José María Balcázar reconoce que informe de ONU cambiaría las condiciones para indultar a Pedro Castillo

El presidente José María Balcázar reconoció este viernes que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que considera ilegal el arresto de Pedro Castillo y pide su liberación inmediata, podría modificar el escenario jurídico, legal y constitucional para la concesión de un indulto.

El mandatario, que se encontraba de viaje en Cuzco en el momento de conocer el informe, señaló que el documento “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”. Balcázar adelantó que analizará el fallo junto con el ministro de Justicia, Luis Jiménez, una vez regrese a Lima, y que el pronunciamiento de la ONU “abonaría” al petitorio que formule la defensa de Castillo.

“El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, afirmó el jefe de Estado en entrevista con Radio Nacional. Balcázar aclaró que, si bien el pronunciamiento de la ONU no lo vincula de forma directa, esté sí podría ser considerado.

En esa línea, el mandatario subrayó que para que un eventual indulto prospere es necesario que exista un pedido expreso y debidamente fundamentado de parte de la defensa de Castillo. “Todo lo que ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto. Por eso es que se rechazó formalmente, porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes”, explicó.

Expertos de la ONU se pronuncian sobre Castillo

El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), fechado el 4 de junio y difundido el miércoles por el portal El Foco, sostiene que la detención de Pedro Castillo tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022 se realizó “sin ninguna base legal, sin una orden emitida por una autoridad judicial, sin ser informado de los motivos de su detención y sin respetar su inmunidad como presidente”.

El panel de expertos independientes concluyó, por mayoría, que la privación de libertad del exgobernante contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y solicitó al Gobierno peruano que lo ponga “inmediatamente en libertad” y le conceda una indemnización.

Dos de los cinco miembros del panel, la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista coreano Ethan Hee-Seok Shin, sostuvieron una opinión disidente al considerar que la detención de Castillo no fue arbitraria, dado que su mensaje del 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto de ejercicio del poder y no un caso de libertad de expresión o participación política.

Desde diciembre de 2022, el expresidente se encuentra recluido en el Penal Barbadillo de Ate, tras ser detenido en flagrancia delictiva. Luego, la Corte Suprema en doble instancia validó la detención.

Vencido el plazo de la detención, se dictó la prisión preventiva por 18 meses por el fallido golpe de Estado. En diciembre de 2025, la Sala Penal Especial condenó a Castillo a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.