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TC da la razón a Vladimir Cerrón y obliga al Poder Judicial a dejar sin efecto las medidas de detención contra el exgobernador

El Tribunal Constitucional rechazó que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional calificara como “inejecutable” su fallo del 3 de julio.

TC precisa que su fallo tiene cumplimiento obligatorio y deja sin efecto resoluciones contra Vladimir Cerrón (Créditos: Canal N)
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El Tribunal Constitucional (TC) dispuso la ejecución inmediata de la sentencia que dejó sin efecto la prisión preventiva contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al precisar que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional no podía considerar “inejecutable” el fallo emitido el pasado 3 de julio. Con esta decisión, el máximo intérprete de la Constitución integró la parte resolutiva de su pronunciamiento y ordenó que se cumpla sin más dilaciones.

De acuerdo con el documento difundido por Canal N, el colegiado declaró la nulidad de la Resolución 6, emitida el 4 de diciembre de 2025, de la Resolución 4, expedida el 7 de enero de 2026, así como de cualquier otro acto procesal que contradiga la sentencia constitucional. Asimismo, dispuso remitir el expediente al juez encargado de ejecutar el hábeas corpus para que adopte las acciones necesarias y garantice el cumplimiento íntegro del fallo.

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La aclaración del organismo constitucional respondió a la posición asumida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que sostuvo que la decisión del 3 de julio no comprendía dos pronunciamientos posteriores vinculados al mismo proceso. Ante ello, el TC rechazó ese criterio y recordó que su sentencia posee autoridad de cosa juzgada, por lo que resulta obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales.

El tribunal ordenó remitir el expediente al juez de ejecución del hábeas corpus para que cumpla íntegramente la sentencia - Créditos: Andina/Renato Pajuelo.
El tribunal ordenó remitir el expediente al juez de ejecución del hábeas corpus para que cumpla íntegramente la sentencia - Créditos: Andina/Renato Pajuelo.

Según explicó el tribunal, las resoluciones emitidas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 no establecieron una nueva medida coercitiva, sino que únicamente desestimaron solicitudes de variación presentadas por la defensa. En consecuencia, al haber quedado sin efecto la prisión preventiva original por vulneraciones a la debida motivación y al derecho a la libertad personal, las decisiones posteriores también pierden sustento jurídico al depender de la disposición principal.

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Con el objetivo de evitar nuevas interpretaciones, los magistrados acordaron integrar expresamente la parte resolutiva de la sentencia constitucional. De esa manera, dejaron establecido que las resoluciones cuestionadas carecen de validez, al igual que cualquier disposición incompatible con la libertad del investigado dentro del expediente relacionado con el presunto financiamiento ilícito de Perú Libre.

El pronunciamiento lleva las firmas de los magistrados Domínguez Aro, Morales Saravia, Gutiérrez Tigse y Hernández Chávez. En el texto también se recuerda que los procesos de hábeas corpus se rigen por los principios de celeridad y tutela efectiva de los derechos fundamentales, razón por la cual su ejecución no puede quedar condicionada a formalidades adicionales ni a interpretaciones que retrasen el cumplimiento de una sentencia firme.

El máximo intérprete de la Constitución recordó que sus decisiones tienen calidad de cosa juzgada y son obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales - Créditos: Andina.
El máximo intérprete de la Constitución recordó que sus decisiones tienen calidad de cosa juzgada y son obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales - Créditos: Andina.

Investigación contra Vladimir Cerrón

La decisión del Tribunal Constitucional modificó el escenario judicial de Vladimir Cerrón, quien permanece con paradero desconocido desde hace varios años. Mediante una sentencia de hábeas corpus, el máximo intérprete de la Constitución dejó sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra y ordenó al Poder Judicial evaluar medidas menos gravosas que garanticen su comparecencia en las investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Junín entre 2011 y 2014.

Hasta ese pronunciamiento, el fundador de Perú Libre cumplía una orden de prisión preventiva por 24 meses en el marco del caso Los Dinámicos del Centro, investigación en la que es procesado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La pesquisa está relacionada con una supuesta red que habría cobrado sobornos para otorgar licencias de conducir de manera irregular en la región Junín.

No es el único proceso en el que obtuvo un resultado favorable. En 2025, la Corte Suprema anuló la condena de tres años y seis meses de prisión que se le había impuesto por el delito de colusión simple en el caso Aeródromo Wanka, expediente que abordó presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de un terminal aéreo en la provincia de Concepción.

Pese a encontrarse incluido en el Programa de Recompensas de la Policía Nacional, Cerrón nunca fue ubicado durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte. En ese periodo, incluso se abrió una investigación por su presunta fuga en un vehículo oficial de la Presidencia hacia una localidad del sur de Lima. Mientras permanecía en la clandestinidad, también buscó participar en las últimas elecciones generales, proceso que finalmente dio como ganadora a Keiko Fujimori.

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