El camino hacia El Dorado: 151 conflictos mineros amenazan una cartera de USD 64 mil millones en Perú

El Perú enfrenta uno de los mayores dilemas de su historia contemporánea: mientras sostiene una cartera de inversiones mineras valorizada en más de USD 64 mil millones y distribuidos en 66 proyectos a lo largo de 19 departamentos, la conflictividad social vinculada a la minería se mantiene en niveles críticos.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en junio de 2026 se registran 151 conflictos sociales activos, de los cuales 96 son de naturaleza socioambiental y tienen relación directa con la actividad extractiva.

El potencial de desarrollo y crecimiento económico es indiscutible, pero la distancia entre la riqueza del subsuelo y el bienestar de las comunidades sigue marcando la agenda nacional.

El desafío de la gestión social: construir confianza y dejar capacidades

Para Jimena Sologuren, copresidenta del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), la clave no está solo en sumar proyectos o ejecutar programas sociales, sino en “construir confianza, generar oportunidades y lograr que el desarrollo permanezca en los territorios mucho después del inicio de una inversión minera”.

La especialista subraya que la gestión social debe ser un puente entre el Estado, la empresa, la academia, la sociedad civil y, sobre todo, las personas. Según Sologuren, “el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza el desarrollo de los territorios”.

Con la pobreza monetaria alcanzando al 25,7% de la población y al 35,5% en zonas rurales, la urgencia de una gestión social más efectiva y articulada se vuelve una prioridad nacional.

La confianza, explica la vocera, no es un resultado automático ni una fórmula replicable en todos los territorios: “La confianza se construye con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, con transparencia, diálogo permanente, escucha activa y, sobre todo, cumpliendo los compromisos asumidos”.

El diálogo previo al conflicto es esencial, ya que las comunidades observan no solo los proyectos, sino cómo reaccionan las empresas ante las dificultades, aseveró.

Fortalecimiento institucional y el verdadero legado del sector

Uno de los puntos más destacados de la entrevista con Sologuren es la necesidad de que las empresas mineras contribuyan al fortalecimiento institucional de los territorios, pero sin reemplazar el rol que le corresponde al Estado.

Según la especialista, las empresas pueden compartir conocimiento, promover alianzas y acompañar a las autoridades y organizaciones locales para fortalecer capacidades y mejorar la gestión pública.

“El verdadero desafío es que esos recursos se conviertan oportunamente en agua, saneamiento, salud, educación e infraestructura”, dijo para Infobae Perú.

En 2025, la minería transfirió más de S/10.045 millones al presupuesto nacional entre canon, regalías y otros conceptos. Al cierre de mayo de 2026, las transferencias superan los S/4.000 millones.

Más allá de las cifras, el reto es asegurar que esos recursos impacten en la vida diaria de las personas, lo que requiere tanto eficiencia estatal como una ciudadanía activa y vigilante.

De programas sociales a estrategias de legado sostenible

El salto de los programas sociales tradicionales a las estrategias de legado sostenible implica cambiar la forma en que se mide el éxito de la intervención minera. Para Sologuren, no basta con contabilizar inversiones, talleres o participantes.

“La verdadera pregunta es otra: ¿mejoró realmente la vida de las personas?, ¿qué capacidades quedaron instaladas en el territorio?”, plantea. El enfoque de legado requiere pensar desde el inicio qué permanecerá cuando la empresa reduzca su presencia. Los programas deben construirse con la comunidad, con objetivos claros y responsabilidades compartidas.

“Cuando hablamos de legado, hablamos de pensar desde el inicio qué va a permanecer cuando el proyecto llegue a su fin”, sostiene la vocera.

El desarrollo a largo plazo depende de la continuidad, la evaluación y la capacidad de corregir lo que no funciona. “El mejor legado que puede dejar un proyecto es una comunidad con más herramientas para seguir construyendo su propio desarrollo”.

Participación, transparencia y desafíos del impacto social

La participación comunitaria en la toma de decisiones sobre proyectos mineros ha avanzado, aunque persisten retos sustanciales.

Sologuren destaca que la información clara, el diálogo temprano y la transparencia son fundamentales para reducir temores e incertidumbre en las comunidades. “Cuando la información llega tarde o no es clara, es natural que aparezcan temores”, advierte.

El impacto social real de la minería solo puede medirse analizando si la calidad de vida de la población mejora y si la comunidad fortalece su autonomía. Esto requiere ir más allá de los indicadores económicos y de inversión, evaluando la creación de oportunidades, servicios y capacidades locales.

“El éxito no es que un territorio dependa cada vez más de la empresa minera, sino todo lo contrario: que fortalezca sus propias capacidades, diversifique su economía y pueda seguir desarrollándose con autonomía”, explica Sologuren.

Finalmente, Sologuren destaca el rol fundamental de la academia y los jóvenes en la construcción de una minería más sostenible. La academia aporta investigación y formación profesional, mientras que los jóvenes lideran en innovación, sostenibilidad y participación comunitaria.

“No podremos construir el futuro de nuestros territorios sin escuchar a quienes vivirán y liderarán ese futuro”, concluye la copresidenta de GESS 2026.