Usura congresal: Fuerza Popular blinda el pedido para eliminar topes a tasas de interés y gana dos días en la Comisión de Economía

La bancada oficialista evalúa presentar un informe en minoría luego de que la Comisión de Economía recomendara rechazar el pedido de facultades solicitadas por el Ejecutivo, en línea con otros seis grupos parlamentarios

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La Comisión de Economía planteó una opinión técnica no favorable para las 16 materias económicas y sumó otro pronunciamiento adverso al pedido del Poder Ejecutivo.
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La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados postergó para el miércoles 16 de septiembre la votación del informe que recomienda declarar inviable el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo en los 16 asuntos examinados por ese grupo de trabajo.

La decisión obedeció al pedido de las bancadas de Gobierno de ampliar el debate frente al rechazo total planteado por la comisión, que se sumaría a las opiniones desfavorables ya emitidas por Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo; Ciencia; y Justicia y Derechos Humanos.

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Durante la sesión, la diputada de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, propuso un cuarto intermedio para revisar el informe y debatir las propuestas de manera separada. La solicitud no prosperó, pero el grupo de trabajo reprogramó la votación.

Barbarán cuestionó que la comisión pasara de anunciar una revisión técnica y punto por punto a recibir un documento que recomienda negar todas las facultades bajo su competencia.

“No nos están pidiendo un debate político, sino técnico. Me sorprende que la semana pasada se hablara de la urgencia de esta comisión para debatir punto por punto y que ahora el informe que nos enviaron concluya que no resulta viable otorgar facultades en ninguno de los extremos”, afirmó.

El informe consultivo revisó 16 pedidos vinculados con materias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La recomendación fue emitir una opinión técnica no favorable en todos ellos:

  • Formalización de micro y pequeñas empresas y fortalecimiento del factoring.
  • Financiamiento del emprendimiento innovador y los bionegocios.
  • Transferencias financieras para los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) públicos.
  • Transferencias regionales voluntarias a ProInnóvate.
  • Modernización societaria y régimen de sociedades por acciones cerradas simplificadas.
  • Títulos de cosecha y financiamiento agrario.
  • Mecanización y financiamiento de activos productivos.
  • Fondo para el desarrollo de la pesca artesanal.
  • Eliminación o modificación del tope a las tasas de interés.
  • Finanzas abiertas e inclusión financiera.
  • Participación y financiamiento de la remediación ambiental.
  • Ejecución de asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
  • Permisos y exenciones para proyectos de infraestructura.
  • Integración de los regímenes tributarios empresariales.
  • Modernización aduanera y facilitación del comercio.
  • Ampliación y simplificación de obras por impuestos.

El debate por las tasas de interés dividió a la comisión

El pedido para eliminar los topes a las tasas de interés concentró parte de la discusión. El Ejecutivo busca retirar disposiciones incorporadas por la Ley 31143, conocida como ley contra la usura, que fijó límites para los intereses de créditos otorgados por entidades del sistema financiero, como los bancos.

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El presidente de la comisión, José Marcelo Salazar, defendió el informe desfavorable y cuestionó uno de los argumentos del Ejecutivo para eliminar el tope a las tasas de interés.

Según la exposición de motivos del MEF, tras la vigencia del límite, los créditos se concentraron cerca del máximo de 114%. Salazar rebatió que las series históricas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no confirman esa premisa.

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José Marcelo Salazar sostuvo que los datos de la SBS no respaldan la posición del MEF sobre el efecto del tope a las tasas de interés y citó casos como Banco Azteca y Banco Compartamos.

De acuerdo con el diputado, el Ejecutivo solo tomó como referencia los créditos de consumo, microempresa y pequeña empresa, aunque el sistema registra ocho categorías.

Según explicó, las tasas promedio de esos segmentos en bancos, financieras y cajas municipales se mantuvieron “claramente por debajo” del tope vigente, incluso antes de que entrara en vigor la Ley 31143.

Salazar reconoció que en el pasado existieron operaciones con intereses superiores a 114%, e incluso citó programas de crédito del desaparecido Banco Azteca con tasas de hasta 300%. Pero afirmó que esos casos no bastan para justificar una eliminación general del límite.

También atribuyó parte del aumento estadístico de las tasas en el segmento de microempresas al ingreso de Banco Compartamos, una entidad que, según dijo, aplica intereses más altos por asumir una cartera con mayor riesgo.

Salazar indicó que sus colocaciones representan 1,25% del total del sistema y remarcó que el crecimiento de la morosidad obliga a las entidades a realizar provisiones, lo que reduce sus ganancias.

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La eliminación del límite a las tasas de interés fijado por la Ley 31143 concentró buena parte del debate sobre las facultades legislativas del Poder Ejecutivo.

El informe será remitido a Constitución si Economía lo aprueba

Por su parte, la también diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, cuestionó que el informe recomendara rechazar el pedido en bloque, sin abrir la discusión de cada propuesta. A su salida del hemiciclo, la abogada incluso cuestionó un presunto bloqueo de las facultades por parte de las “bancadas de izquierda”.

“No vamos a estar de acuerdo con todo, pero el informe demuestra que no ha habido intención de llegar a consensos. Si hubiera existido esa voluntad, habríamos comenzado a votar artículo por artículo, que es lo que el pueblo peruano esperaba”.

A su turno, Barbarán propuso discutir por bloques los asuntos con menos consenso, entre ellos las tasas de interés, la creación de productos financieros y la remediación ambiental. La legisladora sostuvo que esa fórmula permitiría acelerar el análisis y una eventual votación. Finalmente, la sala decidió postergar la votación.

Vale precisar que la opinión de la Comisión de Economía no es vinculante. Si el informe se aprueba el miércoles 16, será enviado a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, que deberá elaborar un dictamen sobre el pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días. La decisión final corresponderá al pleno de la Cámara de Diputados.

Trascendió que, ante la falta de consenso y el rechazo planteado por la mesa directiva, las bancadas podrían presentar informes en minoría con propuestas alternativas sobre las facultades solicitadas.

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