Poder Judicial admite hábeas corpus de Pedro Castillo tras informe de la ONU: piden anular su condena, prisión y vacancia

El Poder Judicial admitió a trámite el hábeas corpus presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, recurso con el que su defensa busca que se declare vulnerado su derecho a la libertad y se revisen las decisiones judiciales y legislativas adoptadas tras su detención. La información fue confirmada por el abogado Walter Ayala, quien difundió la resolución del Segundo Juzgado Constitucional de Lima a través de sus redes sociales y sostuvo que el proceso representa un nuevo paso en la búsqueda de la liberación del exmandatario.

La decisión judicial se conoce pocos días después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyera que la detención de Castillo fue arbitraria y recomendara al Estado peruano disponer su libertad inmediata. Aunque el pronunciamiento del organismo internacional no es vinculante, la defensa del exjefe de Estado lo ha convertido en el principal sustento de su nueva estrategia legal, mientras el Gobierno ya ha precisado que dicho informe no modifica por sí mismo las resoluciones emitidas por las autoridades nacionales.

El hábeas corpus que ingresó al Segundo Juzgado Constitucional

De acuerdo con el documento difundido por la defensa, la demanda de hábeas corpus fue presentada por Walter Ayala Gonzales a favor de José Pedro Castillo Terrones y dirigida contra diversas autoridades del Estado, entre ellas el presidente de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el presidente del Congreso, los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria y el Fiscal de la Nación. El escrito alega una supuesta vulneración de la libertad individual del exmandatario.

En la parte resolutiva del auto admisorio, el juzgado señala que la demanda será tramitada conforme a lo establecido en la Ley 31307, nuevo Código Procesal Constitucional. Además, ordena correr traslado a la Procuraduría General del Estado, la Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduría del Congreso de la República, la Procuraduría del Poder Judicial y la Procuraduría del Ministerio Público para que, en un plazo de tres días desde la notificación, presenten sus descargos con la documentación que consideren pertinente.

El recurso no solo cuestiona la detención de Castillo, sino que también solicita revisar actos judiciales previos, como la prisión preventiva de 18 y 36 meses dictada antes de la sentencia. A ello se suma el pedido de nulidad de la condena emitida en primera instancia el 4 de diciembre del año pasado, fallo que actualmente se encuentra en apelación. La defensa también busca que se deje sin efecto la resolución legislativa que declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral, al considerar que no se habría respetado el derecho a la defensa del entonces mandatario.

La estrategia de la defensa y el peso del informe de la ONU

La presentación del hábeas corpus está estrechamente vinculada con el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que recientemente sostuvo que la captura de Pedro Castillo fue arbitraria y que debía ser puesto en libertad inmediata. Ese pronunciamiento, según la defensa, refuerza la tesis de que el exmandatario fue privado de su libertad sin base legal suficiente. El documento internacional también plantea reparaciones e indemnización, de acuerdo con el derecho internacional.

Wilfredo Robles, parte de la defensa legal de Castillo, ha insistido en que el Estado peruano debería tomar en cuenta esas conclusiones. En declaraciones a medios locales, señaló que “lo ideal sería” que el Estado, a través de su más alta autoridad, emita un decreto supremo acatando las recomendaciones del grupo de trabajo. Aunque reconoció que esas opiniones no son vinculantes, sostuvo que sí constituyen una petición formal dirigida al gobierno peruano y que, por tanto, deberían ser evaluadas.

En esa misma línea, Robles indicó que el documento de Naciones Unidas “le pide al gobierno” una respuesta concreta. Si bien admitió que la posición estatal podría ser negativa, remarcó que, desde su perspectiva, el contenido del informe abre una posibilidad jurídica que la defensa no piensa dejar pasar. Para el entorno legal del expresidente, el pronunciamiento internacional no solo tiene valor simbólico, sino que podría servir como base para una eventual revisión de medidas adoptadas contra Castillo.

La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. La Cancillería aclaró que este tipo de opiniones emitidas por procedimientos especiales de la ONU no alteran las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales. En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria forma parte de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y que sus integrantes actúan de manera independiente para emitir observaciones y recomendaciones a los Estados. Desde esa posición, el Gobierno remarcó que el informe no modifica por sí mismo la situación jurídica del exjefe de Estado.