La Fiscalía de la Nación retiró del cargo a Johanny Yessenia Lindao Feria, la fiscal adjunta provincial provisional que fue detenida tras agredir a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una intervención de tránsito en el distrito de Castilla, en Piura. La decisión se produjo luego de que se difundieran las imágenes en las que la entonces magistrada propina un cabezazo a un agente dentro de una dependencia policial. Paralelamente, la investigación penal continúa y en las próximas horas se definirá su situación judicial.
La exfuncionaria es investigada por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad, un ilícito que, según el Código Penal, puede ser sancionado con una pena de entre 8 y 12 años de prisión cuando la agresión se comete contra un policía en el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, el defensor legal de la PNP pidió que el caso se resuelva sin privilegios y que se aplique la máxima sanción prevista por la ley, además del pago de una reparación civil en favor del Estado.
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Fiscalía de la Nación dispuso el cese de Johanny Lindao tras el incidente con policías

Mediante una disposición oficial, la Fiscalía de la Nación dio por concluido el nombramiento de Johanny Yessenia Lindao Feria como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Piura, así como su designación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla.
La decisión se conoció días después de que la funcionaria fuera detenida por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad, luego de un operativo de tránsito desarrollado el pasado 11 de julio en el distrito de Castilla.
De acuerdo con la información policial, el vehículo en el que se trasladaba la entonces fiscal fue intervenido porque el conductor realizaba maniobras consideradas temerarias y presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Durante la diligencia, Lindao Feria se identificó como integrante del Ministerio Público y, según el parte policial, habría solicitado que se favoreciera al conductor.
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Los agentes señalaron además que la funcionaria se negó inicialmente a identificarse conforme al procedimiento establecido y protagonizó momentos de tensión con el personal policial durante la intervención. Posteriormente, fue trasladada a una dependencia policial.
Fue precisamente dentro de esas instalaciones donde ocurrió el hecho que terminó agravando su situación legal. Las cámaras registraron el momento en que la exfiscal se acerca a uno de los efectivos y le propina un cabezazo en el rostro mientras este realizaba diligencias relacionadas con la intervención.
Las imágenes fueron difundidas en medios de comunicación nacionales y pasaron a formar parte de las principales evidencias dentro de la investigación que ahora desarrolla la Primera Fiscalía Penal Delictiva de Piura.
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Defensa de la Policía exige la máxima sanción y recuerda penas previstas en el Código Penal
Tras conocerse la separación de la exfuncionaria, el defensor de la Policía Nacional solicitó públicamente que el proceso se desarrolle sin privilegios y que se aplique la sanción prevista en la legislación peruana para este tipo de delitos.
Según indicó, el caso debe ser evaluado bajo las disposiciones del artículo 367 del Código Penal, que sanciona los delitos de violencia y resistencia a la autoridad cuando la agresión se produce contra efectivos policiales en pleno ejercicio de sus funciones.
“La ley es única para todos los peruanos, sea fiscal, sea juez, quien sea. La ley tiene que aplicarse como corresponde. Si se aplica la ley, ella tendría que ir a la cárcel porque la violencia contra efectivos policiales contempla una pena de entre ocho y doce años de prisión”, manifestó el representante legal durante declaraciones a medios de comunicación.
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Asimismo, sostuvo que la conducta atribuida a la exmagistrada ya ocasionó un impacto institucional y consideró que el proceso debe desarrollarse sin ningún tipo de protección corporativa.
“Acá no se puede apañar a nadie. Los policías han sido violentados. Las imágenes muestran que hubo una agresión física contra uno de los efectivos durante el cumplimiento de sus funciones”, señaló.
De acuerdo con lo informado, culminada la investigación policial, el expediente fue remitido a la Primera Fiscalía Penal Delictiva de Piura, despacho que asumió las investigaciones correspondientes y que evaluará las responsabilidades penales de la exfuncionaria.
Además de la posible pena privativa de libertad, el proceso también contempla la eventual imposición de una reparación civil a favor del Estado, en caso se determine responsabilidad penal.
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El caso también mantiene un frente administrativo dentro del Ministerio Público, luego de que la institución resolviera dejar sin efecto el nombramiento provisional de Lindao Feria como parte de las medidas adoptadas tras conocerse los hechos.
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