“Efectivamente, hoy cumplimos un mes que parece un año. Han sido días muy intensos”, así resumió la presidenta Keiko Fujimori su experiencia en el Ejecutivo luego de sus primeros 30 días al mando de un Perú azotado por una ola de inseguridad ciudadana.
Es en este contexto que el Gobierno se enfrenta a uno de sus primeros grandes retos: responder por el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, un hecho que ha puesto en alerta a la ciudadanía, que pide respuestas inmediatas para enfrentar al crimen a nivel nacional.
Todo esto justo cuando el Ejecutivo finalmente presentó un pedido de facultades legislativas ante la Cámara de Diputados del Congreso. El documento de 19 páginas tiene en el primer lugar de su lista de prioridades la lucha contra la inseguridad y lista una serie de 12 medidas que se tomarán para intentar frenar el avance de la criminalidad organizada y la extorsión.
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Este es precisamente el bloque más extenso del pedido, pues concentra cambios en materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria.
Ministros piden la aprobación de facultades
La confirmación del secuestro del empresario identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, la presidenta convocó de emergencia a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde en Palacio de Gobierno. En el encuentro también estuvo presente el titular de la PCM, Luis Galarreta, quien se pronunció públicamente sobre el tema y pidió que el pedido de facultades legislativas sea atendido y aprobado con urgencia en el Congreso.
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“Lo que quiero dejar claro es justamente la necesidad y la urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales. (...) Hay violencia en la ciudad, que es lo que queremos nosotros frenar. Lo segundo también es poder identificar y denominar grupos hostiles a que estas bandas criminales, como grupos terroristas, para que nuestras Fuerzas Armadas puedan tomar acción al respecto. Creo que la delegación de facultades tiene varios aspectos, además de los otros que son importantes, sobre todo el de seguridad ciudadana, que nos puede dar las herramientas para tomar posesión en perímetros de penales, que es algo que ya el ministro de Defensa viene estudiando y avanzando, pero también para que nuestra policía tenga información clasificada de nuestro servicio de inteligencia. Yo espero que esta situación lamentable que estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando, y ese es un mensaje a estos delincuentes. Nosotros como Estado no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando una delegación de facultades y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, indicó Galarreta ante la prensa.
Por su parte, el ministro Marco Vinelli, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), también pidió que el pedido de facultades legislativas sea aprobado y que los ministros recibieron la indicación de la presidenta Fujimori para acudir a la Cámara de Diputados y convencer a los parlamentarios.
“Esperamos que el Legislativo pueda tener nuestro pedido de facultades para poder hacer, eh, estos cambios, estas reformas que necesitamos (...) nosotros en las facultades estamos planteando que nos den la autorización para legislar y denominar a estos criminales como grupos hostiles, para que las fuerzas armadas participen en las cárceles, para que podamos brindarle mayor seguridad a la población (...) la presidenta Fujimori nos ha dicho que tenemos que ir a la Cámara de Diputados a exponer y a convencer a nuestros diputados, que son los representantes hoy día de la sociedad. Y vamos a ir con toda la humildad y explicando caso por caso. Yo insisto, no creo que un diputado hoy día se oponga a que el Ejecutivo pueda ejercer una mayor presencia de nuestra policía y de las fuerzas armadas en el control de la seguridad”
Diputados exigen la salida del general Arriola de la PNP
La discusión sobre seguridad ciudadana no solo se limitó al pedido de facultades para legislar por parte del Ejecutivo, sino también en el trabajo hecho por el Comandante General de la PNP Óscar Arriola.
La bancada de Renovación Popular incluso emitió un comunicado en el que se exigía que el alto mando policial pase a retiro debido a que consideran que durante su gestión no se han producido resultados suficientes. “Lamentablemente pareciera que este señor no ha dado la talla, pues hasta ahí están los resultados. No se tiene acciones concretas frente a la inseguridad”, indicó a Canal N el diputado Edgar Mancha.
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El diputado de Ahora Nación y coronel PNP en situación de retiro, Harvey Colchado, también se mostró a favor del pase a retiro del general Arriola. Por medio de sus redes sociales, el representante del partido indicó que la norma que ahora impide destituir al comandante general fue apoyada por Fuerza Popular.
“General Arriola: no necesita esperar a nadie. La propia Ley 31570 contempla una salida que no depende del Congreso ni de ninguna facultad legislativa: solicitar voluntariamente su pase al retiro”, afirmó el diputado.
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El ataque ocurrió a las 2:47 del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín. Los agresores simularon un operativo policial, ejecutaron a los ocupantes de una camioneta y se llevaron a Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. La PNP apunta a la banda Los Pulpos y reconoció que sabía desde hacía tres meses que se planeaba un secuestro
