
Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. llevará su disputa con el Estado peruano al Tribunal Constitucional (TC). La empresa de capitales chinos busca revertir la decisión judicial que permite al Estado, a través de Ositrán, supervisar y regular el megapuerto de Chancay, ubicado al norte de Lima.
Este paso es el último recurso legal dentro de una larga controversia sobre quién puede controlar realmente el funcionamiento del nuevo puerto.
El origen del conflicto: ¿quién debe regular el puerto de Chancay?
El conflicto se origina porque el Chancay fue concebido como un terminal privado, algo inédito entre los grandes puertos el país. Solo existen dos puertos bajo este modelo en Perú, y el otro —ubicado en la selva— sí acepta la supervisión de Ositrán. Sin embargo, Cosco Shipping sostiene que su contrato, firmado con la Autoridad Portuaria Nacional (APN), le otorga autonomía y lo exime de esa regulación.
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Ositrán intentó determinar si Chancay realmente competía con el puerto del Callao, el más cercano y de mayor movimiento. Si no había competencia, Ositrán podía fijar una tarifa para evitar que Chancay impusiera precios sin control.
Para esto, pidió reiteradamente a Indecopi —la autoridad de competencia— que realizara un estudio de mercado. Al principio, Indecopi no quería intervenir, pero finalmente aceptó e indicó que no existía competencia suficiente en Chancay, lo que habilitaba a Ositrán a regular las tarifas.
Esta postura fue rechazada por Cosco Shipping, que recurrió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y defendió su contrato firmado con la APN. La disputa provocó incluso cambios de autoridades en la APN.
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Mientras tanto, el puerto avanzaba en su construcción y comenzó sus operaciones de prueba. En ese contexto, el Congreso aprobó una nueva ley portuaria que, de manera retroactiva, favoreció la posición de Cosco Shipping. A pesar de la nueva ley, Ositrán mantuvo sus procesos regulatorios y defendió su competencia para supervisar el terminal.
Fallo del Poder Judicial a favor de Ositrán e Indecopi
Y es ahí donde llegamos a la presente instancia. La semana pasada, el Poder Judicial resolvió en favor de Ositrán y Indecopi, devolviendo al Estado la capacidad de supervisar y regular el puerto de Chancay. La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la medida que impedía al regulador actuar sobre el terminal y declaró improcedente el amparo presentado por Cosco Shipping.
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Lo mismo sucedió en otro proceso legal donde Indecopi fue respaldado para continuar evaluando las condiciones de competencia en el puerto. Estas sentencias consolidan la autoridad de los organismos estatales sobre el proyecto portuario privado más grande del país y dan mayor seguridad jurídica al modelo de supervisión estatal.

Tras la decisión judicial, Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, argumentando que la sentencia afecta el marco jurídico bajo el que se realizó la inversión y vulnera el principio de legalidad. La empresa insiste en que cumple las leyes e impuestos peruanos, pero defiende la autonomía que le otorga su contrato con la APN.
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En su momento, Cosco Shipping —una empresa estatal china con operaciones integradas de puertos, barcos y líneas navieras— advirtió incluso sobre la posibilidad de acudir al mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y Perú.
El caso ha generado atención internacional, incluyendo manifestaciones de preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos ante la presencia de un puerto chino de gran escala en la costa sudamericana. La inversión total proyectada para el puerto y su futura expansión supera los 3.500 millones de dólares, aunque hoy ya reduce a 23 días el tiempo de tránsito marítimo entre Perú y Shanghái.
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