La procuradora general del Estado, María Caruajulca, cesó del cargo de procurador público de la Contraloría General de la República al abogado Amado Enco por la causal de “pérdida de confianza”. Ello pese a que este ganó un concurso público en 2023 para acceder al puesto.
El cese de funciones se oficializó mediante la resolución D000438-2026-JUS/PGE-PG, publicada el jueves 9 de julio. Según el documento, el acuerdo fue adoptado por unanimidad por el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. Este está integrado por Caruajulca; Magno Abraham García Chávarri, representante del Ministerio de Justicia; y Edmundo Alberto Guardia Yzaguirre, representante de la Contraloría.
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En entrevista con Canal N, Enco afirmó que su cese es “absolutamente arbitrario e ilegal” porque accedió al cargo de procurador público de la Contraloría por concurso público, sumado a que la Ley fija en 5 años el mandato de los procuradores públicos de organismos constitucionales autónomos.
El retiro de confianza es una figura establecida en norma para poder retirar del cargo a quien ingresó bajo la misma figura, en un cargo de confianza. Y en mi caso, a diferencia de otros procuradores públicos, para los que somos procuradores de los organismos constitucionalmente autónomos, la ley establece que nuestro mandato es por 5 años", declaró.
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Y agregó: “Entonces, para retirarme del cargo, y si es que había alguna falta de por medio, el procedimiento legal es abrir un procedimiento administrativo disciplinario, imputar la falta, concederme el derecho de defensa y luego tomar una decisión. Pero lo que han hecho es absolutamente ilegal”.
En esa línea, Amado Enco anunció que iniciará acciones legales contra Caruajulca y los miembros del Consejo Directivo de la PGE por presunto abuso de autoridad. En simultáneo, interpondría una demanda de amparo para que se le restituya en el cargo.
Enco consideró que su destitución arbitraria sería una represalia de Caruajulca por haberla criticado públicamente por la mala gestión que desarrolla en la Procuraduría. Y es que no solo no ha presentado ninguna denuncia contra alguna autoridad, sino que la gestión administrativa enfrenta una crisis desde varios meses, que ha ocasionado protestas de los trabajadores de la institución.
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Presiones políticas
El exprocurador Amado Enco acusó al congresista Raúl Doroteo de presionar a la Procuraduría General del Estado para lograr su destitución del cargo de procurador público de la Contraloría General de la República.

Un día antes de la publicación de la resolución que lo cesa, Enco había advertido públicamente la maniobra a través de su cuenta en X. “Un congresista de apellido Doroteo, guiado por su ignorancia, busca con la Procuradora General del Estado cesarme en el cargo de Procurador de la Contraloría General de la República, puesto al que accedí por concurso público”, escribió el funcionario.
Su salida habría respondido a una queja de Doroteo. Este habría consultado sobre una sentencia civil que la Procuraduría de la Contraloría ganó contra un exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Pisco, por un monto aproximado de 5 millones de soles. Doroteo cuestionó que ese dinero no hubiera sido cobrado. Enco explicó que la normativa vigente establece que, una vez obtenida una sentencia favorable en materia civil, la Procuraduría de la Contraloría la remite al procurador de la entidad afectada para que este ejecute el cobro, práctica que se mantiene desde la creación de la institución, hace más de dieciséis años. La demora en la ejecución correspondió a la Municipalidad de Pisco, no a su despacho, sostuvo.
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