El panorama político que recibirá Keiko Fujimori desde el 28 de julio

Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú el 28 de julio de 2026 tras su proclamación oficial por el Jurado Nacional de Elecciones. Recibirá un país con inestabilidad política, deterioro institucional, el último puesto en percepción de corrupción entre 69 economías evaluadas por el IMD y 193 conflictos sociales registrados en marzo de 2026.

La proclamación de la lideresa de Fuerza Popular tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 cierra el ciclo del gobierno de transición de José Jerí y abre una etapa marcada por demandas acumuladas, reformas institucionales bloqueadas y una ciudadanía con baja tolerancia al fracaso.

El telón de fondo inmediato es la salida de Dina Boluarte del poder. El Congreso votó su vacancia por “incapacidad moral permanente” con 122 de 130 votos, luego de semanas de tensión política por acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza en la represión de protestas y por la percepción de desconexión entre la dirigencia y las demandas ciudadanas. La destitución siguió el patrón que ha definido la política peruana desde 2016: un Ejecutivo debilitado frente a un Parlamento que utilizó la vacancia como mecanismo de reconfiguración del poder sin pasar por las urnas.

Jerí, entonces presidente del Congreso, definió su breve administración como un “Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional” sin alterar la correlación de fuerzas parlamentaria ni emprender reformas de fondo. Las principales decisiones estratégicas, en especial en materia de nombramientos y reformas del sistema de justicia, quedaron supeditadas a las bancadas mayoritarias.

Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Perú Libre y Podemos Perú impulsaron y aprobaron normas que diversos especialistas consideran orientadas a favorecer la impunidad frente al crimen y la corrupción, con advertencias de organizaciones nacionales y de la Comisión de Venecia. En paralelo, la preparación de elecciones regionales y municipales para elegir más de 13 mil autoridades refuerza la importancia de la gobernabilidad territorial: la nueva administración deberá gestionar sus relaciones con un Congreso fragmentado y con gobiernos departamentales y locales que reciben el impacto directo de la conflictividad social.

Perú evitó crisis fiscales agudas durante el quinquenio 2021-2026, y el Ranking de Competitividad Mundial 2025 del IMD, elaborado en colaboración con Centrum PUCP, lo ubica en el puesto 60 de 69 economías evaluadas, tres posiciones por encima de 2024. La mejora es relativa: Chile lidera en América Latina desde el puesto 42, seguido por Colombia, Brasil y México. El pilar de eficiencia del gobierno retrocedió al puesto 59, con caídas en indicadores vinculados con institucionalidad, gestión pública y corrupción. En percepción de corrupción, el país ocupa el puesto 69.

Esa percepción se alimenta de casos de alta exposición pública: desde el indulto a Alberto Fujimori durante el gobierno de Boluarte, que generó enfrentamientos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta denuncias sobre viajes y gastos de autoridades en un contexto de creciente desigualdad. La ciudadanía reclama empleo y servicios, pero también integridad y justicia frente al uso indebido de recursos públicos.

La elevada informalidad agrava el cuadro. El Instituto Nacional de Estadística e Informática confirmó en su documento Producción y empleo informal en el Perú. Cuenta satélite de la economía informal 2022–2024 que una proporción de la producción y el empleo se genera en el segmento informal, con impacto directo sobre la capacidad recaudatoria del Estado, la calidad del empleo y la cobertura de protección social. Para Fujimori, la informalidad representa un doble reto: fuente de resiliencia para millones de hogares y microempresas, y obstáculo para la consolidación fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas puso en marcha programas como Reactiva Perú y el Programa de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas para sostener la cadena de pagos tras la pandemia. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aumentó la subvención económica de 300 a 350 soles en 2024 y luego a 400 soles en 2025 en programas como Juntos y Pensión 65. Fujimori hereda ese entramado con expectativas ciudadanas de que los beneficios se mantengan o amplíen, en paralelo al compromiso de su plan de gobierno de reducir el déficit fiscal hasta el 1% del PBI en 2031.

El plan económico de Fuerza Popular

El Plan de Gobierno 2026–2031 de Fuerza Popular, titulado Perú con Orden, plantea la consolidación fiscal, la independencia del Banco Central de Reserva del Perú y el respeto a los contratos como pilares del orden macroeconómico. La reforma de la administración tributaria apunta a ampliar la base contributiva sin aumentar la presión sobre los sectores formales que ya cumplen, y prevé la presentación de un nuevo Marco Macroeconómico Multianual 2027–2030 que establezca la ruta de reducción del déficit.

En el ámbito empresarial, el plan propone una Ventanilla Única Digital Nacional con inteligencia artificial para trámites empresariales, interoperable con sectores estratégicos, con el objetivo de reducir la burocracia y facilitar la formalización de negocios. También contempla un Fondo para el Crecimiento MYPE, un Sistema de Crédito para Mujeres Emprendedoras y un programa Capital Semilla Joven para egresados que deseen emprender. Un Programa Nacional de Factoring MYPE permitiría convertir facturas y cuentas por cobrar en liquidez inmediata.

En el campo agropecuario, el plan propone aumentar el capital de financiamiento a través del Banco Agrario y COFIDE, con líneas verdes ligadas a prácticas sostenibles, y fortalecer el Programa Nacional de Integración Financiera Agraria mediante seguros y créditos adaptados a la pequeña agricultura. La creación de un Fondo de Valor Agregado Rural buscaría transformar excedentes en productos con mayor valor y vincular esas políticas con la investigación y la innovación. Estas propuestas se relacionan con demandas de regiones rurales que hoy son escenario de conflictos socioambientales.

La Encuesta Proética 2025 advierte que las economías ilícitas “ya no son solo un delito, son una amenaza contra la democracia”. Minería ilegal, narcotráfico, extorsión y contrabando se entrelazan con la informalidad y, en ocasiones, con la corrupción de autoridades, configurando redes que capturan gobiernos locales, financian campañas políticas y distorsionan la toma de decisiones. Proética impulsó una Agenda de Reformas por la Integridad y Lucha contra la Corrupción, prevista para dialogarse con actores estatales y sociales durante el primer trimestre de 2026, que el nuevo gobierno podría incorporar como insumo para reconstruir la confianza ciudadana.

Reforma judicial y relación con organismos internacionales

El sistema de justicia peruano llega a 2026 tras más de tres décadas de reformas sucesivas que no lograron disipar la percepción de impunidad, corrupción y politización. Un análisis publicado en una revista del Poder Judicial revisa esa trayectoria y señala que, pese a modificaciones en la organización judicial, en la selección de magistrados y en los procedimientos penales y civiles, persisten problemas estructurales en la calidad de las decisiones, la duración de los procesos y la accesibilidad para poblaciones vulnerables.

Entre 2024 y 2025, el Congreso aprobó varias leyes que afectan las competencias del Ministerio Público y modifican su estructura y sus atribuciones en la investigación de delitos. En paralelo, el proyecto de reforma constitucional 6816/2023-CR propone crear una Escuela Nacional de la Magistratura como órgano constitucional autónomo que sustituiría el modelo actual de selección y formación judicial, al fusionar la Junta Nacional de Justicia y la Academia de la Magistratura en una única entidad responsable de toda la carrera de magistrados.

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, analizó en su documento CDL-AD(2025)042 la compatibilidad de la propuesta con estándares internacionales de independencia judicial y planteó observaciones sobre la concentración de funciones en un solo órgano, los riesgos de politización y la necesidad de salvaguardas claras para evitar capturas partidarias. Para el gobierno de Fujimori, la existencia de estas leyes y proyectos implica definir una posición: aceptar y aplicar el nuevo modelo, promover ajustes o buscar su revisión, en diálogo con organismos nacionales e internacionales.

La aprobación de la Ley 31990, criticada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, llevó al congelamiento del proceso de adhesión de Perú a ese organismo. El nuevo gobierno deberá mostrar disposición para revisar leyes y prácticas que contravengan las recomendaciones de la OCDE si desea retomar ese camino. De manera similar, la relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras el indulto a Alberto Fujimori exige señales de respeto a decisiones internacionales y de compromiso con la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Seguridad ciudadana y economías ilícitas

La seguridad ciudadana constituye otro eje de las reformas pendientes. El Informe Técnico de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del semestre móvil noviembre 2025-abril 2026, elaborado por el INEI, ofrece una radiografía de la criminalidad y la victimización en ese período, con información estadística actualizada sobre patrones de delito y violencia que debería ser insumo central para políticas basadas en pruebas.

La crisis de seguridad se hizo visible durante el gobierno de Boluarte, cuando ciudades como Lima y Trujillo registraron aumentos de extorsiones, robos y homicidios, y el gobierno respondió con medidas de emergencia que no lograron revertir la percepción de descontrol. El Ministerio del Interior anunció para 2025 su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2028, orientado a combatir el crimen organizado y la extorsión mediante la articulación de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y gobiernos subnacionales.

Para Fujimori, ese plan representa una oportunidad y un desafío. “La vinculación entre inseguridad y economías ilícitas implica que las políticas de seguridad no pueden limitarse a aumentar la presencia policial o endurecer penas", sino que requieren abordar las raíces económicas y sociales del crimen, así como desmantelar redes de corrupción que permiten la penetración de organizaciones criminales en instituciones estatales.

La relación entre inseguridad, corrupción y economías ilícitas configura un triángulo de riesgo estructural para la gobernabilidad. La coordinación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial y entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera será determinante para desarticular redes criminales y recuperar la confianza ciudadana. La relación con socios internacionales en seguridad y lucha contra el crimen organizado, como Estados Unidos y la Unión Europea, también podría ser un factor si se manejan las tensiones generadas por episodios anteriores.

Política exterior tras el gobierno de Boluarte

El gobierno de Fujimori asumirá la conducción de la política exterior tras un período marcado por decisiones controversiales y reorientaciones estratégicas. La administración de Boluarte fortaleció las relaciones con la República Popular China, expresadas en el viaje de la expresidenta a ese país y en la realización de la cumbre APEC Perú 2024 con participación del presidente Xi Jinping. Ese acercamiento consolidó a China como socio estratégico prioritario, pero se acompañó de un enfriamiento en las relaciones con Estados Unidos.

El gobierno de Boluarte también debió gestionar el conflicto diplomático con Argentina, Bolivia, Colombia y México, países que cuestionaron la forma en que se produjo la transición tras la destitución de Pedro Castillo y manifestaron preocupación por el tratamiento de las protestas y la situación de derechos humanos. En paralelo, Perú se adhirió al “Pacto para el Futuro” y firmó el “Tratado de Altamar” de la ONU, suscribió la Declaración de Belém en 2023 vinculada a la protección de la Amazonía y en mayo de 2024 se adhirió al Acuerdo Artemisa sobre exploración del espacio ultraterrestre.

Varias de esas decisiones generaron críticas internas desde sectores de la derecha peruana que alegaron presunta pérdida de soberanía. La crisis con Venezuela, motivada por el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo en un contexto de denuncias de presunto fraude, añadió tensión a las relaciones bilaterales con Caracas. El congelamiento del proceso de adhesión a la OCDE por la Ley 31990 y las críticas de ese organismo al gobierno de Boluarte muestran que la percepción internacional de Perú en materia de gobernanza sigue siendo frágil.

La imagen del país en derechos humanos quedó afectada por el indulto a Alberto Fujimori, que generó enfrentamientos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por las denuncias de uso excesivo de la fuerza en la represión de protestas. El nuevo gobierno tendrá la oportunidad de diseñar una política exterior que haga de la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos ejes de su narrativa internacional, pero deberá mostrar coherencia entre ese discurso y su práctica interna en el manejo de recursos naturales y conflictos socioambientales.

Conflictos sociales y presión territorial

La conflictividad social constituye uno de los principales desafíos territoriales del nuevo gobierno. La Defensoría del Pueblo registró en diciembre de 2024 un total de 148 conflictos activos, de los cuales el 54,7% (81 casos) eran de tipo socioambiental. En marzo de 2026, el Reporte de Conflictos Sociales N.° 265 elevó esa cifra a 193 conflictos sociales, con 161 activos y 32 latentes. El 50,8% (98 casos) correspondía a conflictos socioambientales, y el 33,7% de ellos se vinculaba específicamente con la actividad minera.

La distribución territorial muestra que Loreto concentró el mayor número de casos en marzo de 2026, con 22 conflictos, seguida de Puno con 21 y Áncash con 17. En diciembre de 2024, Loreto encabezaba la lista con 31 casos, seguida de Puno con 18 y Cusco con 17. Estas regiones comparten la característica de ser espacios donde la actividad extractiva y la infraestructura conviven con comunidades que demandan participación, respeto a sus derechos y una distribución más equitativa de beneficios.

La Defensoría registró 222 acciones colectivas de protesta solo en marzo de 2026, frente a 166 en diciembre de 2024, lo que muestra una alta predisposición a recurrir a la movilización como herramienta de presión. Al cierre de marzo de 2026, de los conflictos activos, 98 se encontraban en fase de diálogo, 28 en desescalamiento, 18 en fase temprana y 17 en escalamiento. Ninguno estaba en fase de crisis, resultado que la Defensoría atribuye a las acciones preventivas y de mediación.

Sin embargo, el fallecimiento de una persona y dos civiles heridos en el conflicto por posesión de terrenos entre la inmobiliaria King Group y la empresa Shougang Hierro Perú en el distrito de Marcona, Ica, muestra que la conflictividad puede escalar hacia episodios de violencia si no se gestiona de forma oportuna. El Ministerio del Ambiente, a través de la Oficina General de Asesoría en Asuntos Socioambientales, conformó siete Redes de Alerta Temprana de Conflictos Socioambientales en marzo de 2025 como parte de una estrategia preventiva. De los 39 casos priorizados por la oficina, el ministerio presenta compromisos socioambientales en 33, y el 90% (348 compromisos) se encuentran cumplidos, el 6% (22) en proceso y el 4% (15) pendientes. La Defensoría emitió dos alertas defensoriales de atención prioritaria en marzo de 2026 y reportó 292 actuaciones defensoriales en ese mes, de las cuales 214 fueron acciones de supervisión preventiva y 68 de intermediación.

Minería, agua y licencia social

Fujimori expresó durante la campaña que Perú es un país minero, pero remarcó que “la priorización del agua primero es para el consumo humano, para la agricultura, la ganadería y luego alcanzará también para las actividades extractivas”. Esa afirmación busca conciliar la importancia de la minería para la economía peruana con la necesidad de garantizar derechos fundamentales como el acceso al agua y de evitar la contaminación de ecosistemas.

El plan de gobierno de Fuerza Popular propone la modernización de la Ley General de Minería para evitar la especulación mediante plazos y mecanismos claros. La promoción de la minería “con respeto al medio ambiente” requerirá mecanismos concretos de participación y consulta, así como estándares claros de evaluación ambiental y social, para evitar que las reformas sean percibidas como facilitadoras de la expansión extractiva sin garantías suficientes. La experiencia de conflictos en Loreto, Puno, Cusco y Áncash muestra que las comunidades exigen participación en la toma de decisiones, protección de sus territorios y respeto a sus derechos culturales.

La licencia social —la aceptación que comunidades y actores locales otorgan a proyectos de inversión en función de la percepción de beneficios y riesgos— ha sido erosionada en Perú por experiencias de contaminación, incumplimiento de compromisos y falta de consulta. El gobierno de Fujimori tendrá que definir si su política de manejo de conflictos se orientará por esquemas de control y contención, como medidas de estado de emergencia, o si adoptará un enfoque preventivo y participativo basado en la construcción de confianza y la co-decisión.

La coherencia entre los compromisos internacionales asumidos —Declaración de Belém, Tratado de Altamar y Pacto para el Futuro— y la práctica interna de manejo de conflictos socioambientales será observada por la comunidad internacional y tendrá impacto sobre el acceso a financiamiento climático y de conservación. La articulación entre las propuestas de desarrollo rural, financiamiento verde y modernización de la minería del plan de gobierno de Fuerza Popular, y los instrumentos de gestión ambiental y social existentes, será la variable que determinará si el nuevo gobierno logra reducir la conflictividad territorial o la agudiza.