Fernando Rospigliosi sigue denunciado a jueces por inaplicar leyes ‘procrimen’, pese a promesa de Keiko Fujimori de respetar al PJ

El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, sigue denunciando a jueces que inaplican las denominadas leyes ‘procrimen’ del anterior Congreso a pesar de la promesa de su lideresa, la presidenta Keiko Fujimori, de respetar la independencia judicial y la separación de poderes.

Hoy martes 11 de agosto, Rospigliosi denunció ante la Junta Nacional de Justicia a los jueces superiores Miluska Cano, Otto Verapinto y Helbert Llerena, de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. Este colegiado condenó a 6 policías a penas de hasta 15 años de prisión por la masacre en el Penal Castro Castro en 1992.

Para poder continuar con el proceso penal, los magistrados inaplicaron dos leyes consideradas procrimen: la Ley 32107, que prescribe delitos de lesa humanidad, y la Ley 32419, que concede amnistía a los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1990 y el 2000.

“Interpongo denuncia disciplinaria (...) a fin de que la Junta Nacional de Justicia disponga el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente y, una vez actuadas las pruebas y respetado el debido procedimiento, determine la imposición de la sanción de destitución, de acreditarse las faltas graves y muy graves que se exponen en la presente denuncia”, se lee en el documento de Rospigliosi.

El colegiado, según la sentencia a la que accedió Infobae, inaplicó las referidas normas por considerarlas contrarias a la Constitución Política del Perú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El tribunal aplicó el control de convencionalidad de oficio y sostuvo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables conforme al derecho internacional.

Promesa rota

La acción de Fernando Rospigliosi contradice a su lideresa, la presidenta Keiko Fujimori, quien se comprometió a respetar de manera absoluta la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho. Así lo manifestó la jefa de Estado en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, hizo mención de la contradicción entre el discurso de Fujimori y las voces que la rodean.

“Nos preocupa que su juramento solemne, es decir, su palabra, contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del Poder Judicial, las cuales son inadmisibles en un estado democrático”, afirmó Tello ante jueces supremos en actividad y cesantes, así como ante altos funcionarios presentes en el acto.

La presidenta del PJ subrayó que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una condición estructural del Estado de derecho. Sin ella, advirtió, “la judicatura quedaría subordinada al poder político y las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, quedarían sin defensa frente a los abusos de poder”. En sus palabras, esa independencia “ha evolucionado hasta convertirse en un derecho irrenunciable que tenemos los jueces”.

Tello también apuntó contra los procesos que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió en los últimos meses contra magistrados de distintos niveles por haber aplicado control difuso o control de convencionalidad para inaplicar una ley del Congreso considerada cuestionable.

Para la presidenta del PJ, destituir a un juez por el contenido de sus decisiones —y no por faltas éticas o de conducta— equivale a suprimir la independencia judicial. “Si se llegara a destituir a un juez o a una jueza nombrada mediante concurso público meritocrático únicamente porque una autoridad discrepa con el contenido de sus decisiones o con su criterio jurisdiccional, se eliminaría por completo la independencia judicial y ello resultaría arbitrario”, sostuvo.

Tello fue enfática en que el control difuso no es una invención de los jueces, sino una facultad constitucional, y que el control de convencionalidad es una obligación internacional asumida por el Perú al integrarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Cualquier persona o institución tiene derecho a criticar e impugnar una resolución judicial, y ese derecho lo defenderemos siempre. Pero discrepar con una sentencia no puede ser justificación para despojar del cargo a quien la emitió”, sentenció.