El debate sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia sigue escalando en el sector aeronáutico peruano.
Tras la decisión de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que habilitó el examen judicial de fondo sobre el cobro de esta tarifa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Sindicato de Pilotos de LATAM Perú (SIPLAP) elevó su reclamo: exige la suspensión inmediata del cobro mientras la justicia determina si corresponde o no su aplicación.
El secretario general de SIPLAP, Ronald Viñas, sostuvo que la resolución judicial marca un hito relevante porque permite revisar no solo la legalidad contractual de la tarifa, sino su impacto real en la competitividad y, especialmente, en el empleo de miles de profesionales aeronáuticos peruanos.
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“Hoy existen dos procesos judiciales abiertos en paralelo, el de Proturismo y el de AETAI, lo que demuestra que esta preocupación no es exclusiva de un gremio, sino que hay consenso en el sector sobre la urgencia de revisar el fondo del asunto”, remarcó.
Cancelación de rutas y caída de empleo: efectos directos en el sector
Según SIPLAP, la aplicación de la TUUA de transferencia ya muestra consecuencias medibles. En los últimos meses, se han cancelado ocho rutas internacionales desde y hacia Perú, y en abril el tráfico internacional de pasajeros registró su primera caída interanual del año.
Viñas subrayó que cada ruta cancelada significa menos vuelos y menos horas de operación, lo que se traduce en una reducción directa de contrataciones para pilotos, tripulantes, mecánicos y despachadores peruanos.
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El gremio advierte que el encarecimiento artificial de las conexiones en el país genera un efecto dominó: menos pasajeros en tránsito, rutas eliminadas y, al final de la cadena, pérdida de empleo especializado.
A la par, datos de la autoridad aeronáutica de Chile revelan que la ruta Santiago-Lima cayó un 9,8% en marzo, reflejando que el impacto trasciende fronteras y afecta la posición de Perú en el mapa aerocomercial sudamericano.
Críticas a la infraestructura y al uso de los fondos recaudados
SIPLAP también cuestiona la razonabilidad de seguir cobrando la TUUA de transferencia mientras el aeropuerto Jorge Chávez presenta importantes deficiencias. La organización sostiene que la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) pretende aplicar la tarifa con base en la Adenda N°6, pero sin entregar una infraestructura terminada.
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“Las fajas de tránsito no funcionan adecuadamente, las salas de embarque son pequeñas y las demoras operativas pueden causar pérdida de conexiones”, señala Viñas.
El sindicato añade que los accesos desde la Línea Amarilla, Costa Verde y puentes de ingreso siguen siendo provisionales. Además, mientras el Estado percibe cerca del 46% de lo recaudado por la TUUA, en 2025 solo ejecutó el 36% de su presupuesto fijo para infraestructura aeroportuaria, dejando en evidencia la baja eficiencia en el uso de estos fondos.
Reclamo por una decisión integral y transparente
Para SIPLAP, la firma de la Adenda N°9 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y LAP, que eliminó la TUUA de transferencia para conexiones nacionales pero mantuvo la internacional hasta 2041, no resuelve el fondo del problema.
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El sindicato sostiene que, en la práctica, todo el país termina subsidiando a la concesionaria, y mientras tanto la tarifa internacional sigue vigente. El llamado, según los aviadores, es a suspender el cobro de la TUUA de transferencia internacional hasta que la justicia determine su legalidad y la metodología de cálculo sea revisada.
De este modo, el gremio enfatiza que cada decisión tarifaria tiene un correlato directo en el empleo, la conectividad y la competitividad del país, por lo que pide que el proceso judicial escuche no solo a las partes contractuales, sino también a los trabajadores y al sector aeronáutico en su conjunto.
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