La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro presentó formalmente el requerimiento acusatorio contra el coronel PNP en situación de retiro y actual diputado, Harvey Colchado. En el documento elaborado por la fiscal Diana Paico Guevara, al que accedió Infobae, solicita para el exjefe de la DIVIAC una pena que suma exactamente 9 años y 4 meses de prisión efectiva por ser el presunto autor del delito de falsedad ideológica y cómplice primario del delito de negociación incompatible.
La acusación gira en torno a un beneficio económico presuntamente ilegal derivado del arrendamiento de un inmueble en Comas para el funcionamiento del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Comas, un local del cual Colchado se convirtió en copropietario mientras se encontraba en actividad dentro de la PNP.
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El origen del caso
Desde el año 2015, la PNP arrendaba un inmueble de tres pisos ubicado en la Av. Guillermo de la Fuente N.° 1058, en Comas, para que operara la DEPINCRI. En junio de 2020, tras el fallecimiento de su padre, Harvey Colchado adquirió la copropiedad del inmueble por sucesión intestada junto con su madre y hermanos.
De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, los oficiales en actividad de la PNP tienen un impedimento absoluto para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en cualquier contratación pública a nivel nacional. Al ser un oficial en actividad, Colchado, según la acusación, estaba legalmente prohibido de arrendar el inmueble a su propia institución estatal, incurriendo en un conflicto de intereses insalvable.
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De acuerdo con la tesis fiscal, para eludir la restricción de la ley y asegurar que el arrendamiento continuara generando ingresos, el hoy diputado ideó un mecanismo de representación. El 30 de abril de 2021, Colchado otorgó un poder especial ante un notario público a favor de su madre para que ella pudiera administrar y alquilar el inmueble de Comas en representación de la copropiedad.
Según la Fiscalía, el delito de falsedad ideológica se habría materializado debido a que en dicho documento, Colchado habría declarado tener la ocupación de “independiente”, cuando era coronel activo de la Policía. Por este hecho, el Ministerio Público solicita 4 años de prisión efectiva.
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El segundo delito imputado a Colchado es el de negociación incompatible en calidad de cómplice primario. La Fiscalía sostiene que existió un interés indebido por parte de los asistentes de contrataciones de la DIREICAJ, Clara Elizabeth Ramírez Benites y el suboficial Víctor Elvis Ocmin Vargas.
Según el expediente, ambos funcionarios tramitaron la contratación directa del inmueble por un pago de S/ 6.100 mensuales (S/ 73.200 anuales). A pesar de que en el expediente administrativo figuraban la partida registral de la SUNARP y el Poder Especial que acreditaban con claridad que el coronel en actividad Harvey Colchado era copropietario del bien, los funcionarios validaron el proceso y omitieron advertir el impedimento de ley.
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Con ello, dice el Ministerio Público, permitieron que se firmara el contrato original de alquiler y sucesivas adendas que mantuvieron vigente la renta del local hasta julio de 2024, cuando la contratación fue rescindida tras una denuncia periodística. Por este cargo, se solicita para Colchado 5 años y 4 meses de cárcel.
Otras penas
Además de la pena de 9 años y 4 meses de prisión, la Fiscalía pide inhabilitación para ejercer cargos públicos por 543 días y una reparación civil de S/ 100.000 por el delito de negociación incompatible, que sería pagado por todos los acusados, y S/ 50.000 adicionales a cargo de Harvey Colchado por el delito de falsedad ideológica.
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Ahora, la acusación deberá pasar por el respectivo control judicial. El Juzgado a cargo deberá determinar si existen elementos para que el caso pase a juicio. La defensa de Colchado también podrá interponer los recursos correspondientes para que se archive el caso.
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