La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exigió que el Puerto de Chancay revise a la baja las tarifas de manipulación de contenedores, con el objetivo de lograr una mayor competitividad frente a otros terminales de la región.
El gremio empresarial remarcó que los costos actuales, que igualan a los registrados en el puerto del Callao y duplican los valores de países vecinos como Chile y Ecuador, no cumplen con las expectativas generadas por la nueva infraestructura portuaria.
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En una reunión con medios especializados, el presidente gremial Raúl Barrios Fernández-Concha supeditó el respaldo institucional de la CCL ante la actual controversia judicial entre el operador Cosco Shipping y Ositrán a la implementación de una política tarifaria más accesible.
“El embajador [Song Yang] nos dijo que sí había un beneficio porque los barcos llegan 10 días antes a China y viceversa, y que eso ya era un ahorro. Pero le dijimos: ‘No, nosotros esperábamos que bajaran los precios’“, indicó.
Cámara de Comercio de Lima: competitividad en jaque por Chancay
Barrios recordó que la promesa inicial con la construcción del puerto de Chancay —especialmente en la primera etapa, que implicó una inversión de aproximadamente 1.300 a 1.500 millones de dólares— fue que el nuevo terminal permitiría tarifas más competitivas y reduciría los costos logísticos para los exportadores e importadores peruanos.
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“Tenemos otra reunión pendiente con el embajador porque estamos haciendo un estudio de cuánto valen [en materia de tarifas] los puertos en China y en la región. Y sí le exigimos al embajador que tenían que bajar los precios porque, si no, la CCL no los iba a defender más”, afirmó.
De acuerdo con estimaciones del frente gremial, el costo por la manipulación de un contenedor en Chancay asciende a 800 dólares, mientras que en puertos de la región, como Chile y Ecuador, las tarifas se ubican entre 400 y 450 dólares.
El Terminal Portuario de Chancay es operado y administrado por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., un consorcio privado de uso público conformado por la naviera estatal china Cosco Shipping Ports Limited (que posee el 60% de las acciones) y la empresa minera peruana Volcan Compañía Minera (con el 40% restante). El horizonte total de inversiones en Chancay supera los 3.500 millones de dólares.
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“La esperanza nuestra era que como iba a haber competencia, Chancay iba a ser más barato porque todo es automatizado. (…) Pensábamos que iban a bajar las tarifas. No lo han hecho“, remarcó.
Más allá de Chancay: la agenda empresarial para el próximo gobierno
La CCL presentó un pliego de propuestas dirigido al próximo gobierno, que reúne las demandas de más de 10.000 empresas asociadas y 16 gremios.
El documento reclama priorizar la ejecución de obras y la perfección de los marcos regulatorios vigentes, advirtiendo que la economía peruana solo crecerá si se culminan proyectos pendientes y se eliminan trabas que frenan la inversión.
La CCL plantea una meta de crecimiento económico anual de entre 5% y 6%, así como mantener la deuda pública por debajo del 30% del PBI. Entre sus principales exigencias, el gremio solicita cerrar la brecha de infraestructura con inversiones efectivas en transporte, energía, agua y conectividad digital.
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El gremio denuncia que el 86% del presupuesto nacional se destina actualmente a sueldos y gastos corrientes, mientras que la ejecución de obras como la Carretera Central y el viaducto Santa Rosa permanece pendiente pese a que existían fondos por 22.000 millones de soles para la reconstrucción.
Además, advierte que el Estado invierte 16.000 millones de soles al año en consultorías, cifra que consideran excesiva y poco eficiente.
Burocracia, informalidad y trabas para emprender en el Perú
El gremio también exige simplificar y destrabar proyectos productivos, reducir los tiempos de trámites y eliminar barreras burocráticas. Según la CCL, abrir un negocio en Perú puede costar hasta 23 años de trámites en sectores como el petróleo, mientras que en países vecinos el proceso demora solo cuatro años.
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El costo de la formalidad sigue siendo una de las principales causas del 70% de informalidad laboral en el país. Por ello, la CCL propone una amnistía tributaria temporal para facilitar la regularización de capitales fuera del sistema y promover la formalización de pequeñas empresas.

El pliego también resalta la urgencia de que el Estado honre sus obligaciones de pago. En el sector salud, la deuda con proveedores supera los 400 millones de soles, lo que ha generado desabastecimiento de medicamentos. Petroperú, por su parte, mantiene una deuda estimada en 300 millones de dólares con empresas locales.
Finalmente, la CCL advierte que la morosidad estatal afecta la cadena de pagos y limita la capacidad de crecimiento de micro y pequeñas empresas, reclamando mecanismos efectivos para garantizar el pago puntual de todos los compromisos asumidos.
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