El senador y excandidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, expresó este jueves su respaldo al diputado Harvey Colchado, luego de que el Ministerio Público solicitara una condena de 9 años y 4 meses de prisión en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.
A través de un mensaje difundido en X, antes Twitter, el parlamentario afirmó que los hechos considerados por la Fiscalía para sustentar su acusación “no tienen ninguna relevancia penal y menos constituyen delito”.
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López Chau sostuvo que el proceso respondería a una práctica empleada por un sector político para afectar a quienes han participado en investigaciones de alto impacto. “Lamentablemente estamos frente a un modus operandi que cierto sector político está acostumbrado a utilizar”, señaló.
Además, cuestionó que la denuncia haya sido impulsada por la esposa de una persona investigada por el excoronel de la Policía en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, como se denominó a una red de jueces y fiscales acusados de intercambiar favores judiciales por beneficios políticos o económicos.

“Siendo tan ruin que quien acusa sería la esposa de una las personas que investigó Harvey Colchado en el caso ‘Cuellos Blancos’”, indicó.
El dirigente de Ahora Nación también vinculó la acusación con el reciente desempeño parlamentario de Colchado, quien asumió la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados y un lugar en la Comisión de Ética.
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Finalmente, aseguró que la dirigencia de su agrupación mantendrá su respaldo tanto al legislador como a la diputada Indira Huilca, al considerar que ambos “gozan de la credibilidad y solvencia reconocida por su actuar”.
Colchado, por su parte, ha cuestionado los cargos al considerar que “no cuentan con el debido sustento y fundamento legal” y que presentan “insuficientes elementos de convicción en cuanto a los delitos que se me pretenden atribuir”.

Afirmó, además, que confía en que el proceso permitirá demostrar su inocencia y advirtió que ninguna investigación debe convertirse en una herramienta de presión política. “No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, señaló.
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Infobae conoció que el caso se origina por el alquiler de un inmueble ubicado en Comas utilizado por la Policía. La Fiscalía sostiene que, cuando aún era coronel en actividad, se convirtió en copropietario del predio que su institución arrendaba y habría intervenido para que el contrato continuara pese a la restricción legal existente.
Según la acusación fiscal, Colchado otorgó un poder a su madre para administrar el inmueble y habría consignado una ocupación diferente a su condición de oficial policial. Asimismo, señala que funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Direicaj) autorizaron la contratación del local por S/ 6.100 mensuales, pese a que tenían conocimiento de la copropiedad del entonces integrante de la PNP.
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El requerimiento ahora deberá pasar por control judicial para establecer si el proceso avanza a juicio. Además de la pena solicitada, el Ministerio Público pide una inhabilitación de 543 días para ejercer cargos públicos y el pago de S/ 150.000 por concepto de reparación civil.
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