Nueve estudiantes de la PUCP enfrentan procesos disciplinarios por protestas: universidad defiende investigación y ofrece justicia restaurativa

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) inició procedimientos disciplinarios contra nueve estudiantes que participaron en las protestas contra el nuevo sistema de escalas. La medida fue comunicada por la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, instancia que atribuyó la apertura de los casos a presuntas infracciones relacionadas con agresiones físicas y daños o uso negligente de infraestructura universitaria.

Los procedimientos corresponden a hechos registrados durante las movilizaciones que tuvieron lugar en los exteriores y en el interior del edificio Dintilhac. Según la información proporcionada por la universidad, la Oficina de Seguridad Integral (OSI) solicitó la investigación en junio de 2026, luego de las protestas protagonizadas por estudiantes.

La decisión generó cuestionamientos de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), debido a su relación con el acuerdo suscrito entre estudiantes y autoridades el 21 de mayo. Ese entendimiento permitió el levantamiento de la movilización después de nueve días de protestas y de la ocupación del primer piso del edificio Dintilhac.

La organización estudiantil sostiene que los nuevos procedimientos contradicen el compromiso de aplicar un enfoque no punitivo frente a los acontecimientos registrados durante aquellas jornadas. Además, cuestionó el uso de determinadas figuras contempladas en el Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la universidad para evaluar acciones vinculadas con protestas.

Secretaría Técnica abre nueve procedimientos disciplinarios

La Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios informó que los nueve expedientes surgieron después de una investigación preliminar solicitada por la Oficina de Seguridad de la Universidad. De acuerdo con la institución, los casos se limitan a dos tipos de presuntas infracciones: agresión física y uso negligente o daño a la infraestructura.

La PUCP también señaló que el derecho a la protesta forma parte de los derechos reconocidos dentro del ámbito universitario. Sin embargo, sostuvo que su ejercicio debe respetar otros derechos y bienes jurídicos, entre ellos la integridad de las personas, la infraestructura y la seguridad de la comunidad universitaria.

FEPUC cuestiona el acuerdo de mayo

La FEPUC sostiene que la apertura de estos expedientes no coincide con los términos acordados entre estudiantes y autoridades en mayo. Para la federación, el compromiso alcanzado después de las movilizaciones debía establecer un tratamiento no punitivo respecto de los hechos ocurridos durante la protesta.

La organización también cuestionó que el Reglamento Unificado contemple figuras como “desorden público” y “limitación de la libertad de enseñanza” para analizar determinadas acciones realizadas durante movilizaciones estudiantiles.

Los nueve casos se suman, según la FEPUC, a los procedimientos iniciados después de la protesta del 30 de marzo en la Facultad de Derecho, durante un debate electoral dentro del campus. La federación sostiene que, con ambos grupos de expedientes, son 18 los estudiantes que enfrentan procesos disciplinarios relacionados con movilizaciones y actos de protesta.

Estudiantes cuestionan reportes de seguridad

Durante una entrevista en el programa Fuerte y Claro, Consuelo Escobar cuestionó la información recopilada por la Oficina de Seguridad de la universidad. Según su declaración, los estudiantes identificaron reportes con detalles sobre sus movimientos durante las protestas y otros registros vinculados con su participación.

Rafael Polar, presidente de la FEPUC, también cuestionó el contenido de los registros. Según explicó, los documentos incluyen imágenes de estudiantes, horarios de ingreso al campus y referencias a sus acciones durante las movilizaciones.

Polar señaló además que uno de los archivos lleva su nombre y contiene información sobre su participación durante las protestas. “No entiendo qué información relevante hay con que yo ejerza mi derecho a la protesta como presidente de la federación, como representante estudiantil, para un informe de seguridad técnico”, declaró.

Rectorado sostiene que el diálogo continúa

Frente a los cuestionamientos de la federación estudiantil, el Rectorado sostuvo que el acuerdo del 21 de mayo continúa vigente. La institución también indicó que mantiene el diálogo con los estudiantes pese al inicio de los procedimientos disciplinarios.

La universidad planteó recurrir a mecanismos de justicia restaurativa como una vía para atender los efectos del conflicto dentro de la comunidad universitaria. Esta propuesta se suma al proceso disciplinario que corresponde a la Secretaría Técnica, según las competencias establecidas en el reglamento institucional.

La FEPUC, por su parte, pidió respaldo de la comunidad universitaria y de organizaciones estudiantiles para su campaña contra lo que considera una persecución de la protesta. Los nueve expedientes continúan dentro del sistema disciplinario de la PUCP.