Así operaban Los Injertos del Tren, la red que exigía miles de soles mensuales a empresas de transporte

La Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía y organismos de Estados Unidos ejecutaron un operativo contra Los Injertos del Tren, una organización criminal que exigía hasta 10 mil soles mensuales a empresas de transporte de Lima Este, Lima Sur y Lima Norte. La intervención contó con información de inteligencia proporcionada por Homeland Security Investigations (HSI), según informó 24 Horas.

Las diligencias incluyeron detenciones, allanamientos en inmuebles, una intervención en el penal Castro Castro y acciones en un patio de maniobras. Durante el operativo, las autoridades incautaron tarjetas de distintas entidades bancarias, teléfonos celulares, sustancias tóxicas y otros elementos que permanecen bajo investigación.

De acuerdo con el reporte del noticiero, la estructura criminal tenía integrantes con funciones específicas. Entre los implicados figuran un padre y su hijo, una mujer conocida como alias Sheila, el administrador de una empresa de transporte y un ciudadano extranjero con requisitoria por extorsión.

El apoyo de Estados Unidos

Uno de los intervenidos fue Gerardo Quintero Hurtado, alias Colocho, un sujeto extranjero que, según la información policial difundida por 24 Horas, tenía una requisitoria por extorsión. Durante la intervención, Quintero indicó que llevaba cinco años en el Perú.

La Policía Nacional informó que la ubicación de alias Colocho fue posible a partir del trabajo conjunto con Homeland Security Investigations (HSI), organismo vinculado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Un vocero policial señaló que la información obtenida sobre el investigado permitió localizarlo en el inmueble intervenido.

“Este trabajo también se ha venido realizando con apoyo del HSI, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos”, afirmó el representante policial en declaraciones recogidas por el programa. El mismo vocero sostuvo que Quintero Hurtado había pertenecido a Los Malditos de Huáscar.

Durante el procedimiento, los agentes comunicaron a los intervenidos que existía una orden de detención policial por el delito de extorsión. Las acciones se realizaron en el contexto del estado de emergencia mencionado por el personal policial en el lugar.

Los mensajes por WhatsApp

La investigación apunta a que la red enviaba mensajes por WhatsApp a distintas empresas de transportes para exigir pagos extorsivos. La mujer identificada como alias Sheila habría cumplido una función directa en esas comunicaciones, según explicó la Policía.

“Directamente le extorsionaba, ¿no? Mandaba los mensajes de WhatsApp a las diferentes empresas, inclusive a farmacias”, indicó el vocero policial sobre la presunta participación de la intervenida.

El grupo exigía montos que alcanzaban 10 mil soles como pago mensual a empresas de transporte de distintos sectores de Lima. El reporte de 24 Horas señaló que las compañías afectadas se encontraban en Lima Este, Lima Sur y Lima Norte.

Las autoridades no detallaron en el material difundido cuántas empresas habrían sido víctimas de las exigencias ni el periodo durante el cual operó la presunta organización. Tampoco precisaron el número total de personas alcanzadas por las medidas limitativas.

Un administrador

La investigación también alcanzó a personas vinculadas con las propias empresas de transporte. Entre ellas figura alias Johnny, quien habría sido captado por la organización criminal, de acuerdo con la información expuesta por la Policía.

El caso incluye además a Orco Patía, administrador de la empresa Santa Catalina. Según el vocero policial, este fue inicialmente encargado de entregar el dinero que la compañía pagaba como consecuencia de las extorsiones.

“Este señor fue encargado en un primer momento a entregar el dinero producto de la extorsión que venía siendo víctima la empresa”, señaló. El representante añadió que, después, el administrador “empezó a tomar decisiones propias, a llevar el dinero por sí solo”.

La información difundida no precisa el destino final de esos pagos ni el monto que habría administrado cada uno de los investigados. Esos elementos forman parte de las pesquisas que continúan a cargo de la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Los allanamientos

Las autoridades extendieron los allanamientos hasta el penal Castro Castro, donde realizaron diligencias vinculadas con la investigación contra Los Injertos del Tren. El operativo también incluyó un patio de maniobras relacionado con el funcionamiento de las empresas de transporte afectadas por las extorsiones.

En los inmuebles intervenidos, la Policía incautó tarjetas bancarias, celulares, sustancias tóxicas y otros objetos que serán analizados dentro de la investigación. El material encontrado busca establecer la conexión entre los investigados, las comunicaciones extorsivas y la circulación del dinero exigido a las empresas.

La operación se ejecutó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía, la División de Investigación de Delitos Transnacionales y Homeland Security Investigations, como parte de las acciones dirigidas contra la presunta red investigada por extorsión.