Tragedia aérea en Nasca: ¿quién responderá penalmente por la muerte de 13 personas?

La tragedia aérea en Nasca ha dejado diversas interrogantes sobre las responsabilidades legales de los distintos actores involucrados. El penalista Jonathan Correa, abogado del estudio Ugaz Zegarra, detalla los criterios que permiten distinguir entre un hecho fortuito y un suceso que podría derivar en una investigación penal, así como los posibles alcances jurídicos que enfrentan empresas y responsables directos.

Diferenciar accidente fortuito de responsabilidad penal

El primer aspecto que se evalúa en la investigación de un accidente aéreo es si se trata de un hecho fortuito o si existen elementos que ameriten una indagación penal. De acuerdo con Correa, la clave radica en la determinación de las causas. Si el motivo fue un error humano o una falla en el objeto, corresponde comprobar si la avioneta recibió el mantenimiento adecuado.

La ausencia de revisiones periódicas podría interpretarse como un incremento de riesgo no permitido y, por tanto, abrir la puerta a una investigación por negligencia.

En caso de que se confirme una falla técnica en la aeronave, Correa indica que la Fiscalía debe probar cuál era la falla exacta, cómo se originó, si era detectable antes del vuelo, si la aeronave tuvo antecedentes de fallas, si cumplía con las condiciones para navegar y si había recibido las inspecciones reglamentarias.

Cada uno de estos elementos resulta esencial para atribuir responsabilidad penal.

Alcance de la responsabilidad penal

La omisión de inspecciones, autorizar vuelos sin verificar el estado de la aeronave, operar en condiciones meteorológicas incompatibles, o incumplir protocolos de emergencia, pueden constituir conductas penalmente relevantes.

La responsabilidad penal no recae de manera exclusiva sobre el piloto. Según el letrado, depende de la función y del deber de garante que tengan los directivos y responsables de la empresa, en este caso Aerodiana. Si se comprueba que existieron omisiones en sus funciones o falta de supervisión, estos podrían ser incluidos en un eventual proceso penal.

Consecuencias penales ante deficiencias en protocolos

En caso de comprobarse deficiencias en los protocolos de seguridad, las consecuencias pueden incluir la tipificación de homicidio culposo, además de la obligación de indemnizar a los familiares de las víctimas. El proceso judicial debe determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado y el alcance de la reparación civil correspondiente.

Para establecer si hubo negligencia u omisión, resultan fundamentales documentos como la bitácora del avión, órdenes de trabajo, registros de inspecciones y reparaciones, el plan de vuelo, antecedentes del piloto y de la empresa operadora, reportes meteorológicos al momento del accidente y pericias técnicas.

Cuando las víctimas son extranjeras, los familiares deben constituirse en el proceso judicial abierto en el país donde ocurrió el accidente. Para acceder a la indemnización, deben solicitar ser incluidos como actores civiles ante las autoridades peruanas.

Mientras tanto, en Perú, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) dispone de un plazo de 30 días para presentar un informe preliminar sobre el accidente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones notificó a las autoridades de Estados Unidos, Italia, España, Canadá y Alemania para que designen representantes de cada país y puedan apoyar en la investigación.