PJ rechaza pedido de José Jerí para anular medidas de protección en su contra: No habría ido a terapia psicológica

El Poder Judicial rechazó, por el momento, el pedido del expresidente interino y congresista José Jerí para que se levanten las medidas de protección que se le impusieron en el marco de la denuncia por supuesta violencia sexual en su contra. Si bien la investigación fiscal por la presunta violación sexual fue archivada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, las medidas de protección siguen vigentes hasta que el Juzgado de Familia lo considere.

Así, el pasado 19 de mayo, José Jerí solicitó el levantamiento o cancelación de las medidas de protección. Sin embargo, la jueza de familia Roxana Becerra declaró “no ha lugar” a la solicitud del saliente parlamentario, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae.

Jerí, dice el documento, “no ha cumplido con acreditar, de manera objetiva, suficiente e idónea, el acatamiento del tratamiento reeducativo impuesto judicialmente”. La magistrada se refiere a la orden de someterse a terapia psicológica para manejo de agresividad, control de impulsos, ira y patología psicosexual. Esta medida fue impuesta en enero de 2025, hace aproximadamente un año y medio.

Esta omisión, se lee, impide a la jueza “verificar el cumplimiento integral de las disposiciones orientadas a garantizar la protección de la parte agraviada y la finalidad preventiva de las medidas dictadas”.

“En tal sentido, al no haberse acreditado el cumplimiento de una de las obligaciones esenciales impuestas al denunciado, no resulta jurídicamente viable amparar la solicitud de levantamiento y/o cancelación de las medidas de protección, correspondiendo además reiterar el cumplimiento estricto de los mandatos judiciales emitidos en autos”, se lee en la resolución.

Por ello, la jueza del Juzgado Civil de Canta fijó un plazo de 15 días hábiles para que José Jerí cumpla, estricta e inmediatamente, con las medidas de protección impuestas, “debiendo presentar ante esta judicatura la constancia, certificado y/o documento fehaciente que acredite que viene realizando o ha culminado las terapias y tratamiento reeducativo obligatorio ordenado judicialmente”.

En caso de no cumplir con lo ordenado, se notificaría al Ministerio Público para que evalúe iniciar una investigación contra el expresidente del Congreso por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad.

Congreso evalúa condecorar a Jerí

El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República tiene programada para este jueves 9 de julio, a las 2:00 p.m., una sesión para decidir si otorga la Medalla de Gran Cruz al congresista José Jerí, quien ejerció la Presidencia de la República por poco más de cuatro meses.

La propuesta lo condecora en su condición de presidente del Congreso durante el período 2025-2026. Según la agenda del Consejo, el caso de Jerí es el primer punto a tratar.

Jerí llegó al poder el 10 de octubre de 2025 por sucesión constitucional —no por elección popular— y se convirtió en el tercer mandatario del período 2021-2026 y el séptimo presidente del país desde 2016. Su gobierno se autodenominó “de Transición y Reconciliación Nacional”.

Los cuestionamientos lo acompañaron desde el inicio: antes de conformar gabinete ya era criticado por la lentitud en armar su equipo. Además, enfrentó una investigación —luego archivada— por presunta violación sexual.

Los cuestionamientos que terminarían en su destitución aparecieron en enero de 2026, cuando se reveló una reunión encubierta con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, a la que Jerí acudió encapuchado y sin registro en su agenda oficial. Posteriormente, se supo que otro empresario chino bajo arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera había visitado Palacio de Gobierno en tres ocasiones. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

A eso se sumó que 11 jóvenes que habían visitado a Jerí en Palacio obtuvieron contratos estatales. El 17 de febrero de 2026, tras acumular siete mociones de censura, el Congreso lo apartó del cargo, convirtiéndolo en el segundo gobierno más corto de la historia peruana del siglo XX.