Exministra de Educación exige al gobierno de Keiko Fujimori detener la violencia sexual contra niñas awajún y wampis

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Condorcanqui mantiene en alerta a organizaciones indígenas y de la sociedad civil, que reclaman una intervención urgente del Estado peruano. La exministra de Educación Patricia Correa advirtió que las denuncias por estos casos se registran desde el año 2000 y cuestionó la falta de una respuesta efectiva para proteger a las comunidades awajún y wampís.

En diálogo con Exitosa, Correa respaldó una carta pública dirigida al Gobierno de Keiko Fujimori, al Congreso y a las autoridades de Amazonas, en la que se plantean medidas concretas para atender a las víctimas y prevenir nuevos casos. El pedido incluye reforzar los servicios de salud, educación y justicia, garantizar recursos para 2027 y asegurar que la atención estatal considere la lengua y las características culturales de las comunidades indígenas.

Patricia Correa pide una respuesta integral para las víctimas de violencia sexual

Para Patricia Correa, la situación que atraviesa Condorcanqui no puede ser atendida con acciones aisladas ni con intervenciones puntuales. La exministra sostuvo que durante años las denuncias de violencia sexual contra menores no han recibido una respuesta adecuada y que el Estado necesita implementar una política articulada para enfrentar el problema.

Uno de los principales pedidos está relacionado con el acceso a los servicios de salud. Correa planteó una estrategia específica para las víctimas que incluya atención médica y salud mental, debido al impacto que los hechos de violencia pueden generar en niñas, niños y adolescentes.

La propuesta de las organizaciones indígenas contempla una atención sanitaria con enfoque intercultural. Entre las medidas planteadas figuran brigadas fluviales, traductores en lenguas awajún y wampís, atención frente al VIH/SIDA y mecanismos de traslado para quienes necesiten recibir servicios especializados.

La justicia constituye otro de los puntos centrales de la demanda. Correa recordó que en Condorcanqui se necesita contar con personal especializado y recursos suficientes para investigar las denuncias. También mencionó la importancia de garantizar el funcionamiento de la Cámara Gesell, espacio utilizado para recoger el testimonio de menores víctimas de violencia sexual evitando su exposición innecesaria durante el proceso.

La problemática también fue llevada al ámbito internacional. Durante el 196° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, Matut Micaela Impi Ismiño, expuso la situación que enfrentan las comunidades y pidió una respuesta frente a la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas.

En esa instancia se denunció que existen más de 800 casos reportados de violencia sexual contra menores en Condorcanqui y otras zonas de la Amazonía. La representación indígena también vinculó la situación con problemas como la expansión de actividades ilegales y la falta de protección en los territorios ancestrales.

Educación y protección de niñas awajún y wampís: las otras demandas

La educación es otro de los sectores que las organizaciones consideran prioritario para enfrentar la violencia sexual en Condorcanqui. Patricia Correa cuestionó que el Estado aplique los mismos criterios de contratación de docentes en Lima y en comunidades amazónicas donde existen condiciones culturales y territoriales diferentes.

La exministra señaló que es necesario establecer filtros adecuados para el personal que trabaja con menores y garantizar que los docentes estén preparados para desempeñarse en comunidades indígenas. Esto incluye el conocimiento de las lenguas maternas y una formación que les permita detectar situaciones de riesgo y actuar ante posibles casos de violencia.

Correa también puso énfasis en la necesidad de fortalecer la educación sexual integral, tanto para los estudiantes como para los propios docentes. Según explicó, contar con información adecuada puede ayudar a que niñas, niños y adolescentes reconozcan situaciones de violencia y sepan dónde acudir para solicitar ayuda.

Otro punto incluido en las demandas es la revisión del modelo de residencias estudiantiles. Las organizaciones indígenas consideran que separar a los estudiantes de sus familias puede incrementar su vulnerabilidad cuando no existen mecanismos suficientes de supervisión y protección.

Correa mencionó durante la entrevista un reciente caso en el que militares habrían ingresado a una residencia estudiantil y realizado tocamientos indebidos a menores. Según su relato, las estudiantes reaccionaron y evitaron que el hecho avanzara. El episodio, señaló, evidencia las dificultades para garantizar espacios seguros incluso dentro de instalaciones destinadas a la protección y educación de menores.

Entre las instituciones que respaldan las demandas figuran organizaciones indígenas como el Gobierno Territorial Autónomo Awajún, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, AIDESEP y COMUAWUY, además de colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

La carta pública plantea reconocer el papel de las defensoras comunitarias, quienes acompañan a las víctimas y orientan a las familias dentro de sus territorios. Las organizaciones solicitan que estas mujeres cuenten con mecanismos de reconocimiento, registro y coordinación con las entidades estatales.

El documento establece un plazo de 30 días para que las autoridades convoquen una reunión de alto nivel en Condorcanqui con participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Además, solicita que el presupuesto público de 2027 incluya recursos específicos para salud, educación, justicia y protección.

Correa indicó que la carta ya fue remitida al Congreso bicameral, así como a representantes del Ejecutivo, el Gobierno Regional de Amazonas y las autoridades locales. La exministra señaló que el objetivo es que las medidas planteadas sean consideradas dentro de las decisiones presupuestales y de política pública para el próximo año.

Las organizaciones también solicitan sanciones contra los responsables de abusos sexuales, incluyendo el retiro definitivo del servicio de funcionarios o trabajadores de los sectores de salud y educación, así como de miembros de instituciones militares, cuando las investigaciones determinen responsabilidad.

El pedido incorpora además una exigencia para que las víctimas puedan acceder a justicia y protección en su propia lengua, con servicios que tomen en cuenta las particularidades culturales de los pueblos awajún y wampís.