El diputado José Baella Malca, de Renovación Popular, presentó una iniciativa legislativa que propone modificar diversos artículos del Código Penal con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a delitos considerados de especial gravedad. La propuesta contempla cambios relacionados con el sicariato, la violación sexual, la extorsión y la corrupción de funcionarios.
Según informó Andina Noticias, el proyecto plantea establecer cadena perpetua para los delitos de sicariato y conspiración y ofrecimiento para cometer sicariato, contemplados en los artículos 108-C y 108-D del Código Penal. La iniciativa también propone aplicar esta sanción para determinadas modalidades de violación sexual previstas en los artículos 171, 172 y 174.
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Cadena perpetua
En el caso de los delitos sexuales, la propuesta comprende la violación de una persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, la violación de una persona en incapacidad de brindar su libre consentimiento y la violación de una persona bajo autoridad o vigilancia. La iniciativa busca que estas conductas reciban una sanción acorde con el nivel de afectación de los bienes jurídicos protegidos.
El proyecto también plantea modificar el artículo 200 del Código Penal, referido al delito de extorsión, mediante la incorporación de un nuevo supuesto agravado. De esta manera, se busca reforzar la respuesta penal frente a determinadas conductas vinculadas con la extorsión contra el transporte público.
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Cambios por corrupción
La propuesta legislativa incluye, además, una modificación del artículo 384 del Código Penal, correspondiente al delito de colusión agravada. El objetivo es establecer consecuencias penales más severas para aquellas conductas que constituyan circunstancias agravadas dentro de este delito contra la administración pública.
De acuerdo con la exposición de motivos citada por Andina Noticias, Baella Malca sostiene que las modificaciones permitirían fortalecer la función preventiva y disuasoria de las penas. El documento señala que la medida busca brindar una respuesta proporcional frente a delitos que afectan bienes jurídicos como la vida, la libertad e indemnidad sexual, el patrimonio, la seguridad ciudadana y el correcto funcionamiento de la administración pública.
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Actualmente, el Código Penal ya contempla la cadena perpetua para la violación sexual de menores de 14 años. Asimismo, la Ley N.° 32446, que incorporó el delito de criminalidad sistemática, establece esta sanción para determinados delitos, como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, cuando sean cometidos mediante el uso de determinadas armas, municiones o artefactos explosivos.
Prisión preventiva contra banda de extorsionadores
El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra 15 presuntos integrantes de ‘La red del silencio’, organización investigada por el cobro de cupos a empresas y transportistas en el Callao y Lima Norte. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FISCALIA) del Callao, que atribuye a los imputados los presuntos delitos de organización criminal y extorsión agravada.
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Los investigados —entre ellos Pablo Quezada, Alberto Sevilla, Delia Moreno, Renzo Arcelles y José Tablante, junto a otros diez acusados— habrían exigido pagos diarios de entre S/10 y S/70 por vehículo a conductores, cobradores y propietarios de unidades de transporte. Las amenazas se canalizaban a través de grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales, y podían incluir imágenes de armas de fuego y explosivos. Entre las empresas afectadas figuran TransLima S.A. y Holding Real Express S.A., y la pesquisa identifica más de 190 choferes y unidades perjudicadas en zonas como Oquendo, San Martín de Porres y Los Olivos.
El caso tomó impulso tras un megaoperativo ejecutado el 23 y 24 de junio de 2026 de forma simultánea en Lima, Callao y Chimbote, a cargo del Ministerio Público en coordinación con la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO) de la Policía Nacional del Perú (PNP), que permitió intervenir a 18 personas. Dos de los investigados, Auriani Díaz y César Quezada, recibieron detención domiciliaria con reglas de conducta por tres años. La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Lía Balarezo Ramírez, con el apoyo de los fiscales Helen Lozano, Diego Fuentes y Doris Delgado.
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