remarcó que la administración de las personas privadas de libertad corresponde al sistema penitenciario y no a las Fuerzas Armadas.

“(Deben) Manejados por personal penitenciario. No podrían ser manejados por militares. La ley no lo permite”, afirmó a Panamericana TV. Según explicó, los efectivos castrenses podrían participar eventualmente en labores de control perimétrico, pero no asumir la conducción cotidiana de los reclusos.

La propuesta apunta principalmente a internos de mínima peligrosidad o vinculados con delitos que no impliquen violencia. Entre ellos se encuentran quienes cumplen prisión por omisión de asistencia familiar. Según el Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026 había 2.672 personas recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1.962 con sentencia efectiva.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ministerio de Defensa coordina la habilitación de hangares en desuso para concretar esta alternativa. La clasificación de los internos, las condiciones de infraestructura y el esquema de seguridad serán determinantes para definir qué personas podrían ser trasladadas.

El paquete anunciado también incluye restricciones a beneficios vinculados con la terminación anticipada en casos de extorsión, sicariato y secuestro. Además, se plantea una participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los penales, ante el déficit de agentes del INPE. Con ello, el personal penitenciario podría concentrarse en las labores de seguridad y control dentro de los establecimientos.